El mapa político que se proyecta a partir de los comicios regionales y locales colombianos de este domingo es poco alentador, y lo único que resta es que la sociedad civil y las autoridades extremen la vigilancia sobre los que fueron electos y denuncien cualquier irregularidad, afirman activistas y observadores del proceso electoral.
Unos 10.000 observadores electorales nacionales e internacionales participaron en estas elecciones. Sólo la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) estuvo presente con la más grande delegación enviada a comicios colombianos: 125 miembros de 23 países.
Pero antes de la jornada electoral se diseñó el nuevo mapa político colombiano, cuando se hicieron evidentes las influencias negativas y las grandes amenazas a la democracia colombiana, según Valencia.
La violencia política, la intimidación ejercida por los grupos armados ilegales, de izquierda y de derecha, la corrupción y el trasteo de votos —que autoridades del Consejo Nacional Electoral estimaron afectaban a más de 600 municipios hasta julio—, fueron sólo algunas de esas señales negativas, precisa Valencia.
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La Registraduría Nacional del Estado Civil, encargada del registro de votantes, se vio obligada a anular a unos 350.000 ciudadanos inscriptos en el padrón, porque simplemente no existían, y la no gubernamental Misión de Observación Electoral (MOE) denunció unos 378 municipios en riesgo por irregularidades como votaciones atípicas, mala utilización de formularios y alteraciones de registros, entre otras.
Investigaciones de la Corporación Arco Iris documentaron 576 municipios con riesgo de violencia, 174 con riesgo extremo, y concluyeron que la mayor ofensiva sobre estas elecciones la ejercieron, en más de 350 municipios, la guerrilla de las Fuerzas Armadas revolucionarias de Colombia (FARC), y, en más de 100, los reductos y grupos paramilitares emergentes de ultraderecha y sectores del narcotráfico.
Además, una semana antes de las elecciones, se habían reportado más de medio centenar de muertos, entre candidatos a cargos públicos y activistas políticos.
Como si eso fuera poco, medios como el diario El Tiempo y la revista Semana denunciaron que más de 40 congresistas, encarcelados y procesados por vínculos con grupos paramilitares, estaban manipulando las elecciones regionales desde la cárcel.
Buscaban incidir en los gobiernos de 16 de los 32 departamentos colombianos, de 24 alcaldías de capitales y en 26.416 cargos en asambleas, concejos y alcaldías de ciudades intermedias, según las denuncias.
Las alertas se prendieron más aun cuando cinco partidos de la coalición que apoyó al presidente Álvaro Uribe —Alas Equipo Colombia, Colombia Democrática, Colombia Viva, Convergencia Ciudadana y Apertura Liberal— pasaron a impulsar esas campañas en todo el país, pese al INRI que los vincula con los grupos paramilitares.
Por todo lo anterior y por muchas otras irregularidades, "el ambiente electoral para estas elecciones no fue bueno. Tampoco por la persistencia del riesgo de violencia y corrupción", dice Valencia.
En este clima, analistas creen que los comicios de este domingo definieron el mapa político de este país para los próximos 50 años.
Se trata de decidir el afianzamiento de las poderosas fuerzas políticas emergentes desde las elecciones regionales del 2002, o de "la consolidación de un multipartidismo con partidos serios e ideologías claras, capaces de oxigenar la democracia", de acuerdo con la columnista María Jimena Duzán.
Pero, desafortunadamente, "la posibilidad de que pase lo primero es bastante alta", pronosticó.
Por eso, ahora todo depende del trabajo de vigilancia y denuncia que realicen los organismos democráticos, nacionales e internacionales, porque "en Colombia el poder vigente poco se preocupa por la consolidación de la democracia", según Valencia.
Aquí "a la izquierda le interesan mucho los derechos humanos y la equidad social, a la elite, la estabilidad económica y la seguridad, pero el tema de la democracia, la transparencia, la competencia política y el pluralismo no le interesan casi a nadie. Incluso la academia está muy de espaldas a eso", afirma.
¿Cómo se metió Colombia en este peligroso laberinto político? El gran problema radica en que, desde 2000, comenzaron a crearse una gran cantidad de partidos de poca monta que se aliaron a las mafias políticas y delictivas y comenzaron a intervenir en los comicios de 2003.
El mapa político colombiano no había cambiado por un lapso de 64 años, desde 1930 hasta 1994.
Los municipios que eran liberales o conservadores, los dos partidos tradicionales, se mantuvieron en su mayoría como tales y con la configuración política que habían tenido durante 50 ó 60 años, de acuerdo con la analista política Patricia Pinzón.
Pero en seis años, entre 1997 y 2003, ocurrieron todos los cambios que transformaron ese mapa.
En el caso del norteño departamento de Antioquia, el segundo más importante del país, por ejemplo, los partidos Liberal y Conservador, que ganaban entre 80 y 90 por ciento de las alcaldías, pasaron a ser minoría, según "La ruta de la expansión paramilitar y la transformación política en Antioquia -1997 a 2007", de la investigadora y analista Claudia López.
En las elecciones locales de 2003, los partidos tradicionales apenas obtuvieron una de cada cuatro alcaldías y las restantes pasaron sobre todo a manos de grupos políticos emergentes.
"En Antioquia se registraron los cambios que no se habían registrado en 64 años y ocurrieron transformaciones como la expansión paramilitar", según el estudio.
En seis años hubo allí "casi 300.000 desplazados, 101 masacres con casi 600 víctimas porque se necesitaba esa capacidad criminal y de intimidación para poder controlar los nuevos territorios, para ganarle a las fuerzas o del Estado o guerrilleras que estaban presentes", dice la analista López.
Al paramilitarismo le siguió el cambio de signo político y la trasformación económica producida por la comercialización ilegal de la coca, como materia prima de la cocaína.
"Zonas que antes eran fundamentalmente ganaderas y mineras, como el nordeste y el Bajo Cauca, empezaron a ser cada vez más cocaleras y eso está influenciado por la naturaleza de los jefes (narcos) que aun dentro de los paramilitares fueron ganando la guerra", explica López.
"Mientras que en 1997, el 80 por ciento de las alcaldías las ganaban los liberales y los conservadores, y el restante 20 por ciento otros movimientos, en el 2003 el panorama se invirtió: apenas el 25 por ciento de las alcaldías las ganaron los Partidos Liberal y Conservador y, el resto, las fuerzas políticas emergentes", como Alas Equipo Colombia y Colombia Democrática, dijo López.
Si bien liberales y conservadores lograban ganar con 80 por ciento de los votos en un municipio, ese porcentaje comprendía la suma de sufragios por todos los candidatos que se presentaban por la misma corriente política.
En cambio, a partir de la influencia de los grupos emergentes desde 2002 las votaciones fueron mucho más atípicas, con proporciones de 80 por ciento de los votos para un solo candidato.
En las regiones, "las elites no fueron capaces de construir un proyecto de sociedad acorde con sus principios y métodos. Tuvieron que asociarse al narcotráfico y la corrupción para contener a las guerrillas, pero, sobre todo, para poder sobrevivir en un contexto social donde se habían rezagado como principales fuerzas de la economía, la política y el prestigio social", según el analista Gustavo Duncan.
Por todo lo anterior, en la opinión de varios analistas, la vigilancia extrema es lo único que podría garantizar la consolidación de la frágil democracia colombiana.
