Japón es el único miembro del Grupo de los Siete países más industrializados, además de Estados Unidos, en mantener la pena capital dentro de sus opciones judiciales de castigo. Y cada vez condena a más acusados y ejecuta a más condenados.
Según Amnistía Internacional, 102 personas esperan ser ahorcadas en alguna de los siete patíbulos de Japón. Es la mayor cantidad de condenados en el pabellón de la muerte en medio siglo.
Hasta ahora, cuatro prisioneros fueron exonerados de la pena de muerte en Japón luego que se demostrara su inocencia. El primero fue Sakae Menda fue el primero.
En 1948, cuando tenía 23 años, Menda fue condenado por un doble asesinato cometido con un hacha. El acusado confesó luego de pasar tres semanas en una comisaría donde no le dejaban dormir ni le proporcionaban agua ni alimentos adecuados. Tampoco tuvo acceso a un abogado.
En 1983, el tribunal finalmente reconoció que la policía había ocultado la coartada de Menda, y ordenó su liberación.
[related_articles]
IPS dialogó con Menda, de 81 años, en la sede neoyorquina de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en vísperas de la votación en la Asamblea General del foro mundial de un proyecto de moratoria a la pena de muerte, prevista para noviembre.
IPS: Las confesiones tienen un peso enorme en los juicios que se realizan en Japón. Noventa y nueve por ciento de los acusados de delitos en ese país son condenadas. ¿Qué piensa usted de este sistema?
Sakae Menda: Que debemos cambiarlo. En Japón valoramos demasiado las confesiones. Debemos valorar más la evidencia, porque las confesiones a veces son inventos de las autoridades judiciales. No siempre son verdaderas.
— La policía lo coaccionó para sacarle esa confesión. ¿Podría hablar sobre esto?
— Ellos formulan preguntas guía una y otra vez. No me daban nada de comer y me negaban el agua. Esto condujo a la confesión.
— ¿Tenían alguna evidencia contra usted?
— No había absolutamente ninguna evidencia contra mí.
— ¿Puede describir el proceso que tuvo que atravesar para obtener un nuevo juicio?
— En Japón no existen garantías de asistencia jurídica de un abogado. Muchas veces solicité en mi propio nombre un nuevo juicio. Rechazaron mi solicitud en varias oportunidades. A la tercera contraté un abogado. Tuve que pagar mucho, pero aun así no tuve éxito.
— Funcionarios del Ministerio de Justicia de Japón alegan que las ejecuciones secretas constituyen el sistema más humano de pena capital. Las autoridades mantienen las ejecuciones fuera de la vista del público y las envuelven en un manto de secreto. Ni siquiera los condenados saben la fecha de su ejecución. ¿Cómo describiría la mentalidad de los presos japoneses que aguardan la muerte?
— Los reclusos con los que yo estaba sabían que morirían, así que se abandonaban. Muchos de ellos se amparaban en la religión. Si deben ejecutarlos, sería mucho mejor para ellos avisarles con antelación, para que puedan prepararse mentalmente.
— ¿A usted se le brindó acceso a profesionales de salud mental?
— No había psicólogos.
— Las familias se desvinculan de los condenados en Japón, al punto que ni siquiera reclaman sus cuerpos tras la ejecución. ¿Qué ocurrió en su caso?
— Mi padre me repudió. Yo no tenía mucho contacto con nadie de mi familia mientras estaba en prisión. Los funcionarios carcelarios tratan con grandes diferencias a los condenados atendidos por sus familias y aquellos que son abandonados por ellas, que son considerados como si los hubiera abandonado toda la sociedad.
— El gobierno japonés le concedió una compensación por haberlo encarcelado y condenado por error. ¿Le sirvió de ayuda? ¿Cómo evalúa el proceso de reintegración a la sociedad?
— El gobierno no brinda tales compensaciones: simplemente, me dieron dinero por el tiempo que pasé en prisión. En cuanto a la reintegración, la sociedad es muy fría. La sociedad se niega a aceptarme. Me miran como al asesino del hacha, a un ex recluso condenado a muerte. Es muy difícil reingresar a la sociedad.
— Las encuestas señalan que el apoyo del público a la pena capital se mantiene fuerte. ¿Existe una campaña firme de la sociedad civil contra este castigo extremo?
— Hay movimientos contra la pena de muerte. No son ni muy públicos ni muy grandes. La mayor campaña en ese sentido es, probablemente, la de Amnistía Internacional. Soy parte de este movimiento hace unos 20 años.
— ¿Hay alguna señal desde el gobierno sobre intenciones de cambio del sistema?
— Sí, pero muy pequeña.