Con una ley de refugio que cumple 10 años, Brasil y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) celebran los avances alcanzados. Pero persisten muchos obstáculos para la inserción de los refugiados.
Un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), divulgado el martes en Brasilia, destaca el papel de Brasil en el escenario regional de protección internacional.
El "Plan de Acción de México El impacto de la solidaridad regional" sostiene que en Brasil 70 por ciento de la población refugiada y solicitante de asilo "recibe la capacitación apropiada sobre los procedimientos de refugio y sus derechos humanos" mientras que en el resto de América Latina esa proporción cae a 10 por ciento.
El PAM, adoptado por 20 gobiernos latinoamericanos en 2004, es un marco regional para brindar protección a las personas víctimas del desplazamiento forzado.
Según el Comité Nacional para Refugiados (Conare) del Ministerio de Justicia de Brasil, de los 3.461 refugiados registrados en este país, procedentes de 70 países, 80 por ciento de naciones africanas como Angola, Liberia y República Democrática del Congo. Además, 25 por ciento son mujeres.
El informe del Acnur, que evalúa la implementación del PAM entre inicios de 2005 y julio de 2007, subraya que Brasil reconoció la mayoría de las solicitudes de refugio por persecución motivada en el género o en el tráfico de seres humanos (123 casos en 242).
Para la coordinadora del Conare, Nara Conceição, este país tiene mucho que celebrar.
"Tenemos una ley generosa, somos un país solidario y estamos listos para recibir gente que efectivamente necesite protección internacional", dijo Conceição a IPS.
Según el Acnur, Brasil, con más de 188 millones de habitantes, "tiene la más extensa red de protección a refugiados en asociación con la sociedad civil. Un total de 96 entidades en todo el territorio, por donde pueden circular libremente".
Brasil se comprometió a ofrecer protección a quienes huyen de situaciones de peligro y persecución al adherirse a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951 y a su respectivo Protocolo, de 1967.
Esos tratados establecen normas internacionales para el tratamiento de los refugiados, y aseguran sus derechos a empleo, educación, vivienda, libertad y locomoción, acceso a la justicia y seguridad.
El Conare es el organismo público responsable de recibir los pedidos de refugio, determinar si los solicitantes reúnen los requisitos para obtener el estatus de refugiados y otorgarles documentación que les permita residir en el país, trabajar y tener acceso a servicios públicos.
Según la Convención, son refugiadas las personas "que debido a fundamentados temores de persecución por su raza, religión, nacionalidad, asociación a determinado grupo social u opinión política, están fuera de su país de origen y que en consecuencia de dichos temores no pueden o no quieren regresar al mismo".
Para el angoleño Fernando Ngury, presidente del Centro de Defensa de los Derechos Humanos de los Refugiados (Cedhur) y ex presidente de la Asociación de los Refugiados Africanos en Brasil, la situación de esa población no es ideal como se la presenta.
Gran parte de los africanos salen huyendo de gobiernos dictatoriales, de la represión, de la tortura, de los conflictos armados, de masacres, de la intolerancia política, religiosa y étnica, dijo Ngury a IPS.
"Muchos jóvenes llegan a Brasil de casualidad", dice Ngury. "Entran en un navío creyendo que van hacia Europa y de pronto llegan a Brasil. A veces, en el camino son arrojados al mar", denunció el activista y reclamó mayor fiscalización de las agencias internacionales sobre el fenómeno.
Ya en tierras brasileñas, según Ngury, los africanos enfrentan otras formas de discriminación que dificultan su inserción.
"Primero, por el hecho de ser negros. Segundo, porque son pobres. Tercero, porque son refugiados" y la sociedad brasileña, el empresario y muchos agentes públicos "creen que refugiado es bandido, un delincuente que huyó de su país", señaló al ejemplificar que la mayoría viven en favelas, los barrios marginados de las grandes ciudades.
El presidente de Cedhur criticó los planes de asistencia del gobierno brasileño, implementados a través de organizaciones como la católica Cáritas. Esa ayuda "sólo se ofrece durante los primeros seis meses, y después son librados a su propia suerte", dijo.
Los refugiados reciben una libreta de empleo. Pero, "si los brasileños pobres y negros no consiguen trabajo, ¿cómo lo obtendrán los refugiados africanos?", se preguntó.
Las autoridades y el Acnur deberían poner en funcionamiento "programas específicos dirigidos al trabajo" y cursos superiores, no sólo "básicos, técnicos, de oficios" porque hay refugiados "que ambicionan una formación académica", alegó.
La entidad que representa Ngury consiguió convenios con tres universidades provinciales para que refugiados estudien en ellas sin la exigencia de exámenes de ingreso. Conceição reaccionó indignada ante los comentarios de Ngury, y aseguró que el Conare no lo reconocía como representante de los refugiados.
Pero la funcionaria admitió que subsisten grandes desafíos como conseguir la "integración local en mejores condiciones".
"No tenemos grandes recursos, y los refugiados sufren problemas semejantes a los de los brasileños, como de salud pública y otras situaciones precarias", reconoció.
Conceição aseveró que el programa de refugio "no es asistencialista", en referencia a que la ayuda cesa tras los primeros seis meses. "Después tienen que caminar con sus propias piernas", subrayó.
"Brasil ofrece protección internacional, cualquiera puede entrar independientemente de su religión o raza, aunque entre ilegalmente, pero no podemos hacer un acompañamiento privilegiado", insistió.
El informe del Acnur destaca que en Brasil los asilados tienen acceso a programas de salud y educación y a cursos de capacitación profesional. Y que sólo en 2007, el gobierno destinó 628.000 reales (unos 350.000 dólares) para asistencia humanitaria e integración.
Según Conceição, también podrían ser beneficiarios, como reclama la organización de Ngury, de las Becas Familias, una pequeña ayuda en efectivo que se entrega a millones de familias muy pobres.
Pero la ayuda financiera inicial que se entrega a los refugiados supera el valor de la otorgada a las familias pobres. Hay reglas que determinan sólo una asistencia temporal, y la distribución de la beca familia depende de los gobiernos locales, aclaró.
La coordinadora del Conare también se refirió a la situación de los inmigrantes procedentes de Colombia, que lleva casi medio siglo de conflicto armado interno y que es el mayor expulsor de refugiados de América y uno de los mayores del mundo.
Según las Naciones Unidas, existe un subregistro de refugiados colombianos en Brasil. Sólo 452 están reconocidos oficialmente, pero habría unos 17.000 residiendo en este país, sobre todo en zonas fronterizas. Este flujo habría aumentado en 300 por ciento desde 2004.
"Sólo consideramos a la población que nos solicita refugio, nadie puede obligar a nadie a pedir refugio", se justificó Conceição.
Muchos de esos colombianos son población que cruza en uno y otro sentido la frontera entre los dos países, añadió.
