El programa gubernamental de venta de servicios ambientales amenaza la diversidad biológica de Costa Rica y desvirtúa así su propósito conservacionista, advirtió la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (Fecon), principal red ecologista del país. El programa, que subsidia la preservación de bosques en terrenos privados, admite el talado selectivo y científico, con supervisión estatal. Pero los ecologistas sostienen que el Estado no ejerce su papel fiscalizador, lo cual habilita la deforestación indiscriminada.
El gobierno destinará este año 1,2 millones de dólares de un préstamo del Banco Mundial para financiar más proyectos de este tipo.
