Autoridades de México sugieren que la bomba que estalló el viernes en una zona céntrica de la capital fue un acción del narcotráfico. De confirmarse, se inauguraría una nueva forma de violencia.
Pero hay un mar de dudas sobre esa versión, que no obstante ya diseminó el miedo entre los capitalinos.
Un grupo de policías y una cinta amarilla impedían este lunes acercarse al lugar donde el viernes estalló un artefacto de fabricación casera que mató a la persona que lo portaba, hirió a una joven mujer y destruyó dos automóviles y la fachada de un predio baldío ocupado por indígenas.
La zona se encuentra a unos seis kilómetros del Zócalo, la plaza central de la ciudad.
"Esto parece terrorismo, estamos con miedo", dijo a IPS Apolonia Díaz, oficinista que labora cerca del lugar del estallido.
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Si la bomba hubiese explotado 200 metros al norte, decenas de personas estarían muertas o heridas, pues allí se encuentra una concurrida estación del tren subterráneo.
El blanco podía haber sido también la sede de la Secretaría (ministerio) de Seguridad Pública de la capital, también a unos 200 metros del lugar, en calles de mucho tránsito vehicular y peatonal.
La detonación, a la hora 14:30 local, mostró a las autoridades, sobre todo de la capital, "frágiles, confundidas y poco profesionales, lo que alentó el miedo", señaló a IPS Wellington Medrano, investigador graduado en la Universidad Nacional Autónoma de México y consultor privado de seguridad.
Minutos después, jefes de la policía de la capital acudieron al lugar y permitieron que curiosos y periodistas se agolparan, lo que pudo haber alterado la escena y perjudicado las investigaciones.
Entre el polvo de la detonación y casi pisando los vidrios caídos de edificios cercanos, los policías declararon que el artefacto quizás había sido activado a través de un teléfono celular.
Mientras, el gobierno del presidente Felipe Calderón condenó la explosión, no atribuida a ningún grupo. El alcalde de la ciudad, el izquierdista Marcelo Ebrard, declaró que garantizaba los servicios públicos para los capitalinos.
"Todos abonaron el miedo, pero nadie aún sabe frente a qué estamos", sostuvo Medrano.
Durante el fin de semana y este lunes para muchos fue tema de conversación el presunto intento de atentado del narcotráfico y la posibilidad de que se haya iniciado una nueva forma de violencia, con civiles como blanco de ataques en lugares públicos.
Algunos diarios indican que la mujer herida en la explosión, que se recupera bajo un fuerte resguardo policial, estaría vinculada a un grupo de narcotraficantes, mientras otros sostienen que no tiene relación con el asunto.
Sin haber identificado aún al fallecido ni las características exactas de la bomba, la policía capitalina aseveró que el artefacto pudo destinarse a las oficinas del Ministerio de Seguridad o a la estación del tren subterráneo, pero estalló antes.
Lo más probable es que los responsables fueran narcotraficantes que querían vengar recientes acciones en su contra, agregó la policía.
Pero algunos observadores advirtieron que el tipo de bomba casera no tiene relación con los armamentos modernos incautados a narcotraficantes, como lanzacohetes que pueden atravesar gruesos blindajes.
Las autoridades de la policía capitalina negaron que el hecho estuviera vinculado a grupos guerrilleros o que pudiera tratarse de una advertencia a los 180 indígenas otomíes que habían ocupado el predio frente al cual estalló el explosivo.
Estos indígenas, gran parte de ellos vendedores ambulantes, llevan 15 años en el predio, donde se edificaron rústicas habitaciones.
El estallido desnudó "el alto grado de vulnerabilidad de México" ante un posible atentado, por el marcado "pasmo institucional", escribió el columnista del diario Reforma, Miguel Granados.
Para Jorge Fernández, columnista del diario Excélsior, reina la confusión y las autoridades "se ven muy nerviosas".
En las últimas semanas supuestos narcotraficantes fueron detenidos en la ciudad y se decomisaron armas de alto calibre.
En una de esas acciones, el 24 de enero, fue arrestado un grupo cuyos miembros confesaron que planificaban matar a José Luis Santiago, ex vicefiscal general y ahora encargado de asuntos internacionales en la fiscalía del gobierno.
En lo que va del año, más de 343 personas fueron asesinadas en ejecuciones y choques armados entre delincuentes o con autoridades, según recuentos de la prensa hasta el miércoles 13.
En 2007, las muertes por acciones relacionadas con las mafias de las drogas sumaron 2.800, y en los últimos siete años la cifra escaló a casi 12.000.
La gran mayoría de las víctimas estaban presuntamente vinculadas al tráfico de drogas y, en menor proporción, eran policías y militares.
