Una cumbre informal acordó este viernes un «tratado de reforma» de la Unión Europea (UE), que contiene pasajes idénticos a la Constitución rechazada por el electorado de Francia y de Holanda en 2005.
Las disposiciones que darían a la UE los símbolos de un estado —como una bandera y un himno en común— fueron sido eliminadas, pero las que transfieren 105 facultades de estados nacionales a Bruselas no fueron modificadas de modo significativo.
Las reglas para la toma de decisiones de la UE y la composición de la Comisión Europea —brazo ejecutivo del bloque— y del Parlamento Europeo —su único organismo de elección ciudadana directa— siguen, en su mayor parte, sin cambios.
Pero tal vez lo más relevante es que el tratado, que será firmado por otra cumbre en Lisboa el 13 de diciembre, compromete a los gobiernos de la UE a aumentar el gasto militar y a promover el libre comercio.
Los 27 países del bloque deberán "hacerse cargo progresivamente de mejorar sus capacidades militares", según el convenio.
[related_articles]
La Agencia Europea de Defensa, organismo de la UE creado en 2004, está por identificar "requisitos operativos" para el ejército del bloque, "identificando y, cuando sea adecuado, implementando cualquier medida necesaria para fortalecer la base industrial y tecnológica del sector de defensa".
La Agencia Europea de Defensa no esconde su deseo de que aumente el presupuesto para las tareas que la ocupan.
En diciembre de 2006, declaró que si Europa quería preservar una industria de la defensa con una "base amplia" y "globalmente competitiva", debía "tomarse a pecho" el modo como Estados Unidos estaba superando a Europa "por seis a uno en defensa e investigación y desarrollo".
La Agencia también calculó que Washington dedicaba "35 por ciento de su gasto de defensa a inversiones (de un presupuesto que más que duplica el de toda Europa), en comparación con el nivel europeo, de alrededor de 20 por ciento".
Además, advirtió, Estados Unidos "es cada vez más dominante en los mercados exportadores globales" de equipo bélico.
A pesar de las diferencias con Estados Unidos, el gasto militar en Europa ya es considerable. La Agencia Europea de Defensa calculó que, en 2005, los 24 países que entonces la integraban gastaron 193.000 millones de euros (276.000 millones de dólares) en defensa, el equivalente a 1,8 por ciento del producto interno bruto del bloque.
En contraste, solamente cuatro países de la UE —Suecia, Dinamarca, Luxemburgo y Holanda— honraron un compromiso de varias décadas de asignar al menos 0,7 por ciento de sus ingresos nacionales a los pobres del mundo.
Martina Weitsch, del Consejo Cuáquero para los Asuntos Europeos, una organización antibélica, siente que el nuevo tratado podría no estar a tono con los puntos de vista expresados por el jefe de política exterior de la UE, Javier Solana, entre otros políticos del bloque.
A comienzos de este mes, Solana reconoció que la prevención de crisis "no puede basarse exclusivamente sobre la seguridad".
Tras señalar que la industria militar y de armas facturó en Occidente un billón de dólares al año y que la asistencia al desarrollo era de menos de 100.000 millones, se preguntó: "¿Acaso no hay un margen allí para un cierto reequilibrio?".
"Hoy, muchas amenazas no son puramente militares, y puede haber un resquicio de luz en cuanto a que las cosas se están moviendo y que los políticos están reconociendo esto", dijo Weitsch a IPS.
"Así que tener un artículo en el tratado que compromete a los estados miembro de la UE a mejorar continuamente la capacidad militar es una medida muy mala. Una vez que esté en el tratado, será muy difícil sacarlo de nuevo", agregó.
Algunos de los partidarios del tratado alegaron que la inclusión de una Carta de Derechos Fundamentales en el texto vincula a Europa con la protección social.
Pero Susan George, escritora radicada en París y ex presidenta de Greenpeace, destacó que las disposiciones sobre los derechos de los trabajadores y la igualdad en la Carta no van más lejos que los ya garantizados en el ámbito nacional por muchos estados de la UE.
En todo caso, Gran Bretaña aseguró que se desentendería de la Carta, a instancias de la Confederación de la Industria Británica, para la cual el convenio "plantearía un riesgo inaceptable para el flexible mercado laboral" británico.
"Aunque la competencia y la libertad del mercado son obligatorios para todos los estados miembros de la UE, incluso los derechos sociales más magros son opcionales", dijo George.
La escritora también se mostró perturbada por cómo el tratado parece estipular que el bloque presione a los países del resto del mundo —entre ellos, a los más pobres— para abandonar cualquier medida que proteja a sus propias industrias de la importación de mercaderías europeas.
Una cláusula sobre política comercial dice que la UE debería contribuir a "la progresiva abolición de las restricciones sobre comercio internacional y sobre las inversiones extranjeras directas, además de reducir las barreras aduaneras y de otro tipo".
Según George, esto requerirá que la UE se oponga vigorosamente a cualquier estándar ambiental y de protección al consumidor en otros países a los que perciba como un obstáculo para los exportadores europeos.
"El libre comercio tiene un estatus icónico. El nuevo tratado mantiene la mayor parte de la Constitución rechazada. Es neoliberal en letra y espíritu. Fue puesto sobre la mesa con una prisa inadecuada y no se permitió ni se permitirá ningún debate público sobre un texto de complejidad suprema", afirmó George.
El tratado deberá ser ratificado por los 27 países de la UE antes que pueda tener efecto legal.
Irlanda es el único país que declaró que celebrará un referéndum sobre el tratado. Francia y Holanda optaron por evitar consultar a sus votantes, para evitar un fracaso como en caso del proyecto de constitución..
Una encuesta publicada esta semana en el diario británico The Financial Times concluyó que 70 por ciento de los entrevistados en Francia, Italia, Alemania, España y Gran Bretaña declararon que quisieran resolver el asunto en un referéndum.
Erik Wesselius, una de las principales figuras de la campaña holandesa por el "no" en el referéndum de 2005, dijo que la falta de consulta pública sobre el tratado no augura nada bueno para la democracia.
Aunque se describe a sí mismo como pro-europeo, Wesselius sugirió que el tratado está más inclinado a favor de los intereses empresariales que de los de la sociedad.
"Por supuesto, la economía es muy importante. Todos están de acuerdo con eso. Pero no debería ser el caso que la economía y la competitividad de Europa anulen los principios", dijo a IPS.
"En Holanda, el primer ministro dijo: 'La idea de un superestado europeo fue abandonada. El himno y la bandera se fueron.' Sugería que, para los ciudadanos holandeses, estos asuntos simbólicos menores eran los principales problemas de la constitución rechazada. Eso confunde, cuando la sustancia del tratado de reforma es la misma que la de la constitución rechazada", agregó.
"Una mayoría de ciudadanos holandeses está a favor de un referéndum sobre el tratado de reforma. Desafortunadamente, nuestro gobierno y una mayoría en el parlamento nos están negando un segundo referéndum. Por lo tanto, ellos debilitarán el apoyo a la Unión Europea en nuestro país", concluyó.
