La estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) de México aseguró que no hay obstáculos judiciales para construir La Parota, una gigantesca represa hidroeléctrica en el sureño estado de Guerrero, versión sorprendente ante evidencias que indican lo contrario.
"Proclamar un triunfo legal es irresponsable, está fuera de contexto y hasta es temerario", dijo este miércoles a IPS Mario Patrón, uno de los abogados del campesino Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a La Parota (Cecop).
"Parece que la orden es imponer el proyecto, dejando de lado la legalidad y sin considerar la voluntad de los campesinos que serían afectados. Pero ellos, que sí tienen resoluciones jurídicas en firme a su favor, no lo permitirán", señaló Patrón.
El proyecto de La Parota concitó la atención de ambientalistas y activistas sociales de México y del exterior que se oponen a las grandes centrales hidroeléctricas. El no gubernamental Tribunal Latinoamericano del Agua, con sede en Costa Rica, concluyó en 2006 que no era adecuado y que las autoridades engañaron a campesinos en su intento de llevarlo a cabo.
El director general de la CFE, Alfredo Elías, declaró el martes que el proyecto, detenido desde 2003, retomará su marcha pues el organismo ganó el 31 de octubre un juicio contra una resolución que había suspendido permisos otorgados por la Secretaría (ministerio) de Medio Ambiente y la Comisión Nacional del Agua.
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Elías afirmó que la CFE se proponía convencer de sus beneficios a poco más de 7.000 campesinos que rechazan que esa obra se erija en sus tierras.
El funcionario no mencionó que el Cecop, sus abogados y el no gubernamental Centro Mexicano de Derecho Ambiental interpusieron el 21 de noviembre un recurso de revisión de ese fallo judicial, cuya dilucidación en los tribunales puede tomar entre tres y siete meses.
Elías tampoco dijo que los permisos de la Secretaría de Medio Ambiente y de la Comisión Nacional del Agua no constituyen autorización para ocupar las tierras en las que se planifica la presa. Ese extremo requiere de un decreto expropiatorio que debería emerger de asambleas comunales que lo autoricen.
La proyectada represa, que costaría más de 1.000 millones de dólares y generaría unos 900 megavatios, ocuparía una zona en la que viven unos 30.000 campesinos cuyas tierras colindan con el río Papagayo.
La cortina que se proyecta levantar para aprovechar la fuerza del agua y mover los turbogeneradores produciría un embalse de 14.000 hectáreas, afectando los predios de 2.000 campesinos, según el gobierno.
Pero los críticos y algunos investigadores señalan que 20.000 personas sufrirían el impacto de la obra, que produciría además cambios culturales y ambientales irreversibles en la zona.
"Nos asiste la razón legal, cultural y social para impedir la construcción de la represa, pero también sabemos que hay intereses económicos poderosos que empujan el proyecto. Pero no pasará, que lo sepa el gobierno", advirtió en entrevista telefónica con IPS José Hernández, uno de los campesinos miembros del Cecop.
Marco Antonio Suástegui, otro integrante del Cecop, declaró que cualquier intento de imposición podría derivar en "un baño de sangre, porque tendrán respuesta de nuestra parte, hemos dicho desde un principio que nuestras tierras no están en venta, no se venden".
El director de la CFE insistió en que, ganada la batalla legal, la estrategia oficial apuntará a trabajar con los campesinos hasta lograr su anuencia.
La Parota generaría unos 10.000 empleos en la etapa de construcción y garantizará por 50 años la disponibilidad de agua potable para el balneario de Acapulco, en el estado de Guerrero, argumenta el gobierno.
El jurista Patrón, que trabaja para el no gubernamental Centro de Derechos Humanos de La Montaña "Tlachinollan", con sede en Guerrero, acusó al director de la CFE de mentir "vilmente" al afirmar que ya no hay impedimentos legales a la obra.
Patrón recordó que existen tres resoluciones judiciales firmes emitidas en los últimos años por un Tribunal Unitario Agrario que prohíben expresamente a la CFE efectuar obras relacionadas con la construcción de la represa.
Esos tres dictámenes declararon nulas las asambleas agrarias de consulta realizadas en 2005 en la zona de la represa y que en un primer momento sí autorizaron el proyecto.
Según los contrarios a la presa, a quienes la justicia dio la razón, esas asambleas se efectuaron de manera ilegal, mediante engaños y con presencia de campesinos no vinculados al proyecto.
Además de esos fallos, los campesinos de tres comunidades cuentan con amparos expresos que prohíben a la CFE realizar trabajos en sus tierras.
