«Sufro porque tres de mis hijos murieron asesinados. Uno de ellos, de 17 años, en la quema de la embajada de España. Estoy triste porque en Guatemala no hay justicia», dijo este jueves a IPS la indígena Catarina Lux, de 68 años y natural de San Miguel Uspatán, en la región noroccidental de El Quiché.
"En Guatemala hay por un lado 250.000 muertos y desaparecidos y por otro ningún culpable en la cárcel. ¿Dónde está la justicia?", se preguntó ante la prensa Julio Solórzano Foppa, residente en México e hijo de la escritora Alaide Foppa, detenida y desaparecida por la dictadura de entonces.
La Corte de Constitucionalidad anuló el 12 de diciembre el proceso abierto a cinco generales retirados, entre ellos el ex dictador Efraín Ríos Montt (1982-1983), y a dos civiles, todos requeridos por delitos contra la humanidad por la justicia de España, con el argumento de que este país no muestra competencia para juzgarlos.
El 31 de enero de 1980, durante el régimen del ya fallecido general Lucas García (1978-1982), un grupo de campesinos indígenas de comunidades de la región de El Quiché, y estudiantes universitarios ocuparon pacíficamente la embajada de España en la capital guatemalteca para denunciar la feroz represión en sus aldeas a causa del conflicto armado interno (1960-1996).
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Las fuerzas de seguridad incendiaron la sede de la embajada, causando la muerte de 37 personas, entre ellas el cónsul español Jaime Ruiz del Árbol, el ex canciller guatemalteco Adolfo Molina, el ex vicepresidente del país Eduardo Cáceres y Vicente Menchú, el padre de Rigoberta Menchú, ganadora en 1992 del premio Nobel de la Paz.
"Me mataron a mis hijos y mi esposo falleció en la quema (de la embajada)", narró a IPS la indígena Catarina Lux, hoy de 66 años, quien exigió justicia secándose las lágrimas con un pañuelo rojo.
Frente a la sede de la Corte de Constitucionalidad se apostaron este jueves miembros del Comité de Unidad Campesina y representantes de organizaciones de derechos humanos con carteles en los que se leía "Corte de Impunidad" y "Por qué sí, hubo genocidio", mientras se expusieron en el suelo fotos de la época, en su mayoría, imágenes del incendio de la embajada española.
Menchú, creadora de la fundación que lleva su nombre, presentó en 1999 una denuncia ante la Audiencia Nacional de España por los delitos de genocidio, torturas, terrorismo de Estado y otros crímenes contra la humanidad perpetrados en Guatemala durante la guerra entre las fuerzas estatales y la insurgencia izquierdista.
Como resultado de esa demanda, el tribunal español emitió el 7 de julio de 2006 una orden internacional de captura con fines de extradición a ese país de Ríos Montt, hoy diputado por el derechista Frente Republicano Guatemalteco, y otros funcionarios de su dictadura imputándoles la comisión de delitos de genocidio, torturas, terrorismo y detenciones ilegales.
Como consecuencia del incendio de la embajada, la Audiencia Nacional acusó a Ríos Montt, al general retirado Óscar Humberto Mejía Víctores, Romeo Lucas García y a los ex ministros Ángel Aníbal Guevara, un general, y Donaldo Álvarez Ruiz.
También inculpó al entonces director de la Policía Nacional, Germán Chupina, al policía Pedro García Arredondo y al ex jefe del Estado Mayor Benedicto Lucas García.
Menchú, respaldada por la Coordinación Genocidio Nunca Más, denunció el 17 de este mes ante los tribunales locales a los cinco jueces de la Corte de Constitucionalidad que invalidaron el proceso contra los acusados, pero fue rechazado el recurso amparándose, entre otros argumentos, en que la ley dispone que no pueden ser perseguidos por opiniones expresadas en el ejercicio de su cargo.
El día anterior, la Audiencia Nacional de España, el tribunal compuesto de varias salas que entiende en materia penal, administrativa y laboral en ese país, había dejado sin efecto las comisiones rogatorias libradas a Guatemala contra estos acusados "a la vista de la negativa de las autoridades del país a colaborar".
Las órdenes internacionales de extradición de los acusados continúan vigentes, según aclara en un comunicado de la Coordinación Genocidio Nunca Más.
El juez de la Audiencia, Santiago Pedraz, investigaba desde 2005 la muerte de unas 250.000 personas, en su mayoría indígenas, durante los regímenes militares de Guatemala de 1961 a 1966 y de 1978 a 1984. En los 36 años de guerra civil también debieron abandonar sus hogares casi 1,5 millones de personas, más de 45.000 siguen aún desaparecidas y 150.000 buscaron refugio en México.
Dieciséis testigos de masacres cometidas en Guatemala durante el conflicto viajan este jueves a España para prestar declaración ante la Audiencia Nacional, que recibirá a otros dos grupos en marzo y mayo, informó a IPS Benito Morales, abogado de la Fundación Rigoberta Menchú Tum (FRMT).
"Declaran en España porque Guatemala no quiere cumplir con sus obligaciones judiciales", lamentó.
En su opinión, tanto la resolución de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, como la del juez que rechazó la denuncia presentada contra aquellos demuestran la "complicidad" de los funcionarios guatemaltecos actuales con los acusados.
"Hay un indicio contundente de que esas resoluciones tienen un trasfondo político interesado", advirtió. "Los poderes fácticos de los acusados, sobre todo de alguno de ellos, están muy establecidos e influyen en el sistema", añadió.
Durante la concentración de este jueves, los manifestantes colocaron ataúdes de madera de los que colgaron mensajes en los que acusaban de complicidad a la Corte de Constitucionalidad y tiñeron de pintura roja decenas de zapatos y un cartel que rezaba "Se busca a Efraín Ríos Montt por genocidio".
Para director del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos, Mario Minera, el fallo de la Corte de Constitucionalidad "es una vergüenza" y considera "inexplicable" que los testigos de las masacres tengan que declarar en un juzgado español, declaró a IPS.
"Hay que recordarle al pueblo de Guatemala que el Estado no ha tenido ni la voluntad de hacer justicia ni de resarcir a las víctimas. Han resuelto a favor de los acusados", criticó ante IPS Eduardo de León, director de la Fundación Menchú.
José Ernesto Menchú, primo de Rigoberta, afirmó a la prensa que espera "justicia y resarcimiento para las víctimas" y que no se siga beneficiando a los "violadores de los derechos humanos".
Solórzano, querellante en el caso de justicia por genocidio, pidió al flamante gobierno de Álvaro Colom que, "por favor, nos diga cuál es su opinión sobre el fallo de la Corte de Constitucionalidad y su posición respecto a la presentación de los responsables de las masacres ante los tribunales".
"La resolución de la Corte no es sólo inconstitucional, sino que viola los tratados internacionales que el Estado en el ámbito de los derechos humanos y afecta sus relaciones internacionales", subrayó.
Como parte de los actos conmemorativos de la matanza en la embajada española, familiares de los fallecidos organizaron este jueves una vigilia frente a la sede de la legación diplomática y el miércoles celebraron una ceremonia en las ruinas mayas de Kaminal Juyú, en el sur de la capital, organizada por el Comité de Unidad Campesina al que pertenecía el padre de Menchú Tum.
