Debido a la presión de sectores ecologistas, el gobierno de Perú decidió condicionar la construcción de una fábrica de fraccionamiento de gas en la costa de Ica, próxima a la meridional Reserva Nacional de Paracas, a la solución de las objeciones ambientales al proyecto. Organizaciones ecologistas presentaron 65 objeciones técnicas al proyecto de la empresa Pluspetrol, 16 de las cuales fueron respaldadas por el oficial Instituto Nacional de Recursos Naturales.
Pluspetrol, encargada de la comercialización del gas que se extraerá en Camisea, en la sudoriental selva de Perú, deberá demostrar una tecnología apropiada para minimizar el impacto ambiental de la planta de fraccionamiento.
