Las zonas más pobres y donde los indígenas son mayoría registran menos hechos de violencia que en el resto de Guatemala, según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en cuyo informe alerta del aumento permanente y acelerado del número de homicidios desde 1999.
"La violencia tiende a distribuirse mayoritariamente en los municipios menos pobres y sin mayoría de población indígena, lo que hace necesario profundizar en el análisis de la relación de la violencia con la inequidad", dijo en conferencia de prensa Arturo Matute, especialista de Programa en Prevención de la Violencia.
La pobreza en la que viven 51 por ciento de los 13 millones de guatemaltecos afecta especialmente a los aborígenes, que representan 41 por ciento de la población del país, según datos del Instituto Nacional de Estadística.
El Informe Estadístico de la Violencia en Guatemala, basado en datos oficiales de la Policía Nacional y que fue presentado este miércoles, advierte que este país registró el año pasado 47 homicidios por cada 100.000 habitantes, y recalca el deterioro de la inseguridad ciudadana desde 1999.
El documento compara la situación de este país con El Salvador y Honduras, que en 2005 registraron 59,91 por ciento y 59,6 por ciento de homicidios por cada 100.000 habitantes, respectivamente.
"La tendencia es un deterioro gradual a través de los años, que no se ha logrado revertir a pesar de los esfuerzos y que coloca a Guatemala entre los países con más altas tasas de homicidios de América Latina", afirmó en la conferencia de prensa realizada el martes por el representante residente del PNUD en el país, Beat Rohr.
En 1999, se registraron 2.655 homicidios, frente a 5.885 en 2006, se indica en el informe.
En cuanto a los llamados feminicidios, el informe subraya el aumento sostenido de los crímenes contra las mujeres desde 2001, cuando se registraron 303 homicidios, hasta 2006, cuando se contaron 603.
El informe del PNUD contiene las denominadas Encuestas de Victimización, realizadas durante los últimos tres años y que pretenden "completar las estadísticas oficiales" dando a conocer cómo se sienten los habitantes de Guatemala ante el problema de la inseguridad, explicó Matute.
Los sondeos se llevaron a cabo en 639 hogares de la ciudad de Guatemala, entrevistando a de 2.725 personas mayores de 18 años.
Una encuesta realizada en el primer semestre de este año en la capital del país indicó que 37,3 por ciento de los hogares (algún miembro de la familia) fueron afectados por hechos ilícitos (en 80 por ciento robos o asaltos) en ese periodo.
Además, en este lapso, 74,9 por ciento de los ilícitos no fueron denunciados a las autoridades, según la consulta, en la cual se indica que 59 por ciento de los entrevistados argumentaron que la denuncia no sirve para nada, frente a 13,1 por ciento que alegaron que no fue grave y 9,7 por ciento que teme represalias.
En Guatemala existe en general una gran desconfianza en el sistema de justicia y los cuerpos de seguridad del Estado, en los cuales ha logrado penetrar el crimen organizado.
El 26 de septiembre, Julio Hernández Chávez renunció al cargo de director de la Policía Nacional Civil después de que dos de sus escoltas fueran acusados del asesinato de cinco supuestos narcotraficantes, quienes habían sido secuestrados días antes en un barrio de esta capital.
Precisamente para reforzar el sistema de justicia de este país, afectada por altos índices de violencia, criminalidad y corrupción, se aprobó de urgencia el 1 de agosto la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig), fruto de un acuerdo suscrito el año pasado entre el gobierno de Oscar Berger y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El cuerpo que investigará los poderes paralelos al Estado estará integrado por investigadores, forenses, fiscales y juristas de este país y del exterior, tanto de América Latina como de Estados Unidos y Europa, especializados en derechos humanos, en material penal e internacional.
En lo que va de año, se han producido 3.114 homicidios, de los que 364 fueron víctimas mujeres, y en su mayoría con armas de fuego, según el informe divulgado por el no gubernamental Grupo de Apoyo Mutuo (GAM).
Seis encuestas realizadas en los últimos tres años señalan que en la ciudad de Guatemala los hombres son más afectados por hechos ilícitos que las mujeres y que la criminalidad la cometen jóvenes contra jóvenes, ya que el rango de edad tanto de víctimas como de victimarios está entre 18 y 35 años.
Además, los sondeos confirman que la inseguridad fue la principal preocupación de los habitantes de la capital, al concentrar 61,5 por ciento de las entrevistas, durante el primer semestre de este año, seguido del desempleo, con 14,7 por ciento.
Las mujeres, según dan a conocer los sondeos realizados, se sienten más inseguras que los hombres, aunque en número sean menos castigadas por la violencia.
El sentimiento de vulnerabilidad ante el crimen lleva a muchas familias a invertir en seguridad privada en sus hogares. Según la muestra del PNUD, un promedio de 10,9 por ciento de los hogares del municipio de ciudad de Guatemala tiene contratado este servicio.
Interrogados sobre quiénes piensan que son los principales delincuentes de su barrio, los entrevistados apuntaron más a ladrones comunes que a integrantes de las maras (pandillas juveniles) durante las encuestas realizadas desde 2005 a la fecha.
El informe del PNUD, que está recogido en un libro que se presenta este miércoles en la capital, alerta de que la percepción de inseguridad afecta negativamente la calidad de vida de las personas.
Guatemala presenta indicadores de violencia que superan a Colombia, el único país que continúa viviendo un conflicto armado interno en la región y que data de comienzos de los años 60.
Las extorsiones son el pan de cada día en los barrios más empobrecidos de la capital, donde muchas personas huyen de sus hogares y dejan atrás sus trabajos.
Entre las recomendaciones sugeridas por el PNUD están la atención prioritaria a la juventud en materia de prevención de la violencia y la seguridad ciudadana, y medidas territoriales de control de armas integradas a acciones de prevención participativa de la violencia.
