Este lunes 16.000 médicos y 300.000 campesinos cocaleros paralizaron sus actividades en todo Perú en reclamo de mejores condiciones laborales y el cumplimiento de compromisos suscritos por el gobierno de Alan García.
En los próximos días se sumarán a las paralizaciones trabajadores mineros, de la construcción civil y de otros sectores, que alistan una jornada nacional de protestas.
Como en julio, el país es escenario de manifestaciones por una misma agenda de reclamos.
"Todo es ofrecimiento y no hay ningún resultado concreto para mejorar nuestra situación con este gobierno", dijo a IPS el presidente de la Federación Médica Peruana (FMP), Julio Vargas.
Unos 16.000 médicos acataron una huelga de 48 horas en 6.000 centros de salud de Perú, que se suman a la huelga indefinida de los cocaleros y de 21.000 profesores universitarios y 22.000 trabajadores de las universidades públicas, que han tomado las calles desde hace algunos días.
Como adelanto a la jornada de lucha programada para el 8 de noviembre, la Confederación General de Trabajadores (CGTP) marcha este lunes hacia la sede del Congreso legislativo y hacia el Palacio de Gobierno para entregar un pliego de reclamos, como aumento de sueldos, respeto de acuerdos firmados con varios sectores sindicales y renovación del gabinete ministerial por lo que considera fracaso del modelo económico liberal al que achaca el alza del costo de la vida.
Si bien los trabajadores mineros reiniciaron el diálogo con el Ministerio de Trabajo el último fin de semana, han ratificado la fecha del 5 de noviembre para el inicio de una huelga indefinida.
Las demandas regionales también se suman. Organizaciones sociales y "frentes patrióticos" de Huánuco, Loreto y Ucayali, noreste del país, confirmaron para este miércoles el inicio de un paro de 48 horas en rechazo a un proyecto de ley que elimina las exoneraciones tributarias en la Amazonia.
El ministro del Interior, Luis Alva Castro, anunció el domingo que se aplicarían las normas que sancionan a las autoridades que respalden marchas, paros u otros actos de protesta.
Alva Castro hizo referencia al polémico Decreto Legislativo 982, promulgado por el Poder Ejecutivo, que dispone la inhabilitación de funcionarios públicos por participar en huelgas y declara no imputables a policías y militares que causen lesiones o muertes "en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas en forma reglamentaria".
La norma fue parte de un paquete de 11 decretos aprobados en julio, en el marco de las facultades otorgadas por el Congreso al Poder Ejecutivo para enfrentar el crimen organizado. Pero la estatal Defensoría del Pueblo consideró que 37 por ciento de las modificaciones contenidas en esas normas excedían el límite de esas atribuciones.
El titular del Interior prometió mano dura para mantener el orden en las calles y afirmó que muchos acusados del delito de terrorismo que fueron excarcelados en los últimos años han sido identificados por la policía en manifestaciones que se realizan en diferentes zonas del país.
El primer ministro Jorge del Castillo aseguró el sábado que existe "un impulso oscuro" en las protestas sociales.
El conflicto en el sector médico incluye el reclamo de un aumento del presupuesto de salud equivalente a unos 600.000 dólares, para mejorar sus salarios y la infraestructura de los hospitales que "les impide realizar un trabajo digno", asegura la FMP.
Vargas insistió en que no se han cumplido demandas como el pago de las Asignaciones Extraordinarias por Trabajo Asistencial a cerca de 5.000 médicos del interior del país.
Esa deuda está pendiente desde abril de 2006, asegura el dirigente, lo que representa cerca de 16 millones de dólares.
También se exige el incremento de las pensiones de 2.700 médicos cesantes y jubilados, así como el nombramiento de 1.700 contratados por el Ministerio de Salud a través de servicios no personales, que no gozan de derechos laborales como vacaciones y seguro social, entre otros aspectos.
En los últimos días la dirigencia del sindicato médico ha exigido la renuncia del ministro de Salud, Carlos Vallejos, al que responsabilizan de irregularidades detectadas en el Seguro Integral de Salud y de la muerte de cuatro personas en el sur del país, luego de ser vacunadas contra la fiebre amarilla.
Según Vargas, la FMP tiene pruebas de que las vacunas estaban vencidas, acusación negada este lunes por el ministro Vallejos.
Si no hubiera acuerdo con las autoridades, los médicos amenazan con una huelga indefinida a partir de la segunda quincena de noviembre.
Este escenario de protesta se debe a que se han profundizado las brechas sociales en el país y a la abusiva legislación laboral que se mantiene desde el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), dijo el integrante del Centro de Asesoría Laboral del Perú (Cedal), Javier Mujica.
El año pasado, las empresas incrementaron sus utilidades en 140 por ciento mientras los sueldos de los empleados apenas crecieron uno por ciento y los de los obreros descendieron tres puntos porcentuales, recordó Mujica.
"Para hacer frente a esta realidad que impone el modelo económico actual, se necesita un contrapeso sindical que le haga frente a los intereses de las empresas privadas que están aliadas al gobierno. De esta manera puede empezar a lucharse por mejores condiciones laborales", afirmó el representante de Cedal.
En varios sindicatos existe la convicción de que el gobierno no ha cumplido con sus compromisos. Los trabajadores mineros, por ejemplo, aseguran que el Ejecutivo no ha avanzado en los ocho acuerdos firmados con ellos el 8 de mayo, entre los que figura resolver el problema de las empresas de intermediación laboral y el reparto de utilidades de las mineras a los trabajadores.
Unos 300.000 campesinos agremiados en la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios de las Cuencas Cocaleras del Perú (Conpaccp) dejaron el campo en la medianoche para protestar por el incumplimiento del Acta de Tocache, en la que el gobierno se comprometía a efectuar un empadronamiento de los cultivadores de coca y a cesar las erradicaciones de cultivos.
"Este gobierno no tiene palabra y tampoco voluntad política para conversar", dijo a IPS el secretario general de la Conpaccp, Pedro Pérez Baylón.
Los cocaleros tienen 28 actas firmadas con diferentes gobiernos de turno que no han sido respetadas. Por ello, si el Ejecutivo no los convoca antes del jueves para encontrar una salida a sus reclamos, los campesinos de 18 cuencas cocaleras marcharán hacia Lima.
En respuesta, el ministro Alva Castro señaló el domingo que "de ninguna manera" se detendrá la erradicación de coca, materia prima de la cocaína. "No vamos a ceder un paso", agregó.
