La política hostil de Estados Unidos hacia Cuba, que se extiende por casi medio siglo, seguirá lastrando el reconocimiento y respeto de ciertos derechos contemplados en los dos primeros pactos internacionales firmados por el gobierno de Raúl Castro el jueves.
Cuba firmó el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, ambos en vigor desde 1976. Este último podría concentrar las principales reservas del gobierno cubano.
"El bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América y su política de hostilidad y agresión contra Cuba constituyen el más grave obstáculo al disfrute por el pueblo cubano de los derechos enunciados en los pactos", aseguró una declaración del canciller cubano Felipe Pérez Roque.
Leído el jueves por el ministro en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York y publicada en Cuba este viernes, el texto añade que "en cuanto al alcance y aplicación de algunos postulados de estos instrumentos internacionales, Cuba registrará las reservas o declaraciones interpretativas que considere pertinentes".
Aunque no aclara cuáles son esas reservas, se supone que están relacionadas con determinados derechos en el terreno político que La Habana ha negado a grupos de la oposición por considerarlos movimientos al servicio de un gobierno extranjero, el de Estados Unidos.
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Entre las objeciones podrían estar el derecho a la libre expresión, que incluye "la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras", pero que el mismo Pacto de Derechos Civiles y Políticos reconoce que "puede estar sujeto a ciertas restricciones" por motivos como "la protección de la seguridad nacional".
Algo similar ocurre con el derecho a fundar sindicatos, restringido por las leyes que sean necesarias en "interés de la seguridad nacional o del orden público, o para la protección de los derechos y libertades ajenos". En el derecho de huelga también se contempla su restricción legal por las fuerzas armadas, la policía o el Estado.
Los estados firmantes de ambas convenciones asumen, entre otras, la obligación de respetar y asegurar los derechos humanos reconocidos de toda persona en su territorio o bajo su jurisdicción, lo que implica que deben adoptar medidas para que tales garantías sean efectivas.
Más allá de las reservas, el ministro de Relaciones Exteriores aseguró que desde el triunfo de la Revolución Cubana, en 1959, La Habana ha garantizado "sistemáticamente" los "derechos protegidos por ambos instrumentos".
Se incluye el derecho a la salud, a la alimentación, a la educación, al empleo y a la seguridad social. También la protección de la infancia y la adolescencia de la explotación económica y social y el acceso de las personas a la cultura y a los avances científicos, entre otros.
La firma fue una "decisión soberana" del gobierno cubano que "nunca ha actuado ni actuará bajo presión", dijo Pérez Roque en una conferencia de prensa en Nueva York.
La posición de La Habana fue también expresada por el nuevo presidente de Cuba, Raúl Castro, en su primer discurso tras su elección el domingo. La revolución "nunca ha cedido un ápice ante las presiones ni se ha dejado influir por ellas, ni por las grandes ni por las pequeñas", dijo.
Cuba comenzó a abrirse al diálogo en materia de derechos humanos en 2007, con el establecimiento de un mecanismo de intercambio con España, la visita del relator especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, Jean Ziegler, y el anuncio el 10 de diciembre de la firma de estos dos pactos internacionales.
Ziegler fue invitado sólo después de que el Consejo de Derechos Humanos del foro mundial suspendió el mandato de Christine Chanet, representante personal para Cuba de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour.
La Habana jamás recibió a Chanet por considerar su misión una "manipulación de Estados Unidos".
Una visita como la de Ziegler no se efectuaba desde la misión de Radhika Coomaraswamy, relatora especial sobre la Violencia contra la Mujer, en 1999.
Al anunciar la firma de los dos pactos internacionales, Pérez Roque aseguró que el gobierno había decidido ampliar su colaboración con las Naciones Unidas en ese campo como respuesta a la decisión del Consejo de Derechos Humanos de poner punto final a una supervisión especial sobre Cuba en materia humanitaria.
En ausencia de manipulaciones de Washington, que durante años logró la aprobación de resoluciones de condena a Cuba en la disuelta Comisión de Derechos Humanos, La Habana se someterá a los mecanismos del nuevo Consejo de la ONU "en igualdad de condiciones" con los demás países miembros, aseguró el canciller.
Analistas cubanos interpretaron como un buen síntoma que, a menos de una semana de la investidura de Castro, Cuba proceda a la firma de estos acuerdos. La decisión, sin embargo, fue recibida con escepticismo por sectores de la disidencia que actúa sin reconocimiento legal.
"Más allá de firmarlos esperamos que el gobierno honre la letra y el espíritu de ambos instrumentos, con lo cual sería el primer beneficiado a nivel internacional", afirmó Elizardo Sánchez, presidente de la ilegal Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional.
En tanto, Manuel Cuesta Morúa, portavoz de la disidente Arco Progresista, consideró que la firma debe traducirse en el fin del hostigamiento a la oposición. "Es importante que el gobierno cubano responda con cambios al interior del país", dijo a IPS.
Cuesta Morúa reconoce "la sombra" que constituye para la disidencia la política estadounidense hacia Cuba. "Como siempre, Estados Unidos es el principal obstáculo externo para el cambio en Cuba", señaló el 24 de octubre, tras el anuncio de asignaciones millonarias de Washington para apoyar una transición democrática en este país caribeño.
"Este es el momento de apoyar a los movimientos democráticos que están surgiendo en la isla. Es tiempo para que el mundo deje de lado sus diferencias y se prepare para la transición cubana hacia un futuro de libertad, progreso y promesas", sostuvo ese día el presidente de Estados Unidos, George W. Bush.
Cuatro meses después, el mandatario estadounidense aseguró que nada cambiará en su política hacia Cuba tras el ascenso a la presidencia de Raúl Castro. "El no es más que una extensión de lo que hizo su hermano", aseguró Bush el jueves en respuesta a una pregunta sobre qué se perdería al negociar con su homólogo cubano.
La Habana, por su parte, mantiene su posición de no aceptar que se condicione el levantamiento del bloqueo a determinados cambios internos pues, alega, implicaría una injerencia en sus asuntos y una violación del derecho de cada país a elegir su sistema político.
