La sociedad civil costarricense podrá participar más activamente en la gestión de recursos naturales con la puesta en marcha de consejos regionales en las 11 áreas de conservación del país. Los consejos tienen potestad para definir políticas, plantear proyectos e incluso destituir a funcionarios del área ambiental en sus respectivas regiones. Y están integrados por el director del área y por representantes de sectores sociales elegidos en cabildo abierto.
Aunque los organismos estaban previstos la Ley de Biodiversidad de 1998, no llegaron a materializarse hasta este mes.
Los consejos regionales tendrán representación en el Consejo Nacional Ambiental y, con ello, capacidad de influir en políticas nacionales en la materia.
«Esto constituye un hito para el país porque las decisiones no están en manos de un ministro, sino de un Consejo Nacional que negocia y decide en conjunto con la sociedad civil», dijo a Tierramérica el director del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Raúl Solórzano.
