Los conceptos de justicia, debido proceso y verdad jurídica se tambalean en el caso de la masacre de 21 mujeres, 15 niños y nueve hombres indígenas, cometida 10 años atrás en Acteal, una comunidad del sureño estado mexicano de Chiapas.
Más de 100 personas están detenidas por ese crimen, la mayoría indígenas, pero muchas podrían ser inocentes. Además, hay 27 órdenes de detención pendientes. Diez ex funcionarios del gobierno de Chiapas, varios vinculados a la seguridad pública, fueron sancionados por omisión y despojados del derecho a ocupar cargos en el Estado.
Pero no hay autores intelectuales imputados por la matanza del 22 de diciembre de 1997.
La teoría de que se trató de un crimen fraguado en el marco de la doctrina contrainsurgente gubernamental para combatir al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) no cuenta con evidencias concluyentes.
Pero hay un hecho comprobado: en el momento de la matanza, fuerzas de seguridad que se encontraban cerca de Acteal fueron advertidas de lo que ocurría y pudieron haber intervenido, pero no lo hicieron.
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El caso que hizo temblar el sistema político mexicano está, desde inicios de 2005, en manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que aún no se ha pronunciado.
Organizaciones no gubernamentales, activistas y juristas defensores de familiares de las víctimas que interpusieron la denuncia ante la CIDH, sostienen que los indígenas fueron asesinados por unos 100 paramilitares entrenados para atacar a la guerrilla zapatista y a quienes identificaran como sus simpatizantes.
Desde esa perspectiva, los denunciantes señalan la impunidad del entonces gobierno estadual de Chiapas, de la Secretaría (ministerio) de Defensa y de la administración de Ernesto Zedillo (1994-2000).
"Sostenemos que fue un crimen de Estado, todo lo indica. Pero también hay que decir que el Estado y la justicia han sido omisos en aclarar el asunto, lo que alimenta las versiones encontradas y distintas sobre el crimen", dijo a IPS Edgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, conformada por 54 organizaciones humanitarias mexicanas.
Hay evidencias de que los muertos no eran zapatistas ni base social de esa insurgencia, alzada en enero de 1994 en la selva Lacandona.
Las versiones de las autoridades sobre la masacre, incluida una investigación que la Procuraduría General (fiscalía) efectuó en 1998, indican que fue resultado de conflictos entre comunidades indígenas.
La comunidad de Acteal se encuentra cerca de asentamientos campesinos que constituyen la base social del EZLN, pero también hay presencia de grupos contrarios a la guerrilla, añejas disputas vinculadas a filiaciones políticas y enemistades entre católicos y protestantes, anteriores a la aparición de los zapatistas.
En ese lugar pobrísimo, donde las familias siembran maíz en pequeños predios, unos 200 tzotziles del grupo Las Abejas oraban en un templo cuando llegaron los atacantes, presuntamente paramilitares, y mataron a 45 personas dentro del recinto, de acuerdo con la reconstrucción de la justicia.
La Procuraduría asegura que la balacera con armas de alto poder duró tres horas.
Pero no hay pruebas de que las muertes se perpetraron dentro de la iglesia, pues allí no se encontraron cuerpos, impactos de bala ni casquillos de los proyectiles percutidos. También está en duda el número de atacantes armados, ya que sólo se encontraron 52 casquillos en torno del templo, donde se recogieron los restos de las víctimas.
Las Abejas era una agrupación de indígenas católicos, surgida en 1992 y con presencia en 24 comunidades del municipio de Chenalhó, que optó por declararse neutral en la confrontación entre zapatistas y gobierno.
Un análisis del juicio sobre Acteal, realizado en 2006 por juristas del estatal Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), detectó graves fallas en los procedimientos y reveló que buena parte de las pruebas y testimonios eran dudosos.
El caso muestra "que la calidad de nuestro Poder Judicial sigue siendo muy pobre, o bien que sigue siendo un instrumento que legitima o tolera el abuso de la función acusatoria bajo artilugios formalistas y legalistas, especialmente cuando el acusado carece de recursos económicos o políticos para su defensa. Una tragedia como la de Acteal no se resuelve con otra injusticia", concluyó el análisis.
La investigación señaló que los jueces negaron de forma inexplicable la veracidad del testimonio de cinco indígenas que se confesaron ejecutores, según los cuales los muertos cayeron en medio de un enfrentamiento contra zapatistas, y que los atacantes no eran más de nueve.
Pero en Acteal no se hallaron cadáveres de esos supuestos guerrilleros.
Bajo la presión de activistas y grupos humanitarios, la Procuraduría ha sostenido en los últimos 10 años que más de 100 personas, integrantes de un grupo paramilitar al que sin embargo niega vínculos con el Estado, entraron a Acteal y mataron a los indígenas en la iglesia.
La mayoría de los condenados fueron detenidos el 25 de diciembre de 1997, tres días después de la masacre, cuando viajaban en un camión a una reunión convocada por una autoridad municipal, y pasaron cerca del cortejo fúnebre de Acteal.
La policía se guió por los gritos de los deudos que acusaban a todos los del camión.
Los testimonios de los sobrevivientes fueron dudosos, con cambios de declaraciones, discrepancias en la cantidad de atacantes y en su identificación.
Los jueces no repararon en que "los acusados fueran defendidos inicialmente por una persona no abogado y que el primer tramo de su defensa haya sido bastante deficiente por el hecho de su condición socioeconómica y étnica lingüística, el hecho de que no contaron con traductores, y el hecho de que una gran mayoría fueron detenidos de manera ilegal", apuntó la investigación del CIDE.
El crimen se cometió en momentos en que se acentuaban las diferencias entre el gobierno de Zedillo y el EZLN respecto del diálogo de paz suspendido en 1996.
La exégesis más frecuente es la del crimen de Estado dirigido contra el zapatismo.
Esa guerrilla, que no empuña las armas desde la segunda semana de 1994 tras declarar la guerra al gobierno, se mantiene enclavada en Chiapas con cierta tolerancia oficial, y desde allí sus integrantes se desplazan a otras zonas del país, impulsando propuestas políticas pacíficas.
La Red Todos los Derechos para Todas y Todos afirmó en octubre de este año en un comunicado que la matanza de Acteal "fue la muestra de lo que el Estado está dispuesto a hacer en la aplicación de la doctrina contrainsurgente contra la población".
"Me parece que ninguna verdad es absoluta sobre todo en este caso, donde la justicia ha actuado mal y ha demostrado sus trabas y taras", matizó Cortez, e incluso admitió grandes probabilidades de que varios de los detenidos fueran inocentes.
Cerca de cumplirse los 10 años del crimen, el historiador Héctor Aguilar Camín difundió en la revista Nexos una detallada investigación que desacredita la tesis del crimen de Estado.
Según Aguilar Camín, de cuyo análisis sólo se ha publicado la primera de tres partes, la masacre fue consecuencia de un conflicto entre grupos indígenas afines y opuestos al EZLN y sin participación de paramilitares.
Con esa versión, Aguilar Camín "busca fomentar la impunidad de los responsables materiales e intelectuales, y eximir la responsabilidad directa del Estado en ese crimen de lesa humanidad", dijo la Red Todos los Derechos para Todos y Todas.
El líder del EZLN, el "subcomandante Marcos", también arguyó que el historiador, a cambio de dinero, pretende "lavar el crimen de Estado que lleva el sello de una guerra de exterminio".
Para el portavoz del no gubernamental Secretariado Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina, Martín Hernández, la versión de Aguilar Camín no tiene asidero. "Todos los presos por las ejecuciones de Acteal son culpables, se les comprobó su participación, y aún faltan ser detenidos los autores intelectuales", afirmó.
El escritor Germán Dehesa se declaró alarmado porque "un historiador reconocido pretenda averiguar la verdad profunda de lo ahí acontecido y de inmediato se le venga encima la reacción de los 'ayatolas' de nuestra patética izquierda, dueños de la historia y poseedores de la única verdad posible".
Cortez matizó que Aguilar Camín "tiene todo el derecho a exponer su tesis, pero no la comparto". Como la justicia no ha dado respuesta adecuada, "hay terreno para diversas versiones", insistió.
Para la antropóloga Graciela Freyermuth el asunto es más complejo. En su trabajo "Violencia y etnia en Chenalhó: formas comunitarias de resolución de conflictos", publicado en 1999, afirmó que la masacre de Acteal no puede ser vista simplemente como resultado de "conflictos intra e intercomunitarios".
Tras una serie de enfrentamientos entre indígenas favorables a los zapatistas y seguidores del entonces gobernante Partido Revolucionario Institucional por la ejecución de tareas comunitarias, "en mayo de 1997 ingresaron a la zona las fuerzas de seguridad pública y los militares, lo que lejos de mitigar el conflicto", "polarizó aún más" las diferencias, afirmó Freyermuth.
"Poco después se hace más patente la existencia de un mercado negro de armas de fuego y proliferan los cultivos prohibidos (marihuana y amapola), actividad altamente rentable, asociada a la violencia y que involucra a la generación de adultos jóvenes a quienes se proporcionan semillas y armas de alto calibre", sostuvo.
En su opinión, "Acteal inaugura una nueva etapa en la que el gobierno mexicano reorienta su estrategia ante el conflicto zapatista agudizando las contradicciones en las comunidades indígenas e imponiendo una nueva visión de las mismas" con el "objetivo aparente" de "desmovilizar, tanto a propios como a extraños, ante el problema".
Después de Acteal, la vida en la zona se hizo más intolerable para la población civil, con allanamientos, desplazamientos, violaciones y atropellos de la fuerza pública, pérdida de cosechas y deterioro de lazos familiares, detalló.
Mientras, ninguna inconsistencia ha sido capaz de introducir una cuña en los jueces sobre la responsabilidad penal de los acusados, que deben probar su inocencia "más allá de toda duda razonable y no viceversa", indicó el CIDE.
