El socialdemócrata Álvaro Colom, ganador de las elecciones presidenciales de noviembre de 2007, tomó este lunes las riendas de Guatemala con grandes desafíos y expectativas de una ciudadanía ansiosa de seguridad y mejoría económica, coinciden analistas.
"Hoy empieza el privilegio de los pobres, el privilegio de los sin oportunidades. Pretendemos corregir la intolerancia, desigualdad, discriminación y ausencia de solidaridad", afirmó Colom en un discurso tras su investidura en el Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias, en la capital.
Dio "gracias a Dios por permitir, por primera vez en 50 años, un cambio hacia un gobierno con enfoque social" y prometió luchar por la "armonía de los pueblos indígenas", 23 comunidades etnolingüísticas, "que están esperando desarrollo y el fin de la discriminación".
Al acto asistieron 11 mandatarios, como el venezolano Hugo Chávez y el colombiano Álvaro Uribe, 10 cancilleres y unos 1.500 representantes de más de setenta países, además del Felipe de Asturias, heredero de la corona española.
"Las expectativas son altas, pues es el primer gobierno socialdemócrata, obtuvo una gran votación rural e indígena, y Colom tiene trayectoria en temas de paz, conciliación y tierras, punto toral para nuestra gobernabilidad", dijo a IPS Raquel Zelaya, directora de la no gubernamental Asociación de Investigación y Estudios Sociales.
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Colom, de la Unión Nacional de la Esperanza (UNE), se impuso en 19 de los 22 departamentos del país, por lo que hay esperanza de que su gobierno mejore la situación económica, particularmente la de la gente de provincia, dijo a IPS Iduvina Hernández, directora de la Asociación para el Estudio y la Promoción de la Seguridad en Democracia.
La pobreza en la que viven 51 por ciento de los 13 millones de guatemaltecos afecta especialmente a los indígenas, que representan 41 por ciento de la población, según datos del Instituto Nacional de Estadística.
A la pobreza se suman la delincuencia de las maras (pandillas juveniles) y el crimen organizado que ha logrado infiltrarse en las estructuras estatales.
En 2007 se cometieron 3.114 asesinatos, con 364 víctimas mujeres, la mayoría con armas de fuego, de acuerdo con un informe del no gubernamental Grupo de Apoyo Mutuo, lo que convierte a Guatemala en una de las naciones más violentas del continente americano.
Precisamente la lucha contra el crimen fue el principal tema de campaña en las pasadas elecciones, cuando el mensaje de Colom de afrontar la violencia "con inteligencia" se impuso al lema de "mano dura" de su opositor del derechista Partido Patriota, el general retirado Otto Pérez Molina.
Colom, el gobernante número siete de la era democrática, ganó la presidencia en la segunda ronda electoral con 52,82 por ciento de los votos frente a Pérez Molina, que logró 47,18 por ciento.
"El sistema está colapsado y es ineficiente", aseguró Colom la semana pasada en el acto de presentación de su gabinete en el que manifestó que su gobierno dará prioridad a los problemas de seguridad e impulsará el desarrollo rural comenzando con el plan de los cien primeros días de gobierno.
Ocho de cada 10 pobres viven en áreas rurales. Aunque la agricultura genera 75 por ciento de los empleos, aporta apenas 23 por ciento del producto interno bruto.
Entre 1991 y 1997, Colom fue viceministro de Economía y después director del Fondo Nacional para la Paz, una institución responsable de la gestión de ayudas internacionales y elaboración de proyectos para reducir tensiones en las áreas donde se desarrolló el conflicto armado interno.
Entre1960 y 1996 Guatemala fue escenario de una guerra interna entre fuerzas de seguridad del Estado y la insurgencia izquierdista que dejó más de 200.000 muertos, la mayoría aborígenes, incluyendo 50.000 "desaparecidos" a manos de aparatos represivos y paramilitares.
Para el analista político Pedro Trujillo, la seguridad debe ser una de las prioridades de los próximos cuatro años de mandato, además del combate a la corrupción, la reorganización del gobierno, la reforma del Estado y la garantía de seguridad jurídica para atraer inversiones.
"Si (el Poder Ejecutivo) no se inclina por el proceso de reforma integral del sistema de seguridad, va a seguir dando palos de ciego, como su antecesor (Oscar Berger), sembrando condiciones para la presencia del crimen organizado y abriendo puertas para abusos y violaciones de los derechos humanos", opinó Hernández.
Con el fin de reforzar el sistema de justicia y combatir la impunidad, el 1 de agosto se aprobó de urgencia la creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig), fruto de un acuerdo suscrito en 2006 entre el gobierno de Berger y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y que cuenta con el respaldo de una treintena de países.
Según estadísticas, 98 por ciento de los asesinatos quedan impunes, lo que evidencia la debilidad de las instituciones de justicia.
La Cicig, que inició formalmente sus funciones el viernes, investigará la existencia de poderes paralelos al Estado y estará integrada por investigadores, forenses, fiscales y juristas de este país y del exterior, tanto de América Latina como de Estados Unidos y Europa, especializados en derechos humanos, derecho penal e internacional.
Andrew Hudson, abogado de la organización de derechos humanos Human Rights First, dijo a IPS que la Cicig "puede romper con la cultura de impunidad del país, fortalecer sus instituciones judiciales y desarticular los cuerpos ilegales de seguridad del Estado".
Una encuesta difundida el 7 de enero en el diario El Periódico reveló el optimismo de los guatemaltecos hacia la nueva administración, ya que 46,9 por ciento de los entrevistados dijeron esperar que la situación del país mejore, frente 28,8 por ciento que opinaron que seguiría igual y 17 por ciento que estimaron que empeorará.
Según Trujillo, la población "tiene más expectativas que nunca y posiblemente que en ningún gobierno de la era democrática", lo que supone una gran responsabilidad para Colom, pues si no logra darles respuesta, "el desencanto sería de gran calibre".
"Uno sale la calle y no sabe si va a regresar. Tengo esperanza de que mejore la seguridad", dijo a IPS Irma Trigueros, encargada de la limpieza en una empresa.
Pero Victoriano Zacarías, secretario general del sindicato Central Nacional de Trabajadores de Guatemala, alertó de que el país precisa un cambio drástico "en materia de seguridad, pobreza, desempleo y exclusión social" y cuestionó que entre los ministros designados haya financistas de la campaña electoral de la UNE, "que se están repartiendo el pastel".
Entre los 13 ministros del gabinete de Colom sólo hay una mujer y un indígena.
Ernestina González, trabajadora doméstica, cree que Colom "va a ser más de lo mismo" porque "todos los gobiernos buscan enriquecerse" mientras para los pobres "todo está más caro", dijo a IPS.
Guatemala cerró 2007 con una inflación anual de 8,75 por ciento, lo que constituye un aumento de 2,96 puntos respecto del año anterior. La economía creció 5,6 por ciento, según un informe de la Comisión Económica para América Latina (Cepal).
Para paliar los efectos de la inflación, el gobierno saliente decretó un incremento de 5,8 por ciento del salario mínimo en el sector privado no agrícola y de 5,4 por ciento en el agrícola, que entraron en vigencia el 1 de enero.
Los trabajadores no agrícolas pasan a tener así un salario mínimo de 1.718 quetzales mensuales (224,5 dólares) y los que laboran en el campo de 1.672 quetzales mensuales (unos 218,5 dólares).
Para Zacarías no se trata de un aumento sino de un "reajuste" insuficiente, ya que esos sueldos no alcanzan para pagar la canasta básica, dijo.
