A fines de esta semana el gobierno chileno de Michelle Bachelet enviará al parlamento un esperado proyecto de ley que promueve la participación política de las mujeres, cuyo debate se anuncia candente.
"La discusión parlamentaria de este proyecto de ley no va a ser fácil. Nunca una ley vinculada a los derechos de las mujeres ha sido fácil" en Chile, comentó a IPS Laura Albornoz, ministra del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam).
"Apelamos al criterio democrático de los hombres y las mujeres del parlamento. No podemos seguir esperando. En 1953 se eligió la primera mujer senadora y hoy tenemos sólo dos. Si seguimos así, recién en 30 años más tendremos algo parecido al equilibrio de género en el Congreso", enfatizó.
Según Albornoz, el proyecto, "que establece una participación política equilibrada de hombres y mujeres", dado a conocer el lunes por Bachelet, no es una "ley de cuotas" propiamente dicha porque no garantiza escaños a las mujeres candidatas.
Pero, según un estudio publicado en 2006 por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), "el sistema de cuotas implica que las mujeres deben constituir un número o porcentaje determinado de miembros, ya sea de una lista de candidatos, una asamblea parlamentaria, una comisión o un gobierno". Es decir, el proyecto sí cabe dentro de la categoría.
"En Chile las mujeres no tienen problemas para ser elegidas (en cargos de representación popular) sino que su dificultad es acceder a las candidaturas", afirmó la ministra.
En los últimos comicios, 90,4 por ciento de los candidatos a diputados y senadores eran hombres, al igual que 89 por ciento de los aspirantes a alcaldes y 79 por ciento de los postulantes a concejales, indicó.
Las cifras de candidatas elegidas también son reveladoras: dos senadoras en un cuerpo de 38, 18 diputadas para 120 escaños, 42 alcaldesas para 345 municipios y 454 concejalas de un total de 2.144 plazas disponibles.
La mandataria había anunciado la iniciativa casi tres meses atrás, durante su discurso inaugural de la X Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, realizada entre el 6 y 9 de agosto en Quito.
Pero la iniciativa se retrasó, admitió Albornoz, porque el gobierno esperaba que antes se aprobara el proyecto de ley modificatorio del sistema electoral binominal que rige para las elecciones parlamentarias.
Este mecanismo, que consiste en la elección de sólo dos representantes por cada una de las 19 circunscripciones de senadores y de los 60 distritos de diputados, es considerado antidemocrático porque excluye a los partidos políticos minoritarios y desincentiva la postulación de mujeres.
Según lo explicado por Albornoz, puesto que el texto del proyecto aún no está disponible, éste establece que ninguno de los dos sexos puede ocupar más de 70 por ciento de las candidaturas. Las listas que no cumplan con esa disposición serán rechazadas por el Servicio Electoral.
Con ello se pretende asegurar un piso mínimo de 30 por ciento de candidaturas femeninas a los cargos de diputadas, senadoras y concejalas, es decir, para las elecciones "plurinominales". Las alcaldías quedaron fuera por ser una elección de carácter uninominal.
El hecho de que el piso fijado sea de 30 y no de 40 por ciento, como se especuló inicialmente, se debe a la oposición a las cuotas en los partidos políticos, principalmente en los de la oposición derechista.
"El principal argumento de los partidos es que es difícil encontrar tantas mujeres que quieran ser candidatas", señaló Albornoz. La diputada del ultraderechista partido Unión Demócrata Independiente (UDI), Marcela Cubillos, ya se manifestó en contra del proyecto.
"En Chile, y así se demostró en la última elección presidencial, las mujeres no son discriminadas. Para incentivar la participación de mujeres en la política, (se requiere) que la presidenta (Bachelet), como mujer, lo haga bien", dijo Cubillos al diario La Tercera.
Las colectividades, no obstante, acogieron de mejor manera la entrega de incentivos económicos tanto a las candidatas que resulten electas como a los partidos políticos que lleven en sus listas a más mujeres que las establecidas como proporción mínima.
"Es bueno que la presidenta haya reactivado el debate sobre la participación de las mujeres en el parlamento, pero creemos que el proyecto es poco ambicioso", dijo a IPS Mariela Infante, socióloga de la no gubernamental Corporación Humanas.
"El proyecto se denomina 'participación política equilibrada de hombres y mujeres', pero equilibrado es (una proporción de) 40 y 60 por ciento, pero no un piso mínimo de 30 por ciento de candidatas mujeres", añadió.
Además, "es necesario calcular en qué montos económicos se van a traducir los incentivos propuestos. Hay que ver si van a ser significativos con respecto a las sumas que manejan los partidos políticos en las campañas electorales", indicó.
"Es un paso muy importante porque es la primera vez en la historia del país que el Poder Ejecutivo elabora un proyecto para aumentar la participación política de las mujeres", señaló a IPS la politóloga Marcela Ríos, a cargo del Programa de Gobernabilidad del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Antes hubo tres mociones parlamentarias que no llegaron a buen puerto, recordó.
Aunque calificó la iniciativa de "conservadora", por el mínimo establecido, de aprobarse y cumplirse "se dará un enorme salto cuantitativo y cualitativo" con respecto a lo que existe actualmente, estimó Ríos. "Entre 1989 y 2004 los partidos presentaron listas con 9,7 por ciento de candidatas mujeres en promedio", advirtió.
Si esta ley de cuotas funciona con el actual sistema binominal, cuya reforma está paralizada por falta de acuerdos legislativos, "habrá una competencia más equilibrada y más mujeres electas, pero no se puede asegurar una cantidad determinada de mujeres electas", aclaró Ríos.
En cambio, si se concretara la reforma, y se estableciera un sistema más proporcional, "el piso mínimo tendría un efecto más drástico y rápido", aseguró la experta.
El proyecto también establece que los partidos políticos deberán asegurar igualdad de oportunidades para sus militantes hombres y mujeres, capacitarlos para asumir cargos públicos y garantizar la participación equilibrada en responsabilidades internas.
El anuncio se da en medio de un debate iniciado por la propia presidenta sobre las razones que explicarían las constantes críticas a su gestión provenientes tanto de la oposición derechista como de una parte del oficialismo.
La coalición de centroizquierda que apoya a Bachelet, y que ha estado en el poder desde 1990, está integrada por los partidos Socialista, Por la Democracia, Demócrata Cristiano y Radical Social Demócrata.
A Bachelet se la acusa de falta de autoridad y liderazgo para alinear a la coalición gobernante detrás de sus iniciativas y de no tener capacidad de adelantarse a los conflictos.
También se le cuestiona que apoye su gestión en comisiones asesoras, dilatando la toma de decisiones sobre temas espinosos como la educación y las reformas al sistema de pensiones y a la legislación laboral.
Recogiendo una tesis planteada por Manuel Cabieses, director de la revista de izquierda Punto Final, la mandataria sostuvo en dos entrevistas que es víctima de un "femicidio político", una suerte de asesinato de imagen por parte de representantes de todas las fuerzas políticas.
Según la Encuesta Mujeres y Política 2007, divulgada por la no gubernamental Corporación Humanas el 25 de este mes, las chilenas comparten de alguna forma esta idea.
Setenta por ciento de las encuestadas dijeron creer que "la autoridad de las mujeres no es respetada porque la costumbre es que los hombres decidan", mientras que sólo 27 por ciento estimaron que "las mujeres ejercen igual que los hombres y no enfrentan ninguna dificultad".
En cuanto a la atracción que sienten por la política, 36 por ciento de las entrevistadas se declararon "interesada y muy interesada" en esa actividad, seis puntos porcentuales más que en 2006.
Por otra parte, 39 por ciento aprobaron la gestión de la mandataria, 35 por ciento la desaprobaron y 24 por ciento no emitieron juicios negativos ni positivos.
