En medio de la persistente crisis política, el presidente de la República Democrática del Congo, Joseph Kabila, demandó al jefe rebelde Laurent Nkunda el desarme de sus 5.000 hombres y el reintegro al ejército nacional.
Se ignora si el líder guerrillero aceptará o si el presidente cumplirá su promesa de desarmarlos, por la fuerza si es necesario.
Nkunda prometió cooperar a principios de octubre, pero, sin embargo, sus seguidores permanecen en las colinas boscosas de la provincia de Kivu del Norte.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), que tiene desplegada en ese país una fuerza de paz de 17.000 soldados, sólo confirmó la rendición de 200 de los 500 insurgentes que había prometido enviar en gesto de buena fe.
El ejército congolés hizo más confusa la situación al decir que 750 seguidores de Nkunda se habían entregado.
[related_articles]
Por otra parte, la semana pasada se registraron los peores enfrentamientos entre ambos bandos desde el llamado de Kabila al desarme, en una ciudad cercana a la frontera con Ruanda.
Nkunda se ha mostrado reticente a sumarse al ejército nacional. La razón principal es que desea proteger a los civiles de la etnia tutsi —a la que él pertenece— de grupos armados que incluyen a miembros de la etnia hutu que tomaron parte del genocidio en Ruanda en 1994.
En esa ocasión, alrededor de 800.000 tutsis y hutus moderados fueron asesinados por los grupos radicalizados.
Los grupos hutus supuestamente apoyan a Kabila, pero el gobierno niega la existencia de vínculos y prometió desarmarlos o expulsarlos. Este domingo, las cancillerías de República Democrática de Congo y de Ruanda difundieron una declaración conjunta reiterando la importancia de desarmar a las milicias hutus.
Sin embargo, "en Kivu del Norte no se han dado muchos pasos en la dirección correcta, sino que se han incrementado los temores", dijo Séverine Autesserre, profesora adjunta de ciencias políticas de la estadounidense Universidad de Columbia, en referencia a las posibilidades de integración al ejército de las diversas facciones.
"La gran mayoría no quiere dejar las armas porque cree que sus tierras y comunidades están en peligro", agregó.
Combates esporádicos en la zona oriental del país afectaron severamente a los civiles. Escaramuzas entre el ejército, Nkunda y otras milicias provocaron este año el desplazamiento forzoso de 370.000 personas en Kivu del Norte y Kivu del Sur, el epicentro del conflicto según la ONU.
Las violaciones a los derechos humanos son una práctica común de todas las facciones. El uso de niños soldados está en aumento y el abuso sexual ha sido un rasgo característico de este conflicto.
"Si continúan los enfrentamientos habrá más crímenes contra los civiles", señaló en octubre un informe de la organización no gubernamental Human Rights Watch. "Resulta claro que, si no se encuentra la voluntad política para encarar los temas fundamentales, será la población de Kivu del Norte la que sufrirá más", agregó.
La región oriental, rica en minerales, ha sido un área de conflicto por largo tiempo. Pero las elecciones del año pasado, las primeras desde 1965 en las que compitieron varios partidos, generaron nuevas esperanzas entre la población que ha experimentado un estado de tensión casi permanente desde 1997.
Desde ese año y hasta 2003 hubo dos guerras civiles que provocaron casi cuatro millones de muertes, la mayoría a causa de las enfermedades y el hambre. No se registró una cifra similar en ningún otro país desde el fin de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).
Kabila prometió paz, que lograría compartiendo el gobierno con los líderes rebeldes de la región oriental, eliminando a las milicias hutus radicalizadas y restaurando las relaciones con Ruanda y Uganda. Estas naciones limítrofes y sus aliados locales combatieron contra las tropas congoleñas durante las dos guerras civiles.
Pero las fuerzas de Kabila no pudieron —o no quisieron— eliminar a algunas facciones que apoyaron al gobierno durante los años de conflicto, como los Mai Mai y las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda, que incluyen a genocidas.
A fines de octubre, sin embargo, varias docenas de Mai Mai se rindieron.
Nkunda había peleado previamente para la Unión Congoleña para la Democracia-Goma, uno de los principales grupos rebeldes que tenía el apoyo de Ruanda. Luego del cese del fuego se unió al gobierno de transición que condujo el país a las elecciones, pero rompió con el Estado en 2004, con el pretexto de proteger a los tutsis.
A pesar de estar buscado por crímenes de guerra, se permitió a Nkunda volver al ejército a fines de 2006 para combatir a las milicias hutus. Con el dinero y las armas del gobierno extendió su poder en la zona oriental del país, lanzando ataques contra los insurgentes y otras personas, lo que alimentó el conflicto en la región.
Kabila le envió un ultimátum, fijando el 15 de octubre como fecha límite para que sus hombres se volvieran a unir al ejército nacional. Debían entregarse en varios centros de integración supervisados por la ONU.
Pero Nkunda no cumplió con el plazo y el gobierno, bajo intensa presión diplomática, lo extendió indefinidamente. El 26 de octubre, Kabila se reunió con el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, y le pidió ayuda para estabilizar la zona oriental del país. Tres días más tarde funcionarios de Washington anunciaron un acuerdo para entrenar a una fuerza congoleña de despliegue rápido.
Empero, el pedido de fondos que incluyó el gobierno de Bush en el presupuesto 2008 —unos 80 millones de dólares— no alcanzan a cubrir las necesidades para ese año. Además, están dedicados fundamentalmente a asistencia humanitaria, no a los programas de desarme que son la clave para prevenir futuros enfrentamientos en Congo oriental.
"Los esfuerzos para resolver el conflicto no han ofrecido alivio a la población local", dijo Anneke Van Woudenberg, de Human Rights Watch. "Los políticos deben tomar medidas ya, si se quiere que los congoleños sean protegidos y se haga justicia por los crímenes del pasado", agregó.
Las tensiones últimas amenazan con arrastrar nuevamente a Ruanda al conflicto, al cual ingresó en años anteriores para perseguir a hutus involucrados en el genocidio.
Pero el presidente ruandés, Paul Kagame, niega que sus tropas se estén preparando para cruzar la frontera, a pesar de informes que señalan que apoya a Nkunda.
Burundi, que también experimentó tensiones entre hutus y tutsis, también podría sumarse al conflicto si la violencia étnica se extiende a su territorio.
"Kabila busca una solución militar, pero el problema es que sus tropas tienen un consistente historial de fracasos, además de ser las principales responsables de violaciones a los derechos humanos", señaló Herbert Weiss, un académico del Centro Internacional Woodrow Wilson, con sede en Washington.
"Es dudoso que tengan los recursos o el coraje para derrotar a Nkunda y a los otros grupos rebeldes", agregó.
