El proceso socio-político boliviano ha encaminado sus pasos en dirección de ese otro mundo postulado por el Foro Social Mundial (FSM), que reconoce derechos al ser humano tras el principio de «vivir bien» y en armonía con la naturaleza, según el vicepresidente de la Asamblea Constituyente, Roberto Aguilar.
En el Día de Movilización y Acción Global del FSM, Aguilar reivindicó, en conversación con IPS, el proyecto de la nueva Constitución boliviana, que próximamente será puesta a referéndum, y asegura que es una interpretación de los planteos surgidos de ese encuentro de la sociedad civil mundial en la búsqueda de dignidad y bienestar de los pueblos.
Bolivia vive un proceso de transformaciones sociales, impulsado por el presidente indígena Evo Morales, del Movimiento al Socialismo (MAS), con el respaldo de fortalecidas organizaciones campesinas, populares y sindicales que intentan cambiar un modelo político y económico vigente desde 1985, inspirado en el neoliberalismo.
La presencia de un mandatario izquierdista, con un pensamiento sustentado en la defensa de los recursos naturales para los habitantes de la vasta geografía del país, en particular hacia los grupos originarios empobrecidos de donde surgió, y la sustitución de un sistema político favorable a la extracción de materias primas por transnacionales, marca la diferencia del escenario social boliviano en los últimos 26 años de democracia.
"Es legítimo el derecho de los pueblos por pretender que el Estado boliviano sea accesible a todos y es deseable que se extingan todas las formas de exclusión", expresó a IPS el Defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, respecto del ascenso indígena a las instancias de poder político.
La presencia de partidos de derecha, socialdemócratas y una izquierda débil y sin mayor influencia sobre las corrientes tradicionales precedieron al gobierno de Morales, instalado el 22 de enero de 2006 y vapuleado por fuertes corrientes de oposición conformada por terratenientes, empresarios, exportadores y grupos conservadores.
Albarracín rescata la lucha de los pueblos por interpelar a los gobiernos pasados para lograr la reducción de los índices de pobreza, desnutrición, hambre y el desvío de recursos a programas de fortalecimiento bélico de los países en desmedro de la calidad de vida.
Al interpretar la realidad boliviana, el Defensor del Pueblo otorga a los actuales gobernantes la tarea histórica de crear el rostro social del Estado de manera inteligente para sortear los obstáculos políticos.
Cuatro de nueve departamentos, liderado por sus prefectos (gobernadores) y organizaciones civiles denominadas comités cívicos, impulsan modelos de autonomía ajenos al proyecto de Constitución aprobado en diciembre pasado. Actualmente el gobierno mantiene un diálogo en busca de una salida concertada al conflicto.
Siempre habrá minorías privilegiadas contrarias a las transformaciones sociales y, pese a ello, la iniciativa política para el cambio debe estar en el terreno pacífico y legítimo, dijo en tono de reflexión.
Morales llamó a la oposición a encontrar una solución por la vía democrática y mantiene su decisión de someter su popularidad a un referendo para determinar si aún goza del respaldo popular que en diciembre de 2005 le permitió ganar las elecciones con 53,7 por ciento de los votos y acceder así a la presidencia de modo directo.
El mandatario también pidió a los nueve prefectos que sigan sus pasos y permitan que sus electores expresen una opinión a favor de su continuidad o cese de funciones, en una consulta popular que aún no tiene fecha.
Aguilar, un profesor universitario que coadyuvó a la conducción de la Asamblea Constituyente, reivindica al principio adoptado por el gobierno de "Vivir bien" como una síntesis de las iniciativas del FSM.
El pensamiento político y social del gobierno resumido en la frase "Vivir bien", interpreta las aspiraciones de las comunidades aymaras, donde el bienestar es un objetivo por alcanzar en un ámbito comunitario y fue adoptado por el MAS para formular un modelo de desarrollo con fuerte énfasis en el ser humano.
En el texto de la nueva Constitución se recoge las reivindicaciones de la población por el derecho a la vida, a la salud, a la seguridad alimentaria y a la educación, explicó Aguilar.
Describe a la Constitución aún en vigor, formulada en 1967, como un documento de reconocimiento a los derechos civiles individuales y políticos de la persona, pero destaca las diferencias con el nuevo proyecto por contener la amplitud e incorporación de los derechos colectivos, económicos, culturales y medio ambientales.
El proyecto de nueva ley fundamental, aprobado en diciembre en la ciudad de Oruro, aún requiere de la aprobación popular mediante un referendo antes de su aplicación.
Frente a la corriente autonomista impulsada por cuatro departamentos, el gobierno intenta conciliar el texto del proyecto con los modelos de descentralización de los orientales departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija para evitar un conflicto que amenace a la integridad territorial del país.
"La única posibilidad de vida es la preservación del ambiente y la convivencia de los seres vivos con la naturaleza", puntualizó Aguilar.
