Unas setenta organizaciones ambientalistas de Argentina pidieron al presidente Eduardo Duhalde que no conceda su aval a un acuerdo de cooperación con Australia que convertiría a este país en centro de procesamiento de basura radiactiva. El acuerdo fue sellado en 2000 por el Instituto de Investigaciones Aplicadas (Invap), de la austral provincia argentina de Río Negro, y la Organización Australiana de Ciencia y Tecnología Nuclear.
El Invap aportaría un reactor de 180 millones de dólares para fines pacíficos, y también ofreció una locación –quizás en Ezeiza, provincia de Buenos Aires- para «procesar y acondicionar» la basura nuclear que genere el reactor.
