Los desplazados colombianos resolvieron llamar «guerra boba» a la confrontación interna de más de cuatro décadas. Contra ella y por tierra, dignidad y paz, marcharán el 6 de marzo. El desplazamiento forzado aumentó 38 por ciento en 2007 respecto del año anterior.
El 4 de marzo, cerca de un millar de desplazados lanzarán flores al río Magdalena, que recorre el país desde el suroeste hacia el norte, en memoria de miles de desaparecidos cuyos restos están en fosas comunes o fueron lanzados a las aguas por milicias paramilitares de ultraderecha.
Luego remontarán la cordillera de los Andes para llegar el día 6 a la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, y unirse a la manifestación convocada por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, en homenaje a miles de torturados y asesinados.
La guerra cuesta 6,5 por ciento del producto interno bruto nacional, igual a todas las transferencias en salud, educación y saneamiento ambiental, según afirman los investigadores José Fernando Izasa y Diógenes Campo en un documento publicado en diciembre.
"El país está hastiado de la violencia", dice la convocatoria de los desplazados, que suman unos cuatro millones en los últimos 20 años, según estimaciones independientes, y más de 72 por ciento viven en pobreza extrema.
Las raíces del conflicto, que enfrenta a guerrillas izquierdistas surgidas en 1964 con fuerzas del Estado y sus aliados paramilitares, datan de los años 40.
"Después de 60 años, está claro que ni la guerra del Estado ha solucionado el conflicto armado, ni las armas de las guerrillas han superado sus causas ( ) Esta es una guerra boba que nadie gana en términos militares y todos pierden en términos sociales y humanitarios", agrega el texto.
La convocatoria insta a "parar esta guerra y parar el desplazamiento", mediante "diálogos serios y negociación política con resultados de paz y justicia social".
Bombardeos y ametrallamientos aéreos, reclutamiento de la guerrilla y los paramilitares —que resurgen tras una desmovilización parcial—, minas antipersonal de la insurgencia, erradicación sin alternativas de cultivos de drogas son las principales causas del creciente desplazamiento en una guerra que se retroalimenta.
El año pasado, 305.966 personas fueron desplazadas a la fuerza, según la Consejería para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), principal fuente no gubernamental sobre el tema y que se apoya en estadísticas de la Iglesia Católica.
Son 84.328 personas más que en 2006, cuando los desplazados sumaron 221.638.
Para la gubernamental Acción Social, el guarismo de 2007 alcanza actualmente las 211.467 personas, pero aún quedan varios meses de plazo para que los afectados de ese año se inscriban en el registro oficial de desplazados que, según fuentes institucionales de control e independientes, refleja un subregistro superior a 40 por ciento.
Incluso Codhes considera que hay subregistro en sus propias cifras.
La entidad identifica como principal razón para el aumento de 2007 "la intensidad de la confrontación armada en las zonas del Plan Consolidación", fase de la guerra que sucedió al Plan Patriota, iniciada en agosto de 2006 y que el año pasado incorporó una fuerza adicional de 40.000 efectivos.
Los departamentos del sur son los más golpeados por el desplazamiento asociado a ese plan bélico, que cambió los "signos de contracción" registrados por Codhes entre 2003 y 2006.
La segunda razón es "la acción de grupos paramilitares o como se los quiera llamar", dijo a IPS el director de Codhes, Jorge Rojas, en referencia a que, según el gobierno, esos grupos se desmovilizaron y no existen desde hace un año.
Pero "siguen operando en varias regiones del país", donde se registran "amenazas y asesinatos que realizan los grupos paramilitares, especialmente contra líderes de la población civil", declaró Rojas.
Otro factor son las fumigaciones contra los cultivos de coca, materia prima de la cocaína, de la que Colombia es primer productor mundial.
Las aspersiones con una mezcla potenciada a base de glifosato "están provocando el desplazamiento de muchas familias, que se convirtieron en parias. Los 'raspachines' (que arrancan las hojas de la mata de coca) y cocaleros no tienen quién los defienda", expresó.
"La guerrilla los persigue, los paramilitares los presionan y atacan, la fuerza pública los atropella, y el Estado no los reconoce como desplazados, a pesar de que son desplazamientos que ocurren en medio de operaciones militares", describió.
El experto sostuvo que las fumigaciones se llevan a cabo "básicamente en zona de guerrilla porque en zonas paramilitares se fumiga muy poco. Con esto no estoy diciendo que haya un favorecimiento, pero queda el interrogante de hacia dónde se dirige la fumigación fundamentalmente".
Las aspersiones arrasan también los cultivos de alimentos.
La erradicación manual forzada, introducida en el último año mediante un grupo numeroso de contratistas que arrancan las matas de coca de raíz, escoltados por la fuerza pública, "genera menos desplazamiento", "pero a la gente le quitan la forma de subsistir, la persiguen, la señalan y no le dan alternativas", según Rojas.
La falta de alternativas no es asunto menor. Los afectados tienen tres caminos: sumarse a cualquier bando de la guerra, desplazarse dentro o fuera de las fronteras o plantar coca en lugares más remotos, una suerte de desplazamiento forzado del cultivo de droga.
"Si les quitan el sustento, se van para la guerra. La fumigación o erradicación sin alternativa conduce a ampliar la base social del conflicto armado", inclusive engrosando las filas de las fuerzas estatales o su red de informantes pagos, advirtió Rojas.
RECLUTAMIENTO SIN FIN
"El reclutamiento es el problema principal del conflicto hoy, porque así se asegura su continuación", según Rojas.
La fuerza pública pasó de 220.000 efectivos en 2002 a cerca de 500.000 hoy, y en 2010 habrá 560.000, sin contar la red de informantes pagos que promueve el gobierno en este país de 42 millones de habitantes.
Frente a las bajas y deserciones generadas por la presión del Plan Consolidación en el sur, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, principal guerrilla), "están reclutando masivamente en varias regiones del país, sin importar sexo ni edad, sobre todo niños, niñas y adolescentes", por lo que los padres huyen con sus hijos.
El Ministerio de Defensa reporta una disminución de combatientes de las FARC de 16.900 a 11.000 entre 2002 y 2007.
Pero al confrontar distintos rubros de la misma fuente, los matemáticos Isaza y Campo afirman que "un simple cálculo muestra que de cada 100 subversivos retirados del conflicto, la guerrilla logró, en el período 2002 -2007, reclutar 84 nuevos combatientes".
Los paramilitares están "removilizando" a sus antiguas huestes "bajo amenazas, intimidaciones y muertes, como ha ocurrido en (los noroccidentales departamentos de) Córdoba y Chocó", señaló Rojas, versión que coincide con observaciones de una fuente de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos (MAPP-OEA).
"En Córdoba amenazaron a reinsertados que se negaron a entrar de nuevo (a las filas paramilitares). Mataron a uno y amenazaron a otros", detalló Rojas.
Pero también están "ampliando su base a nuevos sectores, especialmente en zonas urbanas, donde están reclutando masivamente", sobre todo en ciudades como "Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Barrancabermeja, Villavicencio y Montería, entre otras", indicó el experto.
MEJORÍA PARA EL GOBIERNO
El gobierno colombiano registró este martes "cinco grandes avances en materia de desplazamiento", respecto del panorama en agosto de 2002, cuando fue investido presidente Álvaro Uribe.
Entonces "el desplazamiento por año superaba las 450.000 personas". En los últimos tres años hubo "una caída de 50 por ciento" y medio millón de personas retornaron a su lugar de origen, según Acción Social.
En seis años, dice la misma fuente, la cobertura en salud de la población desplazada se amplió de 30 a 80 por ciento, la de educación básica de 60 a 84 por ciento, y 250.000 hogares desplazados reciben un subsidio de siete dólares mensuales a través del programa Familias en Acción.
El gobierno decidió aumentar el año pasado de 70 millones de dólares a 500 millones de dólares anuales la inversión para atender el desplazamiento forzado a través de todas las instituciones encargadas.