El presidente de Honduras, Manuel Zelaya, no puede esperar un feliz festejo de sus dos años en el gobierno, que se cumplirán el 27 de enero, a causa de los escándalos conocidos a través de Internet y que envuelven a su gestión y a sus funcionarios de mayor confianza.
El último capítulo de la saga fue protagonizado el jueves por el ministro de Relaciones Exteriores, Milton Jiménez, quien se vio forzado a renunciar luego de un escándalo con la policía por conducir ebrio.
El incidente se produjo en la madrugada del 30 de diciembre, pero la celebración ministerial anticipada del nuevo año sólo se conoció ahora, cuando Jiménez abandonó su cargo.
El historial de escándalos gubernamentales, sin embargo, incluye allanamientos de viviendas, espionaje telefónico y la puesta en práctica de mecanismos para cooptar y controlar a la prensa, entre otros. La renuncia de Jiménez, uno de los principales artífices del triunfo de Zelaya, ha generado un revuelo no sólo por su estrecha relación con el mandatario, sino por los indicios sobre presiones del Poder Ejecutivo sobre los medios de comunicación para que no publicara la información sobre el estilo de conducción del canciller.
Un periodista de un medio local, quien pidió mantener su nombre en secreto, dijo a IPS que " tenía la nota completa desde el 31 de diciembre, con todas las versiones, pero una llamada de alto nivel, presumo que del Ejecutivo, impidió que se publicara. La página del artículo incluso ya estaba diseñada. Sé que lo mismo pasó en medios de la competencia".
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Las especulaciones dejaron de ser un rumor cuando apareció un vídeo en el sitio de Internet YouTube que muestra al ex canciller agrediendo a la policía por haberlo arrestado por conducir ebrio, sin reconocer su rango ministerial.
Según la policía, Jiménez se negó a realizar una prueba de alcoholemia y agredió a los uniformados, quienes respondieron de forma acorde y dejaron al ex ministro moretones en su cara y sus brazos, que el renunciante se encargó de exhibir ante los medios de prensa.
El vídeo colocado en Internet obligó a Jiménez a llamar a conferencia de prensa, en la que pidió disculpas por su error del 30 de diciembre, que atribuyó a la imprudencia "propia de las fiestas de Navidad". A continuación, presentó la renuncia indeclinable a su cargo.
"No soy un asesino, no soy un violador, no soy un ladrón, pero han querido hacer escarnio de mi persona al colocar, en forma malsana, un vídeo en Internet y no quiero que se ponga en entredicho la imagen del gobierno de Zelaya, con quien hemos luchado, hombro a hombro, por construir una Honduras mejor. Por eso renuncio, para que no sigan manchando la imagen del país", dijo.
Jiménez se quejó del trato policial. Recordó que en la década del 80 fue víctima de la represión y estuvo, junto a otros estudiantes universitarios, a punto de desaparecer por cuestiones ideológicas y su defensa de los derechos humanos. Por ese hecho, tiene interpuesta una demanda contra el Estado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Bertha Oliva, del Comité de Familiares Detenidos-Desaparecidos en Honduras, salió en defensa del ex funcionario. "Le tendieron una trampa, todo fue premeditado, le violaron sus derechos humanos", argumentó.
"Condenamos que se haya violentado la intimidad de Milton Jiménez, pareciera que tenían un perfil psicológico y lo que estamos viendo es sólo el retorno de una brutal represión policial", señaló Oliva a IPS.
El comisionado de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, condenó el exceso de uso de la fuerza por parte de la policía y alabó al ex canciller por su "valentía" al reconocer que "cometió un error que hoy lamentablemente le costó el cargo". "Nosotros vamos a investigar ese abuso de autoridad", prometió.
El caso de Jiménez, una de las piezas clave del gobierno, es apenas uno de los tantos hechos que retratan los escándalos públicos que envuelven al gobierno.
Hace dos meses, la casa del entonces gerente de la estatal Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), Marcelo Chimirri, pariente político de Zelaya, fue allanada por encontrársele sospechoso de haber efectuado acciones de espionaje telefónico en contra de varios funcionarios, incluyendo al presidente.
El sitio de Internet YouTube parecería ser la némesis del gobierno hondureño. El caso de espionaje telefónico se conoció porque allí aparecieron más de una docena de conversaciones telefónicas entre Zelaya y otros funcionarios, que ponen en evidencia los mecanismos de reparto y uso del poder, relacionados a hechos de presunta corrupción, rencillas políticas y tráfico de influencias.
Asimismo, las grabaciones revelan que funcionarios del Estado, entre ellos Chimirri, fueron objeto de seguimiento por cuerpos antidrogas, al tiempo que se escucha a Zelaya dar instrucciones a dos colaboradores sobre cómo controlar a la prensa.
Zelaya relata, en esas grabaciones, cómo impone su agenda informativa en los "medios amigos" y les ordena una "ofensiva de ataque" (sic) en contra del Congreso legislativo por oponerse a que se apruebe, bajo sus términos, una nueva ley de telecomunicaciones, un requisito de los organismos de crédito multilaterales para dar más financiamiento al país.
También se escucha al ex canciller dando instrucciones a otro ministro para que "mueva sus bases" en contra de la presidenta del Congreso, acusándola de traicionar al pueblo por no aprobar la ley de telecomunicaciones, una de las más polémicas en el país, que ha enfrentado al gobierno con sectores poderosos, incluyendo medios de comunicación, por el reparto del pastel.
Chimirri, el ex gerente de Hondutel, fue liberado de culpa en los tribunales, incluso de habérsele encontrado en su poder armas de guerra. Zelaya pidió a la fiscalía que investigue el espionaje telefónico, pero declinó abordar el tema de cómo ejerce control sobre un sector de la prensa hondureña.
En tanto, miles de personas visitan diariamente el sitio de YouTube para escuchar grabaciones y ver vídeos que revelan hechos fraudulentos y de presunta corrupción en este país centroamericano.
