El grupo terrorista ETA no tendrá ningún partido afín o vinculado a él que pueda participar en las próximas elecciones generales de España, convocadas formalmente este lunes para el 9 de marzo.
En los próximos días y con seguridad antes de que finalice enero, la Fiscalía General pedirá la ilegalización y la suspensión de actividades del Partido Comunista de las Tierras Vacas (PCTV) y de Acción Nacionalista Vasca (ANV), ambos considerados sucesores del ilegalizado Batasuna, dijeron a IPS fuentes judiciales.
Aunque el proceso de ilegalización puede tardar meses, la suspensión de actividades que aprobaría la justicia les cerraría la puerta a las urnas y esa suspensión sólo necesita la decisión del juez, en este caso de Baltasar Garzón, conocido mundialmente en especial por procesar en 1988 al ex dictador chileno Augusto Pinochet (1915-2006), entonces preso en Londres.
El gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el centroderechista Partido Popular (PP) disputarán el primer lugar en esos comicios, para el que todas las encuestas los presentan con similares perspectivas, seguidos muy de lejos por los demás partidos.
El tema central de discusión y enfrentamientos entre el PSOE y el PP en la legislatura de cuatro años que terminó este lunes ha sido la violencia terrorista y la forma de enfrentarla.
Según los socialistas, el gobierno presidido por su secretario general, José Luis Rodríguez Zapatero, ha cumplido en todo momento la ley y el objetivo de acabar con ETA (Euskadi ta Askatasuna, Patria Vasca y Libertad en vascuence), en tanto que el PP lo acusó de mantener abierta la puerta para negociar con el grupo terrorista.
Esta polémica sobre ETA y la ilegalización de sus partidos se mantendrá abierta durante la campaña electoral, ya que el terrorismo es el tema que más preocupa a los españoles, según indican las encuestas.
"Todo lo que se haga se debe hacer respetando la ley de partidos. Para ser legal, además de no apoyar el terrorismo, debe condenarlo expresamente y si no lo hace debe ser ilegalizado", declaró a IPS el diputado socialista José Luis Rascón, ex portavoz de la Junta de Jueces por la Democracia.
Con ese criterio y a tenor de la documentación que maneja el gobierno de España se debe concretar la ilegalización de los grupos que apoyan o pertenecen a ETA, como el PCTV y ANV, añadió.
La Fiscalía maneja varios informes policiales que sustentarán el pedido de ilegalización, que será planteado ante el juez Garzón.
Uno de ellos señala que Marije Fullaondo y Joseba Permach, dirigentes de Batasuna que aparecieron últimamente defendiéndolo, recibieron dinero como paga de sueldos, provenientes de cuentas bancarias del PCTV.
Los informes indican que son 49 los miembros de Batasuna que recibieron dinero de esas cuentas.
Otro es el acto realizado el sábado pasado en Pamplona, donde ANV presentó sus cabezas de lista para las elecciones del 9 de marzo, en el que además una de sus alcaldesas, Marian Beitialarrangoitia, pidió un aplauso para los detenidos etarras Igor Portu y Martin Sarasola, acusados de colocar los explosivos que estallaron el 29 de diciembre de 2006 en el aeropuerto de Barajas, Madrid, causando la muerte de dos ecuatorianos y grandes destrozos materiales.
La alcaldesa además afirmó que el País Vasco "tiene que aguantar firme ante los ataques son momentos de lucha, para responder fuerte y firme en la calle".
Horas después, una oficina bancaria de Lesaka, otra localidad navarra, fue atacada con cócteles molotov.
Navarra es una de las 17 comunidades autónomas que integran España, que la izquierda nacionalista vasca considera parte del País Vasco, pero que sus ciudadanos no lo entendieron así al pronunciarse en el referéndum celebrado en 1979 por no integrarse al mismo y mantenerse como comunidad autónoma.
Fuentes próximas al juez Garzón dijeron a IPS que su resolución sobre la ilegalidad y suspensión está prácticamente terminada y que en los próximos días ordenará ejecutarla.
Eduardo Zaplana, uno de los máximos dirigentes del PP y su portavoz en el Congreso legislativo, admitió este lunes en un desayuno con periodistas que la ilegalización se producirá y la calificó de "proceso cantado", que no se hizo antes debido a la estrategia política de Zapatero de "salvar los muebles" y no admitir que negoció con la banda.
Zaplana señaló a IPS que el gobierno debería convocar un pleno extraordinario, "hoy mismo" para que el Congreso se pronunciara por la ilegalización. Pero como no lo hará, está seguro de que el fiscal lo planteará y el juez decretará la suspensión de actividades de los grupos políticos dependientes de ETA.
Todo eso sin olvidar, aclaró que "el gobierno cometió el error que en política no debería permitirse: no decir la verdad ni a la gente ni al Parlamento" sobre la negociación con ETA.
ETA anunció el 24 de marzo de 2006 "un alto el fuego permanente" que, sin aviso previo, rompió el 30 de diciembre cuando hizo estallar 500 kilogramos de explosivos en el aeropuerto madrileño.
Zapatero fue autorizado por el Parlamento, en mayo de 2005, a negociar con ETA siempre y cuando ésta abandonase previamente el uso de las armas y se comprometiese expresamente a no volver a empuñarlas. Esas negociaciones comenzaron después de que el grupo terrorista anunciara su "alto al fuego permanente" y se cerraron después del atentado de Barajas. Con estos antecedentes, lo más probable es que ningún brazo político de ETA esté presente en las urnas, pero con seguridad lo estará en todos los debates y planteamientos que se hagan por todos los partidos políticos y en especial por el PSOE, el PP y el moderado Partido Nacionalista Vasco, que gobierna el País Vasco.
