La decisión del presidente izquierdista de Nicaragua, Daniel Ortega, de poner en funciones este viernes los Órganos del Poder Ciudadano (CPC), que apuntan a crear un modelo de «democracia directa» profundizó la crisis política entre los poderes del Estado, según analistas y activistas de la sociedad civil.
El Congreso legislativo, controlado por la oposición y disidentes del oficialismo, había votado en contra de la creación de los CPC mediante una ley de rechazo. El presidente ejerció su poder de veto, pero los legisladores reunieron el número suficiente de votos para mantener firme su pronunciamiento. Ortega afirmó que a pesar de eso, no tiene intenciones de cambiar sus planes. "No le están haciendo daño al gobierno. Es al pueblo, porque están paralizando su trabajo y me obligarían a mí a gobernar por decreto", dijo el presidente.
Ortega encomendó la dirección de los CPC a su esposa, Rosario Murillo, quien señaló que "están cometiendo el grave error de querer negarle al pueblo el derecho de organizarse. Eso no se puede hacer. Nosotros vamos a instalar el viernes 30 de noviembre el gabinete de los consejos", que se han estado formando durante los últimos cinco meses en todos los barrios y comarcas rurales del país.
La oposición considera que los CPC constituyen un intento de reeditar los órganos de represión y control que existieron durante el primer gobierno del Frente Sandinista para la Liberación Nacional (FSLN) entre 1979 y 1990.
Según el diputado liberal José Pallais "son organizaciones controladas por militantes sandinistas y funcionan como estructuras del gobierno con fines partidarios".
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El 21 de noviembre 52 diputados opositores y disidentes del sandinismo, que suman mayoría en el Congreso legislativo, votaron contra la creación de los CPC. El oficialismo sólo controla 38 de las 92 bancas de la Asamblea Nacional unicameral.
El veto presidencial fue rechazado por las bancadas de los derechistas Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Alianza Liberal Nicaragüense y el izquierdista disidente Movimiento de Renovación Sandinista, que calificaron su voto como un paso "histórico" en sus esfuerzos por formar un bloque común contra el presidente.
La decisión legislativa fue recurrida por el gobierno ante el Tribunal de Apelaciones de Managua, que la dejó sin efecto hasta que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie.
El máximo tribunal está integrado por ocho magistrados sandinistas y ocho liberales afines al PLC, liderado por el ex presidente Arnoldo Alemán (1997-2001), quien cumple una condena de 20 años de prisión por corrupción en la función pública.
La Corte Suprema no puede decidir por mayoría el futuro legal de los CPC. A raíz del empate, Ortega anunció su decisión de seguir adelante con la iniciativa.
"La mayoría legislativa acusa al Poder Judicial de beneficiar a Ortega directamente y a Alemán indirectamente, ya que cuando se traban los poderes sólo se destraban mediante la negociación política", afirmó el director ejecutivo del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos, Bayardo Izabá.
En respuesta a la decisión de Ortega, la oposición parlamentaria resolvió no aprobar leyes enviadas por el gobierno hasta que desista de su idea de instaurar los consejos.
"Los CPC van a ser el germen de un nuevo modelo político alternativo, en donde la gente va a comenzar a tomar decisiones y a cumplir con el mandato de que la soberanía radica en el pueblo", dijo el miércoles el asesor presidencial Orlando Núñez.
De momento, lo único que el gobierno ha reconocido como funciones y misiones de los CPC, es que participen "como colaboradores" en la ejecución de políticas sociales como Hambre Cero, Usura Cero y el programa alfabetizador Yo Sí Puedo.
"No es el pueblo el que se organiza, es el FSLN que usará los recursos del Estado para clientelismo político, además de vigilar y atacar a la oposición", dijo a IPS Mario Quintana, directivo de Coordinadora Civil, que aglutina a más de 300 organizaciones no gubernamentales.
La referencia al clientelismo apunta a la decisión de Ortega de utilizar los CPC para vender frijoles, arroz y otros comestibles donados a Nicaragua como ayuda para enfrentar las consecuencias del huracán Félix, que azotó al país en septiembre.
El director del Instituto para el Desarrollo de la Democracia, Mauricio Zúñiga, señaló a IPS que la insistencia en la creación de organizaciones gubernamentales amenaza la igualdad de derechos de otras asociaciones civiles.
"Darle poder a una institución cuya legalidad está en discusión y reconocerle derechos que se niegan a otras amenaza la igualdad ante la ley", agregó Zúñiga, quien lamentó asimismo que el gobierno no tolere críticas a sus decisiones.
Ortega cuestionó reiteradamente a organizaciones de la sociedad civil que critican sus políticas, a cuyos miembros calificó como "instrumentos del imperio" (Estados Unidos), "peleles de los gringos" y "conspiradores".
"Ortega quiere hacer en Nicaragua con sus CPC lo que Fidel Castro hizo en Cuba con los Comités de Defensa de la Revolución y copiar la barbaridad del presidente Hugo Chávez, quien tiene dividida a Venezuela con los Consejos Comunales", afirmó el diputado liberal Wilfredo Navarro.
Edén Pastora, quien fue uno de los comandantes de las guerrillas del FSLN y luego se convirtió en combatiente antisandinista, comparó a los CPC con los órganos de seguridad y control social de los años 80.
"Antes se llamaban Comités de Defensa Sandinista y les decían los ojos y oídos de la revolución. Espiaban y denunciaban a los sospechosos de ser opositores. Hicieron mucho daño y ahora vuelven disfrazados de otro nombre", dijo Pastora.
Esos comités fueron creados en 1979, el año del triunfo de la revolución contra la dictadura de la familia Somoza. Entre otras funciones, distribuían alimentos, planificaban campañas de salud y educación, organizaban brigadas de defensa en las comunidades y controlaban a los opositores y desertores militares.
Ortega fue uno de los miembros de la Junta de Reconstrucción Nacional en los primeros años de la revolución. Fue elegido presidente en las urnas y gobernó Nicaragua entre 1985 y 1990. Ganó nuevamente la presidencia en las elecciones de noviembre de 2006, con 38 por ciento de los sufragios.
Según la investigadora social Dora María Téllez, ex guerrillera del FSLN, desde que Ortega asumió su segundo mandato encontró una fuerte resistencia en la oposición derechista y disidentes de izquierda que rechazan sus proyectos de ley argumentando que son "populistas".
Pero, por otro lado, halló receptividad para negociaciones con el PLC de Alemán, agregó.
El analista político Alejandro Serrano Caldera considera que el mayor riesgo que plantea la crisis actual es que desemboque en un nuevo pacto político entre Ortega y Alemán.
En octubre, ambos dirigentes anunciaron que estaban negociando una reforma constitucional.
Ortega propuso establecer un sistema parlamentario con un primer ministro, magistraturas vitalicias y restituir la reelección presidencial indefinida. Alemán propuso reformas al Código Penal para recobrar su libertad y aspirar así a la presidencia en 2011.
