El caso de 30 indígenas esterilizados a través de engaños por brigadas de salud pública entre 1994 y 2001 en el sureño estado mexicano de Guerrero podría ser parte de un patrón que no ha sido erradicado, denunciaron defensores de los afectados.
Hay testimonios que indican que algunos de los responsables de las esterilizaciones siguen formando parte de las brigadas que visitan las comunidades, "lo que da pie a fundadas sospechas", dijo a IPS el abogado Mario Patrón, del no gubernamental Centro de Derechos Humanos de La Montaña "Tlachinollan", con sede en Guerrero.
Según concluyó en diciembre la gubernamental pero independiente Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), fueron engañados los 14 indígenas de la comunidad de Camalote en Guerrero a quienes se les practicó la vasectomía por parte de una brigada de salud oficial.
Además, esa comisión reportó que para conseguir el consentimiento previo al procedimiento, los médicos ofrecieron a los aborígenes, que en ese momento ya eran padres de varios hijos, entregar apoyo comunitario como la construcción de una clínica, lo que nunca sucedió.
Los esterilizados, que hoy tienen entre 30 y 40 años, viven una situación penosa, pues "ahora son rechazados en su comunidad y vistos como poco hombres, además de que ya no tienen fuerza para trabajar", describió a IPS Juan Castro, uno de los abogados indígenas de Tlachinollan que mantiene contacto directo con los afectados.
Camalote es una comunidad campesina de unos 1.000 habitantes ubicada en una zona montañosa de Guerrero, donde la actividad principal es la siembra de maíz. La gran mayoría de sus pobladores son indígenas me-phaa o tlapanecos.
Según diversos estudios, en la cosmovisión de esa etnia los hijos representan riqueza, pues son mano de obra para el trabajo y simbolizan prestigio.
Los 14 afectados de Camalote ofrecieron el miércoles una conferencia de prensa en Guerrero y exigieron que su caso sea atendido por las autoridades.
"Me siento muy indignado, pues fuimos engañados. Ahora en nuestra comunidad nos discriminan y se burlan de nosotros. A dos de nuestros compañeros ya los abandonaron sus esposas", dijo Manuel Cruz Victoriano, uno de los nativos afectados.
En 1994, en las comunidades de La Fátima, Ojo de Agua, y Ocotlán, también en Guerrero, otros 16 indígenas fueron esterilizados. En ese caso, los involucrados exigieron indemnizaciones y el gobierno estadual les pago con algunos sacos de cemento.
"Hay 30 casos de esterilización en Guerrero conocidos y se mantienen en la impunidad. Exigimos sanciones a los responsables, atención a los afectados y sus comunidades, una promesa clara de que eso no volverá a suceder y aclaraciones sobre si la práctica continúa", declaró el abogado Patrón.
"Nosotros no tenemos información clara al respecto, pero hay testimonios que hacen sospechar que hay otros casos", apuntó.
La CNDH recomendó al gobierno de Guerrero, comandado por Zeferino Torreblanca, del izquierdista Partido de la Revolución Democrática, reparar el daño que se hizo contra los 14 indígenas de Camalote.
La autoridad estadual respondió que aceptaría el pedido de la Comisión, que incluiría el pago de una indemnización y la entrega de apoyos en salud y educación.
Las recomendaciones de la CNDH no tienen carácter vinculante por lo cual pueden o no ser atendidas.
En febrero de 2006, la delegación mexicana que compareció en Ginebra ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la Organización de las Naciones Unidas admitió que las prácticas de esterilización contra mujeres y hombres indígenas existían en su país, pero que las autoridades trabajaban para erradicarlas.
Oficialmente les está prohibido a las autoridades de salud del Estado mexicano realizar entre los indígenas esterilizaciones a través de engaños o amenazas. Sin embargo, en la oferta de su servicio sí se incluye la vasectomía para los hombres y la ligadura de las trompas uterinas en el caso de las mujeres.
Trabajadoras del estatal Instituto Mexicano del Seguro Social denunciaron en 2003 que sus jefes las amenazaban con ser despidas si no lograban convencer a mujeres indígenas que debían esterilizarse. Tal denuncia no pudo ser comprobada.
Documentos de la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos y Tlapanecos del estado de Guerrero afirman que en las comunidades indígenas hay muchos casos de esterilizaciones forzadas, pero que los afectados no se atreven a denunciarlo pues han sido amenazados por las autoridades de salud.
La esterilización forzada entre los indígenas es una práctica que está condenada en la mayoría de legislaciones, así como en instrumentos y acuerdos internacionales.
La tasa de fecundidad de los pueblos originarios de México es de 3,9 hijos por mujer, mientras que en lo nacional es de 2,2.
En México viven entre 12 y 13 millones de indígenas, 90 por ciento de los cuales lo hacen en condiciones de pobreza.
