Los aldeanos en las montañas que rodean a esta ciudad de Filipinas están cansados de que aviones fumiguen las plantaciones de banano y el viento expanda la nube tóxica sobre sus casas, el agua y sus hijos.
«Vuelan cada mañana, a las cinco», indicó un granjero local, al describir el ruido y el humo irritante que dejan los aviones, mientras pasan a pocos metros del suelo.
En el «sari sari» o tienda de comercio, en la localidad de Sirib, trabajadores y pequeños agricultores independientes se reúnen para beber ron «tanduay» y relajarse en sus horas de descanso.
A lo largo de la carretera están los campos de banano propiedad de la Corporación Lapanday, una de las compañías filipinas que produce para las multinacionales Del Monte, Dole y Chiquita, con sede en Estados Unidos, y para importadoras japonesas como Sumitomo.
Luego de dos años de protestas y cabildeo, los opositores a la aplicación aérea de pesticidas por parte de las compañías de banano tuvieron una victoria cuando el concejo municipal de Davao, bajo la presidencia del alcalde Rodrigo Duterte, aprobó una ordenanza en febrero prohibiendo la práctica.
Y, a pesar de la influencia de la industria bananera en estas zonas, la consiguiente petición en un tribunal regional para anular la reglamentación fue derrotada.
Pero ésta podría ser tan sola una prohibición temporal. El 16 de noviembre, el Tribunal de Apelaciones aprobó una orden de restricción temporaria suspendiendo la prohibición sobre la fumigación aérea por 60 días.
El administrador de la ciudad de Davao, Wendel Avisado, dijo a periodistas que ahora buscaba vías para presentar una apelación contra el levantamiento de la prohibición, que minimizó y consideró simplemente algo «parte del proceso judicial».
El banano es la segunda mayor cosecha de exportación. La isla de Mindanao produce 75 por ciento de los campos. La Asociación de Productores y Exportadores de Banano de Filipinas, que representa a 19 corporaciones, tiene una petición en el Tribunal de Apelaciones arguyendo que la ordenanza es inconstitucional y causará un sustancial daño económico en la región.
Protagonistas en ambas partes de la batalla legal creen que el diferendo debería resolverse en la Corte Suprema.
La oposición a la fumigación aérea comenzó cuando los habitantes vieron que sus cosechas de coco, cacao y lanzones cayeron más de 50 por ciento a causa del contacto directo con los químicos y de una plaga de áfidos que huyeron de los campos de banano fumigados.
Las cosechas de verduras se marchitaron y el ganado murió debido a la contaminación del agua.
Fue en esos momentos de dificultad que los pequeños agricultores con frecuencia consideraron una oferta de las compañías bananeras: «Véndannos su tierra y nosotros les daremos empleo».
La industria bananera asegura que el fungicida que utiliza, el Dithane, está clasificado en la categoría de menos dañinos en la lista de la Autoridad Filipina de Fertilizantes y Pesticidas, pero estudios elaborados por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos indican que contiene elementos que causan cáncer.
Una investigación en las áreas afectadas, como Sirib, por la compañía Kalusugan Alang sa Bayan (Salud para la gente) muestra elevados niveles de cáncer, defectos de nacimiento, parálisis cerebral y asma. También se han detectado casos de fiebre, vómitos y erupciones en la piel tras la exposición al producto.
Sesenta y dos por ciento de los entrevistados denunciaron haber sufrido una verdadera «ducha de pesticida» durante la fumigación aérea. Los cultivos de banano son discontinuos e irregulares, y los aviones al parecer no respetan las zonas de exclusión, destinadas a las áreas habitadas y donde hay recursos de agua, especificadas en las autorizaciones ambientales recibidas por las firmas.
«Si las plantas se mueren, ¿qué va a pasar conmigo?», preguntó Rosita Bacalso al mostrar las manchas blancas en sus brazos, causadas por las fumigaciones en la plantación de banano de la firma AMS, vecina a su casa.
Bacalso y su esposo son miembros de la organización Mamamayan Ayaw sa Aerial Spray (Gente contra la Fumigación Aérea) que, junto el grupo ambiental Interface Development Interventions (IDIS), organizó viajes semanales para protestar frente a la alcaldía de Davao luego de que fracasó el diálogo inicial con las compañías bananeras.
Brian Agrazamendez, de IDIS, contó que al comienzo las reuniones eran de apenas 30 aldeanos, pero finalmente se necesitaron 30 vehículos para trasladar a unas 110 personas. Luego de nueve meses de intenso cabildeo y campaña, la prohibición fue ratificada.
Aunque hay otras dos provincias en Mindanao que prohíben la fumigación aérea, Bukidnon y Cotobato Norte, fueron más bien medidas preventivas y en áreas en las que no hay un fuerte cabildeo de la industria bananera.
Lo que hace de la ordenanza en Davao un hito, subrayó la directora ejecutiva de IDIS, Lia Esquillo, es que «sucede por primera vez en un lugar donde existe una afianzada industria bananera con una larga historia (30 años) de fumigación aérea».
Ahora las compañías bananeras temen que se produzca un efecto dominó en otras regiones, así como en otros aspectos de la economía. Argumentan que no pueden pagar un cambio a métodos manuales o de rociado para aplicar los químicos y alertan que, si las ganancias caen, un gran porcentaje de sus aproximadamente 5.000 trabajadores que dependen directamente de la industria bananera en Davao perderán sus empleos, no sólo en las plantaciones sin también en la parte de empacado, transporte y venta.
Ya corrió la voz de que las corporaciones bananeras podrían reubicarse en áreas en donde la fumigación aérea no está prohibida.
El 19 de noviembre, la Corporación Lapanday anunció que despediría 200 trabajadores y que se veía obligada a reducir sus cultivos debido a que la ordenanza le hace imposible controlar las enfermedades en Sigatoka sin fumigación aérea. La empresa calificó la prohibición de «dolorosa».
«Ellos piensan en sus negocios. Pero, ¿qué pasa con los otros, con los agricultores de coco y cacao?», señaló Leo Avila, consejero del primer distrito de Davao.
Avila, uno de los arquitectos de la ordenanza y con asiento en el Comité de Ambiente y Recursos Naturales y en el Comité de Agricultura y Alimentación, es consciente del equilibrio necesario entre el ambiente y la economía.
«Las grandes plantaciones contribuyen con el sustento de las personas, y muchos están dispuestos a exponerse a químicos mortales ante la falta de otra alternativa. Pero creo que la agricultura debe ser sostenible», dijo.
Avila señaló que si las compañías bananeras se mudaban de Davado podrían ser reemplazadas por proyectos de agriculturas más benévolos con el ambiente para proveer empleos y ganancias.
Asimismo, indicó que ya hay plantaciones que son «bajas en químicos» y que, en la comunidad de Sibulan, agricultores indígenas están produciendo bananas orgánicas para su exportación a Europa y Japón.
Defensores de la prohibición creen que las compañías no necesitan realizar fumigación aérea para sobrevivir, como puede comprobarse en los distritos de Bukidnon y Baguio, donde, de hecho, se están expandiendo sin la utilización de esa práctica.
*Este artículo es parte de una serie sobre desarrollo sustentable producida en conjunto por IPS (Inter Press Service) e IFEJ (siglas en inglés de Federación Internacional de Periodistas Ambientales).
