Las autoridades de Italia pueden expulsar a ciudadanos de la Unión Europea (UE) a los que consideren una amenaza para la seguridad pública, merced a un decreto aprobado tras el asesinato de una mujer a manos de un rumano.
En los primeros tres días de vigencia de la medida, 39 rumanos fueron expulsados desde siete ciudades italianas.
La preocupación acerca de delitos cometidos por rumanos está al alza en Italia. Pero el asesinato de Giovanna Reggiani, de 47 años, cometido por Nicolae Mailat, impulsó a las autoridades italianas a tomar medidas drásticas.
La mujer fue golpeada, violada y asesinada en una solitaria calle de Tor di Quinto, un barrio marginal en las afueras de Roma habitado principalmente por rumanos.
La tasa de criminalidad de los rumanos es la más alta entre todas las comunidades inmigrantes en Italia. Según Carlo Mosca, jefe de policía de Roma, eran de este origen 4.700 de los alrededor de 8.000 extranjeros arrestados en Roma entre enero y septiembre.
A causa de la afinidad lingüística y cultural, Italia es uno de los principales destinos para los rumanos que buscan trabajo en el exterior. Los datos oficiales indican que 500.000 de ellos viven en Italia, pero organizaciones no gubernamentales señalan que el número se aproxima al millón.
El primer ministro italiano Romano Prodi dijo que no tenía intención de realizar deportaciones masivas. Luego de reunirse la semana pasada con su par rumano, Calin Popescu-Tariceanu, afirmó: "Nuestro objetivo es garantizar la seguridad tanto de los rumanos como de los italianos y asegurar la libertad de movimiento de las personas, uno de los pilares sobre los que descansa la UE".
Pero el decreto gubernamental habla otro lenguaje.
"La libertad de movimiento de la fuerza laboral es un derecho fundamental de los ciudadanos europeos y este principio no debe mezclarse con el combate del delito", dijo a IPS Peter Balazs, director del Centro de Estudios para la Ampliación de la UE, con sede en Budapest.
"Este decreto del gobierno italiano da la sensación de que dos temas diferentes —inmigración y criminalidad— han sido fusionados", agregó.
Funcionarios rumanos han puesto énfasis en esa distinción. Pero marcaron una diferencia, trazando un límite entre los gitanos rumanos y los ciudadanos "honestos" y "dedicados al trabajo".
"Me pregunto si es posible comprar una parte del desierto en Egipto para enviar a los gitanos allí", dijo el ministro de Relaciones Exteriores rumano Adrian Cioroianu, según versiones de prensa. Luego desmintió esa declaración, pero organizaciones gitanas y judías lo acusaron de discriminación.
Los políticos de este país han invertido un tiempo considerable para discutir la tasa de criminalidad de los gitanos, pero apenas mencionaron la persistente marginalización que sufre esta comunidad, en Rumania y el exterior.
Nicolae Mailat, de 24 años, procede de una familia pobre. De niño pasó años en una escuela correccional a causa de un robo. Cuando salió de la institución fue arrestado por el mismo delito.
"El ambiente de las escuelas correccionales en Rumania no permite la recuperación de estos niños", dijo a IPS Emilia Ciocoiu, asistente social que trabaja en una de esas instituciones en Rasnov, 160 kilómetros al norte de Bucarest.
"Nos falta personal y buena parte del existente no es profesional. Y no tenemos suficientes recursos", agregó.
Mailat se trasladó luego a Italia, pero no logró acceder a una vida mejor. Junto con su madre, recogía basura y chatarra que vendían para tener algún ingreso.
Tres semanas antes del asesinato de Reggiani, aparentemente infeliz con su vida en Italia, Mailat recurrió al consulado rumano para pedir que le permitieran volver a su país. Le dijeron que el permiso demoraría un mes.
La Asociación de Gitanos de Roma se ha quejado repetidamente de la ineficiencia del consulado.
El ministro de Relaciones Exteriores italiano, Massimo D'Alema, admitió, entrevistado por el diario rumano Cotidianul, que su país no había encontrado aún solución al problema de las poblaciones nómades..
"Si esto es dificultoso para Rumania, que tiene una larga experiencia de convivencia con los gitanos, imagine lo delicado de la situación para nosotros", dijo.
D'Alema declaró que no lo resultaba sorprendente que la mayoría de los delitos fueran cometidos por miembros de "una clase social y económicamente marginada".
Prodi y Tariceanu pidieron asistencia de la UE para reducir la tasa de criminalidad de los rumanos en Italia. "Los europeos deben hacer todo lo que esté a su alcance para prevenir que medidas improvisadas —como el decreto italiano— se tomen en materias críticas como ésta", dijo Balazs.
Otras voces advierten que la lucha contra el delito no debe apuntar a ninguna comunidad en particular.
"El Estado rumano se reveló cobarde e impotente al intentar descargar la culpa por este incidente en un grupo étnico", dijo Madalin Voicu, conocido músico y representante de los gitanos en Rumania.
"No se trata de que Mailat sea gitano. Quiero creer que todas las personas son iguales y que la criminalidad tiene que ver con la educación y las condiciones de vida, no con el color de la piel", afirmó.
