Hace poco más de un año, la organización humanitaria no gubernamental francesa Acción contra el Hambre era una de las que contaba con más presencia en Sri Lanka, con 200 socorristas en el terreno. Hoy apenas quedan nueve.
Esta institución, conocida por sus siglas en francés ACF, operaba en el norte y oriente del país, áreas sacudidas por la guerra. Actuaba en cuatro distritos de mayoría tamil: Ampara, Batticaloa, Jaffina y Trincomalee. Ahora sólo cuenta con una oficina en la capital.
Todo cambió para ACF el 4 de agosto de 2006, cuando 17 socorristas que trabajaban en la ciudad de Muttur fueron ejecutados con disparos en la nuca en el edificio de la organización, atrapados en una batalla entre el ejército y los insurgentes Tigres para la Liberación de la Patria Tamil.
Testigos que recuperaron los cuerpos tres días después de la masacre dijeron que los 17 hombres, todos de la etnia tamil, fueron, al parecer, formados en una línea y fusilados a corta distancia.
Ese fue el peor ataque contra personal humanitario desde agosto de 2003, cuando 23 empleados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), entre ellos el entonces subsecretario general del foro mundial Sergio Vieira de Mello, murieron en un atentado con explosivos en Bagdad.
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ACF se vio forzada a cerrar todas sus oficinas distritales y a operar desde Colombo. Aunque volvió a instalarse en Batticaloa este año, debió retirarse de la zona al poco tiempo por la falta de seguridad.
"La situación en el área no nos hubiera permitido implementar adecuadamente nuevos programas en las áreas de reasentamiento", dijo a IPS el director de ACF para Sri Lanka, Loan Tran-Thanh.
La organización no tiene planes inmediatos de retornar a los distritos en los que operaba ni para aumentar su personal. "Tenemos nuestra sede en Colombo. Estamos siguiendo el proceso judicial abierto tras la masacre y la situación humanitaria en el país", agregó..
La investigación de los asesinatos progresa con extrema lentitud, incluso la que está a cargo de una Comisión Presidencial Especial asistida por personalidades del exterior. Ningún sospechoso ha sido arrestado, a pesar de la generalizada condena internacional a la masacre.
"No hubo intentos suficientes para castigar a los responsables", señaló el secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, en un informe sobre la protección de civiles en zonas de conflicto.
El Grupo Internacional Independiente de Personas Eminentes (Iigep, por sus siglas en inglés), encabezado por el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia de India, P. N. Bhagwati, que asiste a la comisión presidencial, también criticó el lento ritmo de las investigaciones.
"El Iigep continúa preocupado por la velocidad del proceso. Aunque se inició el 14 de mayo, pocos testigos han sido examinados desde entonces", señaló el grupo en su último informe.
Los críticos de la investigación afirman que ninguno de los civiles presentes en Muttur en el momento de la masacre han sido entrevistados.
Asimismo, nadie se presentó a ofrecer evidencias, lo cual fue atribuido a la ausencia de un programa de protección de testigos. Algunos de los pocos interrogados por la comisión han recibido amenazas.
Activistas en Colombo consideran que la masacre fue parte de un proceso más amplio de deterioro de la situación de los derechos humanos en el país desde diciembre de 2006.
La Fundación para la Ley (LST, por sus siglas en inglés), con sede en Colombo, informó que en los primeros siete meses de este año 662 personas han sido asesinadas y 540 han desaparecido.
La LST destacó que entre los desaparecidos figuran nueve socorristas locales. El Consorcio de Agencias Humanitarias de Colombo indicó, por su parte, que, entre enero y agosto de 2007, 30 miembros de organizaciones de ayuda han sido asesinados.
"Esta es una tendencia constante. Hemos visto una serie de abusos por los que nadie tuvo que rendir cuentas. Tiene que haber algún mecanismo para que la situación cambie. Su permanencia en el tiempo no ayudará de manera alguna", dijo a IPS Rukshan Fernando de LST.
Los estudios de la organización revelan que gran parte de las víctimas son hombres jóvenes de la septentrional península de Jaffna y pertenecientes a la minoría tamil.
La mayoría de los desaparecidos (84 por ciento) y asesinados (78 por ciento) son tamiles. La LST determinó también que 20 por ciento de los secuestrados son hombres jóvenes de Jaffna.
"Esto debería indicarnos algo", señaló Fernando.
Las agencias humanitarias que han visto a su personal local convertirse en víctimas de la creciente ola de violencia coinciden con Fernando en que existe un clima de impunidad.
A mediados de mes, un empleado de Halo Trust, agencia dedicada a la limpieza de terrenos minados, fue asesinado en Jaffna.
"Creo que no son un blanco por su actividad sino porque son hombres jóvenes", dijo a IPS Steen Wetlesen, administrador local del Grupo Danés de Desminado, cuando uno de sus miembros fue asesinado en agosto, también en Jaffna.
En ese caso, la víctima habría sido elegida específicamente como blanco por los atacantes mientras viajaba en una motocicleta con un colega, quien escapó con algunas heridas. Otros, que iban en una segunda moto, resultaron ilesos. El grupo armado persiguió al joven y le disparó.
Incluso organismos de la ONU han experimentado los peligros creados por el clima de animosidad contra las agencias de ayuda, especialmente en el sur del país.
Un legislador nacionalista acusó al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) de colaborar con la Organización de Rehabilitación Tamil, cuyos activos financieros fueron congelados este mes en Estados Unidos por considerarla de una fachada de los Tigres, considerados por Washington como una organización terrorista.
"Las acusaciones comprometen seriamente nuestra capacidad para desarrollar nuestro trabajo y ponen en peligro nuestra seguridad", señaló un comunicado de Unicef.
Fernando considera que se necesita un cambio drástico para que la situación mejore y crímenes como el de los miembros de la ACF sean correctamente investigados.
"A un año del inicio de actividades de la comisión presidencial no se ve ninguna mejora tangible en la situación de derechos humanos en Sri Lanka", dijo Vahaban Fonseca, del Centro para Políticas Alternativas.
"Si hay algo, es un aumento en el número y un agravamiento en la naturaleza de las violaciones a los mismos. La falta de avances en las investigaciones, acusaciones y condenas exacerba la cultura de impunidad", agregó.
El cambio imperativo, según Fernando, es el establecimiento de un mecanismo internacional de supervisión de los derechos humanos. "La experiencia pasada demuestra que los organismos locales son insuficientes e inadecuados", afirmó.
Sin embargo, el gobierno nacionalista del presidente Mahinda Rajapakse ha rechazado cualquier intervención internacional, y ha negado en reiteradas ocasiones que las fuerzas oficiales de seguridad violen los derechos humanos.
El subsecretario general de la ONU para asuntos humanitarios, John Holmes, dijo al visitar Sri Lanka en agosto que existe preocupación por la seguridad de los trabajadores humanitarios. "Los antecedentes en esta materia aquí son de los peores del mundo", afirmó.
