El plan de saneamiento más importante del sureño estado brasileño de Rio Grande do Sul cumplió 12 años de vida, sobrevivió a cuatro gobiernos estaduales y lleva 220 millones de dólares gastados, pero sigue sin implementarse.
Desde que fue lanzado en 1995, el Programa para el Desarrollo Ecológicamente Sustentable y Socialmente Justo de la Región Hidrográfica de Guaíba (Pro-Guaíba), pasó de la Secretaría Estadual de Planeamiento a la de Ambiente y perdió la financiación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
«La utopía era la transición de un modelo excluyente a otro que involucrara a toda la sociedad», afirma el economista André Luis Baptista, consultor de planificación ambiental que trabajó en el programa entre 1998 y 2002.
«Su gran avance fue entender que no bastaba con hacer un relleno sanitario, sino que se necesitaba reducir la basura y el volumen de aguas servidas, readecuar la producción industrial y avanzar hacia la agroecología», concuerda Renato Saraiva Ferreira, quien fue el secretario ejecutivo del Pro-Guaíba entre 1999 y 2003.
Fue un proyecto modelo de gestión ambiental: abarcaría 251 municipios con más de seis millones de personas, 83,5 por ciento en zonas urbanas y 16,5 por ciento rurales, muchas sin ningún tipo de alcantarillado.
El área afectada, de 84.700 kilómetros cuadrados, comprende nueve cuencas hidrográficas donde se genera más de 70 por ciento del producto interno bruto riograndense.
El plan comprendía varios módulos. El primero incluía obras de tratamiento de aguas servidas, adecuación de residuos sólidos, incentivo de la agroecología, medidas de reforestación, educación ambiental y control de la calidad del agua y del aire.
Las prioridades del siguiente módulo debían emerger de un plan director resultante de consultas con comunidades y técnicos. Si hubiera contado con recursos, incluiría otras dos fases.
Pero sólo recibió fondos del BID para su primer módulo. Entre octubre de 1993 y julio de 2002, se invirtieron en él 220 millones de dólares, de los cuales el banco multilateral aportó 60 por ciento y el resto estuvo a cargo del estado.
Esa fase debía concluir en cuatro o cinco años, pero insumió 10. Endeudado, el gobierno de Germano Rigotto (2003-2007) no pudo negociar nuevos fondos para las etapas siguientes. Su sucesora, Yeda Crusius, decidió retomar las operaciones con recursos propios.
El énfasis se puso en la región metropolitana de Porto Alegre, capital de Rio Grande, y en el área urbana del noreste, donde está Caxias do Sul, con gran concentración de industrias.
El corte de fondos y la paralización del programa tuvieron consecuencias graves. Todos los años se repite la escena de toneladas de peces muertos en el río dos Sinos, que nace en la Serra do Mar y recorre 195 kilómetros hasta su desembocadura en el río Jacuí, bañando 32 municipios.
Ferreira, ahora gerente del Departamento de Revitalización de Cuencas del Ministerio del Ambiente, advierte que cada día que las industrias arrojan residuos y las personas consumen el agua contaminada, se generan nuevas enfermedades.
Las aguas servidas y los residuos industriales contaminan el río, sobre todo en el trecho que pasa por Esteio y Sapucaia do Sul. Su saneamiento era parte del segundo módulo del Pro-Guaíba.
«El gran problema es la falta de alcantarillado doméstico. Tenemos un pasivo de años sin inversiones, así que la mortandad de peces no sorprende a nadie», dice la arquitecta Viviane Nabinger, secretaria ejecutiva del Comité Sinos.
Ahora depende de alcaldes e instituciones buscar fondos y llevar adelante las propuestas previstas en el plan director. Eso hizo la alcaldía de Porto Alegre, que negoció un préstamo con un banco internacional para tratar las aguas servidas lanzadas al lago Guaíba.
No todo está paralizado.
«Los 700.000 reales (unos 400.000 dólares) votados por los Consejos Regionales de Desarrollo en consulta popular a fines del gobierno pasado se usarán para desarrollar la zona del delta del Jacuí», un conjunto de 16 islas, canales y pantanos que se forman en la confluencia de los ríos Gravataí, Sinos, Caí y Jacuí, informa la secretaria ejecutiva de Pro-Guaíba, Ana Elizabeth Carara.
El modelo hidrodinámico de calidad y cantidad de agua del lago Guaíba se hizo mediante acuerdo con la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional. Además, se despacharon proyectos de obras de saneamiento a la Secretaría de Vivienda para aspirar a recursos del Programa de Aceleración del Crecimiento del gobierno federal.
El Pro-Guaíba tiene hoy un presupuesto anual de 86 mil dólares, dice Carara. Pero no admite que esté detenido. «Ya existen los comités de cuencas y estamos finalizando el plan estadual de recursos hídricos. Falta complementar con el cobro por el uso del agua y crear una agencia estadual de aguas», afirma.
Si bien ya se cobra el servicio de alcantarillado, tratamiento y abastecimiento de agua, se aplicaría una tasa por uso específico que, según Carara, está en vigor en otros estados. El dinero recaudado se destinaría a subsidiar proyectos municipales.
Se trata de un viejo reclamo. «Terminamos el plan director con 39 acciones en las nueve cuencas de Guaíba, que eran los buques insignia, y decenas de proyectos menores y complementarios, concebidos a partir de un llamado público», recuerda Arno Kayser, del no gubernamental Movimiento Roessler de Defensa Ambiental.
Kayser representó a las organizaciones no gubernamentales en el consejo deliberante de Pro-Guaíba y participó del grupo responsable de la elaboración de su plan director.
Pero ese consejo ya no se reúne.
Pro-Guaíba se suma a otras frustraciones, como el Programa de Descontaminación de la Bahía de Guanabara, en la turística ciudad de Río de Janeiro, iniciado también en 1995 con un presupuesto de 793 millones de dólares financiados por el BID y Japón y que debía finalizar en 1999, pero aún tiene varias obras pendientes y es acusado de ineficacia.
Pro-Guaíba no escapó a las disputas políticas. Y la depreciación del dólar, los cambios de gobierno y de los titulares de la Secretaría de Ambiente —cuatro diferentes en la última administración— contribuyeron a estragarlo.
Si los daños no fueron mayores se debió a las auditorías del BID, que permitieron un control adicional del dinero. De momento, el banco está auditando las cuentas de la última etapa del primer módulo.
«Sabemos que el estado sigue implementando acciones en la cuenca del Guaíba y que querría financiar una nueva etapa con el banco, pero no existe ningún estudio al respecto», informó la especialista en desarrollo urbano del BID en Brasil, Cláudia Nery.
* Este artículo es parte de una serie sobre desarrollo sustentable producida en conjunto por IPS (Inter Press Service) e IFEJ (siglas en inglés de Federación Internacional de Periodistas Ambientales). Publicado originalmente el 17 de noviembre por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
