España es uno de los países más castigados por el tráfico de personas, pero aún no ha firmado el Convenio Europeo contra la Trata de Seres Humanos, aunque el gobierno se ha comprometido a hacerlo.
Susana Fernández, directora de Movilización Social de la organización no gubernamental Médicos del Mundo, señaló a IPS que "este país es uno de los principales lugares de destino y tránsito para mujeres esclavizadas en prostitución, agricultura, servicio doméstico, construcción y hostelería, entre otros sectores".
Añadió que, "si bien se observa un cambio de actitud gracias a la legislación vigente, el trabajo de las organizaciones no gubernamentales especializadas en cuestiones de trata y a la capacitación de algunos funcionarios, las mejoras no dejan de ser lentas en un contexto en el cual los estándares internacionales no se cumplen plenamente".
Por ello, concluyó, este país debe firmar y ratificar lo antes posible ese Convenio.
Viena será sede desde este miércoles y hasta el próximo viernes del Foro de Naciones Unidas sobre la lucha contra la trata de persona. Fernández integrará la delegación de la Red Española de Lucha contra la Trata de Personas (RED), de la que Médicos del Mundo es miembro.
La Red ha destacado que su presencia en Viena lleva como principal objetivo presentar sus experiencias en el trabajo con personas víctimas de trata y conocer la situación en otros países con iniciativas positivas en este ámbito, como es el caso de Italia, donde existen medidas de protección y recursos para las víctimas.
En la reunión de Viena también participarán otras organizaciones internacionales, oficinas de la ONU, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Internacional de Migraciones (OIM) y la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE).
También integran la RED la Asociación de Comunidades Católicas de España de Migraciones, el Proyecto Esperanza y Federación de Mujeres Progresistas, quienes estarán presentes en Viena.
Fernández subrayó que la OSCE indicó que en España existen más de 50.000 personas víctimas de esa práctica y que solamente cinco por ciento de ellas reciben ayuda oficial para enfrentar el problema.
De los 47 Estados que integran el Consejo de Europa, 37 firmaron el Convenio aprobado el 16 de mayo de 2005, que entró en vigor el primero de febrero de este año y 13 de ellos ya lo ratificaron, pero España todavía ni siquiera lo firmó.
La firma y la ratificación de la Convención del Consejo de Europa contra la Trata de Seres Humanos, que entró en vigor el 1 de este mes, obliga a los países que adhieran a elaborar una "política de tolerancia cero" ante la trata de personas y establecer un plan nacional de lucha en un proceso que incluya a la sociedad civil.
También obliga a establecer, financiar y fortalecer un sistema de detección y protección integral de todas las víctimas de trata, con independencia de que colaboren o no con las autoridades interponiendo denuncia contra los autores del delito. En esas medidas se destaca la necesidad de que se adopten medidas específicas para las víctimas menores de edad.
Gentiana Susaj, coordinadora de la RED, señaló que la incorporación de España a ese Convenio es importante, porque es uno de los principales países de tránsito y destino de la trata en Europa, siendo las principales víctimas mujeres de entre 18 y 25 años procedentes de Bulgaria, Ucrania, Rusia, Rumania, Brasil, Ecuador, Colombia y Nigeria.
Esas mujeres son reclutadas en sus países de origen y trasladadas por mafias que las engañan o coaccionan. Por lo general son engañadas con promesas de trabajo en España y cuando llegan a la mayoría las encierran en prostíbulos.
Eva Biaudet, representante especial y coordinadora de la OSCE para la lucha contra la trata de seres humanos, informó el 29 de enero a la RED que realizará un informe sobre la situación de la trata en España durante este año.
Susaj enfatizó que, cuando han preguntado al gobierno las razones por las cuales no ha sido ratificado el tratado, no recibieron respuesta. Fuentes gubernamentales dijeron a IPS que el tema será abordado en la próxima legislatura, tras la celebración de las elecciones generales convocadas para el 9 de marzo.
Lo que sí ha suscripto y ratificado España en 2003 es el Protocolo para Prevenir, Suprimir y Castigar la Trata de Personas, especialmente de Mujeres y Niños, adoptado en 2000 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Susaj reclama modificaciones positivas en España, aunque constata que se ha registrado en los últimos años "un cambio de actitud" gracias a reformas en la legislación, el trabajo de las organizaciones no gubernamentales especializadas en combatir la trata y la capacitación de algunos funcionarios.
Pero, adicionó, "las mejoras no dejan de ser lentas en un contexto en el cual los estándares internacionales no se cumplen a plenitud".
Por ello los integrantes de la RED reclaman a los partidos políticos que participan en las elecciones convocadas para el 9 de marzo que incluyan en sus programas el compromiso de acelerar esas mejoras.
El protocolo de la ONU firmado en 2000 alienta la cooperación entre las fuerzas de seguridad, las autoridades migratorias, los servicios sociales y las organizaciones no gubernamentales y protege a todas las víctimas del tráfico, no sólo a aquellas que prueben que han sido forzadas a realizar tareas o trasladarse contra su voluntad.
Esto último porque el artículo 3b del mismo establece que "el consentimiento de la víctima de tráfico es irrelevante".
El Protocolo incluye el combate a una gran cantidad de delitos que se cometen en el tráfico, pero no sólo el uso de la fuerza, la coacción, el rapto, el engaño o el abuso de poder, sino también medios menos explícitos, como "el abuso de una situación de vulnerabilidad de la víctima".
El Proyecto Esperanza para combatir la trata fue creado en 1999 por la Congregación de Religiosas Adoratrices, fundada en Madrid en 1856.
Desde entonces su objetivo principal es el desarrollo de programas de intervención para promover la liberación, integración personal y social, promoción y reinserción social de la mujer víctima de diversas formas de esclavitud, además de la denuncia de situaciones de injusticia, la defensa de los derechos de la mujer, el conocimiento de la problemática social y análisis crítico de la realidad.
