La Corte Suprema de Estados Unidos no declarará ilegal la ejecución mediante la inyección letal, pero muchos estados mantendrán su moratoria de facto mientras se procesan batallas legales sobre la pena de muerte en tribunales locales.
La Corte Suprema aceptó en septiembre pasado analizar un recurso legal contra el empleo de la inyección letal, interpuesta por los abogados de dos condenados a muerte en el estado de Kentucky.
El argumento fue que el cóctel de tres drogas que se emplea crea "un significativo e innecesario riesgo de sufrimiento", lo que violaría la prohibición constitucional de los "castigos crueles e inusuales".
Es la primera vez en un siglo que la Corte Suprema acepta considerar la legalidad de un método de ejecución, y la decisión condujo a una moratoria de la aplicación de la pena de muerte en Estados Unidos.
Cuarenta personas recibieron un aplazamiento de sentencia desde septiembre.
[related_articles]
Pero "no se prevé que esta Corte conservadora prohíba el uso de la inyección letal cuando dicte sentencia en la primavera" boreal, dijo a IPS Sarah Tofte, investigadora de la organización internacional de derechos humanos Human Rights Watch, con sede en Nueva York.
Para Tofte, el máximo tribunal estadounidense "no emitirá un fallo que interfiera con lo que cada estado pueda decidir".
Pero la Corte sí definiría lineamientos generales sobre el modo en que debe aplicarse la inyección letal, lo cual dejaría sin atender preocupaciones fundamentales de los abolicionistas respecto de este método de ejecución.
"No van a declararlo ilegal, definitivamente", pronosticó Tofte.
De los 50 estados del país, 36 aplican la pena de muerte y, con excepción de uno solo, utilizan la inyección letal. La mayoría emplea el mismo "cóctel" de drogas: la primera es un anestésico, la segunda paraliza los músculos y la tercera el corazón.
Paradójicamente, en muchos estados esta combinación de drogas fue prohibida para su uso en eutanasia de mascotas, ya que se estimó que podría hacer sufrir a los animales.
Human Rights Watch reveló que, usualmente, quienes administran la inyección letal no tienen conocimientos médicos.
Informes en la prensa han subrayado que, por esa razón, varios condenados sufrieron, sin duda, antes de morir. En diciembre de 2006, en el sudoriental estado de Florida, Ángel Díaz padeció durante 34 minutos mientras un inexperto verdugo intentaba encontrar la vena para aplicar la inyección letal.
"Esta es una prueba para el apetito estadounidense por la pena de muerte", señaló Tofte. "No hablamos en detalle sobre cómo ejecutamos" a los condenados, pero ahora el público deberá considerar si existe algo semejante a "una inyección letal compasiva", agregó.
Deborah Denno, profesora de derecho en la Universidad Fordham, consideró que "sin importar lo que decida la Corte Suprema, seguirá habiendo problemas" con ese método de ejecución.
"La cuestión continuará dando vueltas por los tribunales. Inevitablemente habrá más problemas y se harán públicos. A nivel internacional, este país estará bajo observación por aplicar la pena de muerte y emplear, concientemente, un método que provoca sufrimiento", agregó.
Denno pronosticó que eso conduciría a más estados a adoptar su propia moratoria de la pena capital.
Incluso antes de que la Corte Suprema decidiera analizar la demanda, 12 estados introdujeron moratorias informales a causa de apelaciones planteadas ante tribunales locales.
Una de las preocupaciones fue que la primera inyección, la anestésica —en general, de pentotal sódico—, no siempre es efectiva y el condenado puede sufrir un insoportable dolor mientras le aplican la tercera.
En diciembre de 2007, el nororiental estado de Nueva Jersey fue el primero desde 1965 en abolir la pena de muerte.
Las preocupaciones sobre la inyección letal y la condena de personas inocentes del delito del que se las acusaba, contribuyó a que el número de ejecuciones en Estados Unidos, en 2007, fuera el más bajo de los últimos 13 años: alrededor de 42.
Al mismo tiempo, los tribunales determinaron menos condenas a muerte.
Actualmente, hay 3.350 personas que aguardan su ejecución.
Brian Evans, de la organización de derechos humanos Amnistía Internacional, ha identificado cuatro estados en los que se registrará una intensa discusión sobre la abolición de la pena capital: Maryland, Montana, Nebraska y Nuevo México.
"La tendencia de largo plazo indica que su aplicación pierde apoyo", dijo Evans a IPS.
"Resulta perturbador escuchar a abogados y jueces discutiendo, de forma calmada y cortés, sobre las mejores formas de matar a alguien", afirmó el activista, quien asistió en enero a las audiencias de la Corte Suprema en que se presentaron los argumentos de la demanda y el gobierno.
Existe otro factor en el posible avance hacia la abolición de la pena de muerte en Estados Unidos, señaló Evans: "La arbitrariedad en las condenas y la ejecución de inocentes."
Desde 1973, fueron 126 los condenados a morir liberados al aparecer pruebas de su inocencia, 15 de ellos a causa de irrefutables estudios de ADN.
Esta preocupación frente a la injusticia de las condenas socava el apoyo a la pena capital en estados tradicionalmente favorables a este castigo extremo, como Texas, señaló Steve Hall, de la organización no gubernamental StandDown Texas.
"No quiero pintar un panorama rosa. Creo que el nuestro será uno de los últimos estados que experimente un cambio fundamental. Pero muchos ojos se abren ante la evidencia de la condena a inocentes. El movimiento abolicionista está creciendo en Texas", dijo a IPS.
Los errores de los tribunales y la evidencia de corrupción en el sistema legal local llevaron a que el diario más importante de ese estado, el Dallas Morning News, revirtiera el año pasado su centenario apoyo a la aplicación de la pena capital.
"Hemos perdido la confianza en que el estado de Texas pueda garantizar que cada condenado que ejecuta sea realmente culpable de asesinato", señaló el periódico.
