Fruto del esfuerzo multilateral, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) comienza su marcha contra la violencia y las mafias infiltradas hasta en la justicia en este país, que el próximo lunes cambiará de gobierno.
"Nuestro reto es combatir la impunidad, los agujeros negros de la justicia para garantizar la plenitud del estado de derecho", declaró el comisionado de la Cicig, el español Carlos Castresana, en el acto de puesta en marcha de esta herramienta realizado en la sede de la cancillería.
La Cicig, financiada en su totalidad por donaciones internacionales, es fruto de un acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el gobierno guatemalteco de Oscar Berger, firmado en diciembre de 2006, ratificado en agosto pasado por el Congreso legislativo nacional y puesto en vigor el 4 de septiembre.
"La Comisión ya es una realidad operativa con 40 por ciento de funcionarios guatemaltecos y el resto provenientes de 14 países, las dos terceras partes de ellos de América Latina", detalló Castresana, quien estuvo acompañado del secretario general adjunto para Asuntos Políticos de la ONU, Lynn Pascoe, y funcionarios del gobierno actual y del electo.
"El nacimiento de la Cicig contribuye a abrir una nueva etapa en la historia de Guatemala", dijo a IPS Mario Polanco, director de la organización de derechos humanos Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), quien espera que el nuevo gobierno brinde a este cuerpo "todo el apoyo que necesite".
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El socialdemócrata Álvaro Colom, quien se impuso en la segunda vuelta presidencial del 4 de noviembre, asumirá el cargo este lunes con los desafíos de paliar la pobreza en la que vive 51 por ciento de los 13 millones de guatemaltecos y luchar contra la inseguridad ciudadana y el crimen organizado.
"Nos comprometemos a apoyar al 100 por cien las actividades de la Comisión", prometió en el acto del viernes el vicepresidente electo, Rafael Espada, quien manifestó que su instalación "representa un ejemplo y un paso de valentía de Guatemala y los países ayudantes".
Andrew Hudson, de la organización internacional de derechos humanos Human Right First, consideró ante IPS que la Cicig "puede romper con la cultura de impunidad del país y desarticular los cuerpos ilegales de seguridad del Estado", aunque matizó que "no es una panacea porque se va a enfocar a casos limitados".
Castresana explicó en conferencia de prensa tras el acto de instalación de la Cicig que hay "una idea aproximada" de los casos emblemáticos que va a investigar el organismo, pero que aún "no están en condiciones de informarlo".
El jurista reconoció que la Comisión tiene "muchas solicitudes" y que atenderá "las más idóneas y aptas para su periodo de mandato", que es de dos años, aunque prorrogables.
Según las estadísticas, 98 por ciento de los asesinatos cometidos en este país centroamericano quedan impunes, lo cual pone de manifiesto la debilidad de las instituciones.
Hudson subrayó que esta Comisión no sólo tiene el rol de la persecución penal, "sino un mandato para recomendar políticas públicas y reformas legislativas con el fin de desmantelar organizaciones criminales".
También entiende que es vital que la Cicig mantenga informada de su trabajo, como sea posible, a la sociedad civil, tanto local como internacional, ya que "su apoyo será crítico para que el organismo tenga éxito".
En un comunicado difundido a la prensa el jueves, el departamento de Asuntos Políticos de la ONU declara que "el establecimiento de la Cicig culmina años de esfuerzos para crear un mecanismo efectivo de ayuda internacional para Guatemala en su lucha contra los grupos criminales que se cree están infiltrados en las instituciones estatales, incluido el sistema de justicia".
La Cicig, integrada ahora por 40 funcionarios, contará a mediados de año con alrededor de 160, tanto internacionales como guatemaltecos, en su mayoría expertos en justicia criminal y manejo de casos de crimen organizado, informa la nota de prensa.
Este organismo de investigación, que trabajará a través del sistema judicial local y en colaboración con el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil, busca, según el comunicado, "no sólo conseguir condenas, sino fortalecer el sistema nacional de justicia criminal y demostrar que puede funcionar en este tipo de casos".
En Guatemala, la violencia y la persistencia de grupos paramilitares parecen vinculadas a rémoras de la guerra civil, que de 1960 a 1996 cobró 200.000 vidas, en su mayoría de indígenas.
Los cuerpos paralelos de seguridad clandestinos, "derivados de los aparatos de combate contra las fuerzas irregulares" de izquierda en el conflicto armado, "han venido a comprometer la eficacia de la integridad de nuestra institucionalidad pública y privada", lamentó el vicepresidente Eduardo Stein, quien consideró un "hecho significativo e innovador" la instalación de la Comisión.
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Guatemala advirtió en un informe divulgado en diciembre sobre el aumento permanente y acelerado del número de homicidios desde 1999.
Hasta ese entonces se habían registrado 3.114 homicidios, de los que 364 fueron víctimas mujeres, y en su mayoría perpetrados con armas de fuego, según datos divulgados por GAM.
"La ONU alberga grandes esperanzas de éxito para la Cicig", señaló Pascoe. Agregó que la "Cicig es una iniciativa de y para los guatemaltecos con respeto a su soberanía", y que se espera poder brindar un modelo para otras naciones que también enfrentan desafíos en la lucha contra la impunidad.
"Trabajamos para hacer de la Cicig un éxito para Guatemala y un ejemplo para el mundo", sentenció. Describió su puesta en marcha como una "oportunidad histórica para Guatemala y las Naciones Unidas".
El canciller guatemalteco, Ger Rosenthal, por su parte, ubicó la instalación de la Cicig como "un evento muy significativo, que puede tener un gran impacto para el futuro del país".
El presupuesto destinado al organismo, que tendrá una sede operativa y otra pública, procede en su totalidad de donaciones de la comunidad internacional y ronda, según detalló Castresana, los 30 millones de dólares.
El comisionado español entiende que los principales obstáculos para el funcionamiento de esta Comisión podrán ser "la resignación o la desidia".
"Guatemala es un lugar poco propicio para la justicia", pero "ustedes pueden hacerlo si nos dejan ayudarles", reivindicó.
