Ecologistas pidieron al gobierno de Perú participar en la Comisión de Control Ambiental que supervisará la operación de la planta de fraccionamiento de gas que se construye en la occidental bahía de Paracas, una reserva natural sobre el océano Pacífico. La ubicación de esa planta para procesar y exportar el gas transportado por un gasoducto desde los selváticos yacimientos de Camisea, desató una intensa campaña internacional de protesta, que casi lleva al Banco Interamericano de Desarrollo a suspender un préstamo de 135 millones de dólares para el proyecto.
Pero la asistencia fue aprobada el mes pasado, con la condición de que actuara una Comisión de Control Ambiental de la bahía con intervención de diversos organismos oficiales y empresariales.
La galardonada activista María Elena Foronda reclamó la participación de organizaciones ecologistas para garantizar la independencia y eficacia de las tareas de control ambiental.
