Apenas un día después de las elecciones presidenciales a las que la oposición cuestiona por supuesto fraude, Kenia recibió 41 millones de euros (60,5 millones de dólares) de la Unión Europea (UE). La oportunidad del aporte origina dilemas éticos.
En su defensa, funcionarios de la UE dijeron que el dinero fue enviado antes de advertir evidencias de fraude en los comicios realizados el 27 de diciembre. Pero los críticos de la asistencia señalan que el bloque intentó favorecer al hoy reelecto presidente Mwai Kibaki.
Ahora que los propios observadores electorales de la UE confirmaron sus dudas sobre la transparencia de las elecciones, miembros del Parlamento Europeo advierten que Bruselas debería suspender la asistencia que se entrega directamente a las autoridades.
Activistas y europarlamentarios expresaron frustración con lo que percibieron como tibieza en la posición al respecto del Consejo de Ministros de la UE, órgano que reúne a los 27 gobiernos del bloque.
En una declaración escrita, el Consejo advirtió que la indeterminación de "una solución política sostenible y consensual" tendría consecuencias en las relaciones de los donantes con Kenia.
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Pero descartaron cualquier medida concreta por el momento, a la espera de un eventual acuerdo patrocinado por Kofi Annan, ex secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), entre Kibaki y su rival, Raila Odinga, para poner fin al conflicto interno.
La ex europarlamentaria británica Glenys Kinnock sostuvo que se trata de una respuesta demasiado tímida a la violencia que estalló en las últimas semanas, matando a unas 800 personas y desplazando a 300.000.
Kinnock recordó una fotografía publicada por el periódico británico The Daily Telegraph, de una mujer que yacía en una choza muy pequeña con sangre por todos lados. Era insoportable mirarla", dijo a IPS.
"Con esta trágica situación, una no puede sentarse en una reunión del Consejo al mismo tiempo y decir 'les daremos el beneficio de la duda'", agregó.
Kinnock dijo que no pedía suspender la asistencia a Kenia, sino que no fuera entregada a las autoridades del gobierno.
Entre 2002 y 2008, la UE entregó 290 millones de euros (425 millones de dólares) a Kenia. Esa suma aumentará a 383 millones de euros hasta 2013. Aproximadamente un tercio de esa suma se canaliza directamente a través del gobierno.
La decisión de asignar una proporción tan elevada a las autoridades nacionales sobrevino pese a un escándalo de corrupción de alto perfil.
Luego de ser elegido por primera vez en 2002, tras una campaña en que se presentó como abanderado contra la corrupción, Kibaki designó a John Githongo como secretario permanente para la Gobernanza y la Ética.
Pero luego de revelar información que vinculaba a algunos políticos de máximo rango con fraude, Githongo abandonó Kenia, temiendo por su vida.
En enero de 2006, el ex funcionario acusó públicamente a cuatro jerarcas gubernamentales en un caso de corrupción a gran escala, entre ellos el entonces ministro de Finanzas y el vicepresidente.
Kinnock puso en duda que la asistencia directa haya deparado beneficios tangibles a los pobres de Kenia.
"La economía del país experimentó un aumento de seis por ciento, pero hay más gente viviendo debajo de la línea de pobreza", destacó.
Pese a ser considerada la economía más avanzada de África oriental, la ONU calculó que 7,5 millones de los 31 millones de habitantes del país viven en la indigencia. La expectativa de vida promedio cayó de 59 años en 1989 a apenas 46 años. Unas 700 personas mueren cada día a causa del sida.
Louis Michel, comisario europeo para el Desarrollo y la Asistencia Humanitaria, no oculta su deseo de que se use más la asistencia presupuestaria directa.
A comienzos de este mes anunció que desea que la mitad de toda la asistencia administrada por la Comisión Europea se pague de esta manera para el momento en que concluya su gestión, el año próximo.
Activistas contra la pobreza reconocen que dirigir la asistencia al gobierno, en lugar de asignarla a varios proyectos, puede tener ventajas. Costos fijos como el salarios de los maestros, médicos y enfermeros pueden cubrirse más fácilmente, por ejemplo, si hay un flujo garantizado de fondos para las autoridades centrales.
Sin embargo, en la práctica se quejan de que no hay garantías de que la asistencia entregada directamente a los gobiernos sea usada para satisfacer las necesidades más críticas de los pobres.
Florent Sebban, de Eurostep, coalición de organizaciones que luchan contra la pobreza, dijo que la Comisión tiende a establecer los indicadores según los cuales será evaluada la asistencia, sin ninguna consulta significativa con personas comunes residentes en África.
Pese a estar en consulta regular con representantes de los parlamentos africanos, Sebban dijo que nunca había conocido a uno que hubiera sido consultado sobre cómo debería usarse el presupuesto destinado a la asistencia.
"No hay absolutamente ninguna transparencia y absolutamente ninguna democracia en términos de definir estos indicadores", señaló.
Eslovenia, que ocupa la presidencia rotativa de la UE, se opone a congelar la asistencia directa.
Andrej Ster, ministro de Asistencia al Desarrollo de ese país, dijo que hacer eso podría perjudicar a los pobres. "Las acciones que disparan cualquier consecuencia negativa no son precisamente justificables", opinó.
Pero la europarlamentaria portuguesa Ana Gomes trazó un paralelismo entre la posición de la UE en este caso y lo que describió como "la débil y lamentable reacción de la UE" ante la crisis política que siguió a las elecciones de 2005 en la vecina Etiopía.
"Todos los miembros de la oposición en Etiopía fueron arrestados y permanecieron en prisión durante dos años. La UE está dándole a Kenia una señal de que podría seguir el mismo camino. Estamos enviando el mensaje equivocado", añadió.
