Con una marcha sin incidentes, vecinos de la ciudad argentina de Gualeguaychú protestaron este sábado por la decisión de Uruguay de autorizar la puesta en marcha de la fábrica de celulosa Orión, de la empresa Botnia, sobre un río compartido por ambos países.
"No vamos a esperar a que se demuestre que la planta contamina, vamos a seguir resistiendo hasta que se vayan", dijo a IPS José Pouler, miembro de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, en la nororiental provincia de Entre Ríos, a 270 kilómetros de Buenos Aires.
La caravana partió de Arroyo Verde, un punto sobre la carretera que conduce al puente binacional que vecinos de Gualeguaychú mantienen bloqueada desde hace casi dos años. Miles de manifestantes, adultos y niños, con banderas argentinas y carteles contra la fábrica caminaron hasta la frontera.
Tras algunas gestiones con la Gendarmería argentina, que bloqueaba el acceso al puente, se permitió a los manifestantes acceder hasta una porción del mismo, desde donde se divisa el complejo industrial con su chimenea de 120 metros de altura y el muelle construido sobre la ribera.
Algunas embarcaciones se sumaron a la protesta en el río, bajo la vigilancia de gendarmes argentinos y de la prefectura de Uruguay, que había dispuesto el cierre de ese paso fronterizo para evitar que los manifestantes ingresaran a territorio uruguayo y se acercaran a la planta.
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El clima de la protesta no fue airado. Algunos decían sentir pena al ver el humo salir de la chimenea, otros se manifestaron con ánimo de seguir reclamando que la fábrica sea reubicada. "Perdimos una batalla, no la guerra", anunció ante las cámaras de la televisión local una anciana.
Los manifestantes leyeron una proclama en la que afirmaron que Gualeguaychú, situada a más de 20 kilómetros de distancia de la fábrica Orión, seguirá reclamando "hasta las últimas consecuencias" que ésta se retire del río limítrofe.
El puente cruza el río Uruguay hasta la occidental ciudad de Fray Bentos, capital del departamento de Río Negro, cerca de la cual está emplazada la planta cuyo funcionamiento fue autorizado el jueves de noche por el mandatario uruguayo Tabaré Vázquez desde Chile, donde asistía a la XVII Cumbre Iberoamericana.
Pouler fue uno de los activistas que viajó a Chile para reclamar que la fábrica no se pusiera en marcha.
Los activistas de Gualeguaychú, una ciudad de 85.000 habitantes que necesita del turismo, creen que la planta va a contaminar el río, el suelo y el aire, pese a las promesas de Botnia y del gobierno uruguayo.
Poco antes de la cumbre en Chile, fracasaron las gestiones para acercar las posiciones de Argentina y Uruguay, que llevaba a cabo el embajador español Juan Antonio Yáñez-Barnuevo en nombre del rey Juan Carlos.
Tras el fracaso de una última reunión del facilitador español con los cancilleres de los tres países, efectuada para alcanzar al menos una declaración de compromiso que salvara la imagen de la gestión española, Vázquez autorizó la puesta en marcha de la fábrica de la compañía finlandesa Botnia.
Fuentes de la delegación uruguaya expresaron que Vázquez se molestó al conocer que su par argentino, Néstor Kirchner, se había reunido con los asambleístas presentes en Chile y les había dicho que seguía apoyando su causa, a pesar de las quejas de Uruguay por el bloqueo que complica la llegada de turistas y mercaderías desde Argentina a ese país.
Por su parte, el mandatario argentino y sus colaboradores se quejaron por la decisión del presidente uruguayo de autorizar las operaciones de la fábrica en el contexto de la cumbre, mientras España hacía un último intento de acercar a las partes.
Lo cierto es que un acuerdo para iniciar formalmente negociaciones había abortado semanas antes, por posiciones irreductibles de las dos partes.
El presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, exhortó este sábado a los dos países a sostener un diálogo pese a todo. "El conflicto sólo tendrá una solución razonable y positiva para ambas partes si hay diálogo", dijo y anunció que España seguía abierta a favorecer un entendimiento.
Orión, con una inversión de 1.200 millones de dólares, tiene capacidad para producir un millón de toneladas anuales de pasta de celulosa para exportar a la Unión Europea y a Asia.
A horcajadas de la movilización entrerriana, el gobierno de Kirchner denunció a Montevideo ante la Corte Internacional de Justicia por incumplimiento de los mecanismos de consulta previstos en el Estatuto del Río Uruguay en el proceso de autorizar el emplazamiento de Orión.
Pero el dictamen del tribunal con sede en La Haya podría demorar un año o más.
"Nosotros no podemos esperar el fallo de La Haya, no somos tampoco conejillos de Indias para que los gobiernos esperen hasta dentro de 20 años a ver si la fábrica contamina o no, queremos una solución y vamos a seguir reclamando", dijo el asambleísta Pouler.
Los ambientalistas se reunieron el viernes y resolvieron pedir una entrevista a Kirchner, que culminará su gestión el 10 de diciembre y entregará el mando a su esposa, la presidenta electa Cristina Fernández. También estudian pedir a la Corte de La Haya que ordene una medida cautelar para detener la actividad de la fábrica Orión.
El jefe de Gabinete de Argentina, Alberto Fernández, cuestionó la decisión de Uruguay de cerrar el paso de frontera. "No hay motivos ni hay riesgos, ya que los cortes (de ruta) de los asambleístas siempre fueron pacíficos", dijo.
El funcionario insistió este sábado en que la relación bilateral "quedó debilitada" por la autorización del presidente uruguayo. "Es incomprensible por qué (Vázquez) eligió un lugar impropio y un momento inadecuado. Su decisión fue poco afortunada y debilitó la relación", afirmó.
No obstante, llamó a "no echar más leña al fuego" y a "recuperar la racionalidad".
