El gobierno de Kenia y el independiente Consejo de Medios están decididos a investigar el comportamiento de la prensa durante las elecciones del 27 de diciembre, que derivaron en violentos incidentes.
El director de Información y Comunicación del gobierno, Ezekiel Mutua, sostuvo la semana pasada que el Consejo estaba excediendo sus obligaciones al querer realizar su propia investigación.
Mutua señaló que el Consejo se interponía en los planes gubernamentales de crear un grupo de trabajo oficial para analizar la actitud de la prensa durante los comicios.
Esto generó preocupación sobre el grado de independencia que las autoridades están dispuestas a permitirle a los medios.
El Consejo fue creado el año pasado en el marco de la Ley de Medios de 2007 como un organismo independiente que abarca a representantes de toda la prensa.
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Kenia se sumió en el caos luego que el líder opositor Raila Odinga denunciara fraude y cuestionara la reelección del presidente Mwai Kibaki en las elecciones de diciembre. Algunos medios fueron acusados de promover la violencia, en la que 1.000 personas murieron y 600.000 fueron desplazadas.
IPS dialogó con el presidente del Subcomité de Ética y Publicidad del Consejo, Peter Mutie.
— Primero el gobierno habló sobre formar un grupo de trabajo para investigar el comportamiento de los medios durante las elecciones. Ahora oímos que sólo creó un comité para discutir sobre ese grupo, e incluso que éste podría llegar a no ser creado. ¿Qué se hace con esta confusión?
— Si el gobierno también quiere realizar una auditoría de medios, nadie lo detendrá. El director de Información y Comunicación brindó un panorama equivocado, insinuando que el Consejo intentaba sabotear los esfuerzos del gobierno. Nada más lejos de eso. Estamos cumpliendo nuestro mandato.
El Consejo es creado por ley. Ésta estipula que deberá realizar una evaluación anual de la opinión pública general de los medios y divulgar los resultados de la misma en por lo menos dos medios locales.
El gobierno puede investigar a cualquiera, incluidos los medios. Lo que nos preguntamos es: si se supone que el Consejo debe llevar a cabo una auditoría de los medios, ¿por qué se necesita que el gobierno haga otra?
— Dada la gran cantidad de acontecimientos en las últimas semanas, ¿su equipo no terminará concentrándose en lo ocurrido durante los comicios? ¿Se trata de una evaluación de cómo se desempeñaron los medios antes y después del 27 de diciembre?
— No, nuestra investigación es muy amplia. Nos estamos fijando en informes anteriores de los medios, de durante y después de las elecciones. Estamos viendo el ambiente en que trabajan los periodistas y el apego de los medios a la ética tal como dispone la Ley de Medios. Vamos más allá de la cobertura de los comicios.
— ¿Por qué no propusieron antes la creación de un equipo que investigara el desempeño de los medios en el periodo electoral, dadas las denuncias de que los periodistas ayudaron a instigar la violencia posterior?
— Me opongo totalmente a querer señalar a los medios como los principales catalizadores de la violencia. Antes que determinemos los medios que estuvieron informando lo que ocurría o lo que decían los políticos, ¿qué estamos haciendo con los propios políticos?
Hubo peligrosos mensajes de texto por celular, circularon fotografías enviadas por correo electrónico que fueron aún más perjudiciales. Estas cosas también deben ser auditadas, no sólo los medios.
El Consejo es joven. Apenas estamos comenzando. De hecho, ésta es nuestra primera actividad, y creo que es un buen punto de inicio, dado que nos dará un panorama sobre dónde están parados nuestros medios y cómo nos fue durante este periodo de pruebas.
Nuestros hallazgos pueden llevarnos a ayudar al gobierno en la elaboración de un código de conducta que rija a los medios electrónicos.
— ¿Cómo piensan llevar a cabo su investigación?
— El Consejo creó un comité de cuatro personas que yo presido. Pienso que contrataremos a una firma de investigación sobre medios para que efectúe un análisis sobre la base de los términos de referencia que desarrollaremos. Pero esto todavía tiene que ser acordado por el Consejo.
— Los críticos han acusado al Consejo de inefectivo. ¿Tienen ustedes el poder para implementar de modo significativo las recomendaciones que puedan surgir de su investigación?
— Sí. La ley, en su subsección 33, nos otorga poderes equivalentes a los de un tribunal. Lo que queremos es un acuerdo justo para que no emitamos veredictos que puedan resultar adversos a algunos de nuestros miembros.
No obstante, en los casos en que nos presenten demandas y nosotros arbitremos, nos aseguraremos de que las decisiones sean implementadas.
— ¿Cuál es la sanción última que el Consejo podría imponer contra una organización de medios que actuó de modo irresponsable?
— En este momento no estoy en posición de responder esa pregunta, pero sé que en el gobierno hay leyes que recomiendan castigos severos, como sacar del aire a un canal de televisión en caso de emergencia. La Constitución también dispone castigos severos en casos en que las organizaciones informativas violen los derechos de las personas, o por razones de seguridad.
Básicamente, se supone que el Consejo debe arbitrar disputas entre el gobierno y los medios, el público y los medios y entre los medios mismos, así como promover la libertad y la independencia de los medios, entre otras cosas. Somos una organización regulatoria. Y clausurar un canal, por ejemplo, está más allá de una organización regulatoria.
— Al analizar lo ocurrido en las últimas semanas, ¿tiene usted la sensación de que el Consejo podría haber actuado de manera diferente en relación a los medios acusados de incitar a la violencia, especialmente las radios que transmiten en idiomas autóctonos?
— Pienso que si el Consejo se hubiera creado antes podríamos haber desempeñado un mayor papel en la regulación de los medios durante la campaña, las elecciones y después. Pero el haber llegado tarde no nos dio mucho tiempo para cumplir de modo eficiente.
— ¿Lo perturba la amenaza del gobierno de clausurar el Consejo si éste sigue adelante con su investigación?
— No. No estamos infringiendo ninguna ley. El Consejo opera bajo la ley que lo estableció. Las declaraciones del director de Información fueron personales, porque nuestras posteriores deliberaciones con el ministro y otros funcionarios no reflejaron eso. El ministro habló de que el Consejo podría trabajar con el gobierno. Colaboraremos con cualquier organización siempre y cuando esté dentro de nuestro mandato.
— ¿El gobierno tiene la facultad de clausurar el Consejo o eso es algo que tendría que votar el parlamento?
— Es algo que le corresponde al parlamento, dado que el Consejo fue creado por ley.
