La ley de delitos contra el ambiente aprobada por la Asamblea Legislativa de Panamá “otorga el derecho a contaminar y desestima el principio de prevención de crímenes ecológicos”, según la Asociación para la Promoción de Nuevas Alternativas de Desarrollo, APRONAD. Discutida por cuatro legislaturas consecutivas, la ley no centra la atención “en prevenir la comisión de daños a los recursos naturales, sino que se limita a hacer que quien contamine pague”, señaló a Tierramérica Francisco Rivas, director de ese grupo promotor del ecoturismo en Panamá.
Aprobada el 25 de junio, la ley establece penas de seis meses a tres años de cárcel y multas de hasta tres salarios mínimos (de 251 dólares) a quien degrade o contamine áreas naturales y produzca o almacene sustancias tóxicas o peligrosas sin cumplir normas sanitarias.
La caza o pesca de especies protegidas será sancionada con hasta 30 meses de cárcel y multas. “Esas penas resultan mínimas para el tamaño de los delitos”, afirmó Rivas.
