El miedo es una sensación que ha antecedido a casi todos los comicios colombianos, pese a que la violencia electoral se vive como si nunca hubiera sucedido antes.
Hace 64 años, por ejemplo, el ejército de Colombia recibió la orden cablegráfica de «evitar sangriento conflicto y enviar ejército municipios Bolívar, próximas elecciones».
Este año la violencia electoral en el norteño departamento de Bolívar hizo que las autoridades prohibieran el porte de armas hasta el 3 de noviembre.
Se extreman las medidas de vigilancia en el resto de Colombia, especialmente en los departamentos de Tolima, Antioquia, Cauca, Huila, Sucre, Santander, Cesar y Atlántico, entre otros. Unos 135.000 efectivos de las fuerzas públicas garantizarán las elecciones regionales de este 28 de octubre.
Se elegirán los gobernadores de 32 departamentos, 1.098 alcaldes municipales, 398 diputados de las asambleas departamentales y 12.300 concejales para períodos que concluyen en 2011.
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Más de 86.000 candidatos aspiraran a sólo 18.332 puestos en alcaldías, gobernaciones, asambleas departamentales y concejos municipales en una reñida y violenta disputa que tiene como telón de fondo los intereses de los grupos armados ilegales, de izquierda y de ultraderecha, y de bandas de criminales comunes.
Tal vez por esa y por otras razones, la disputa electoral se haya hecho más violenta y compleja con el paso de los años.
Organismos de vigilancia, de observación electoral y de derechos humanos han denunciado que las elecciones están plagadas de riesgos para la democracia de este país, considerada la más antigua de América Latina, pese a que la mayoría de los colombianos la juzgan ineficiente e imperfecta.
El procurador Edgardo Maya, la no gubernamental Misión de Observación Electoral (MOE), la Fundación alemana Fescol, el periódico El Tiempo, las iniciativas Votebien y Congreso Visible, entre otras organizaciones, han denunciado los riesgos y la incertidumbre que cercan estos comicios.
Se han publicado infinidad de cartillas y documentos que denuncian asesinatos y atropellos, alertan sobre los riesgos, orientan al elector sobre el modo de votar, explican cómo deben ser unas elecciones limpias y las reglas que se deben observar, enumeran las 10 claves principales para que el ciudadano "no bote su voto" y hasta sugieren a los periodistas cómo cubrir estos comicios.
También explican a los ciudadanos por qué es importante votar en un país de altísima abstención electoral como Colombia y en el que se desconfía profundamente de la política y de los políticos.
"Las elecciones son la condición básica para sustentar cualquier sistema democrático" y son importantes porque "ponen en juego diversas apuestas políticas sobre el país que buscamos construir", sostienen esos documentos.
"No es lo mismo una visión que coloca el libre comercio y la competencia como motor del desarrollo económico, que una que incluye garantías de equidad en lo social. Tampoco, dar una solución negociada al conflicto colombiano que resolverlo sólo con medidas de fuerza y mano dura", explica a los electores en un folleto la Fundación Foro Nacional por Colombia.
Por tanto, al observador Pedro Santana, presidente de la no gubernamental Corporación Viva la Ciudadanía, no le cabe duda de que frente a las amenazas y a la incertidumbre, la única esperanza que le queda al ciudadano es la fuerza de la sociedad civil.
Por primera vez, se "desplegará una observación electoral masiva en todo el país, con 10.000 observadores en las calles. También será importante la Misión de Observación electoral de la OEA (Organización de los Estados Americanos), la de otras entidades que buscan la transparencia electoral y las denuncias que hagan los medios de comunicación", afirma a IPS.
LOS RIESGOS
Un mes antes de los comicios no sólo comenzaron a denunciarse extraoficialmente los asesinatos de casi 70 postulantes y de funcionarios públicos a manos de diferentes grupos ilegales, sino también el tipo de riesgos que se yerguen sobre estas elecciones.
La coacción armada de paramilitares de ultraderecha "con el propósito de tomar alcaldías y gobernaciones, como ya lo hicieron con éxito en el año 2003, el asesinato por parte de las guerrillas de izquierda de concejales y alcaldes, su intimidación a la población y el debilitamiento de la democracia local", son mencionados por Santana.
El ex ministro del Interior, Armando Estrada Villa, se refirió en un artículo a otros peligros como el "trasteo electoral, la inyección de sumas colosales de dinero en las campañas, el clientelismo rampante, el secuestro de candidatos, amenazas de sabotaje, compra de votos y de jurados y violencia contra electores y candidatos".
El trasteo de votos sucede cuando en un municipio se contabilizan más sufragios de los que realmente tiene el distrito. En Piojó, departamento del Atlántico, norte de Colombia, por ejemplo, 6.088 ciudadanos figuran en el censo electoral, pero se comprobó que allí sólo hay 2.988 mayores de 18 años aptos para votar, según denuncias del Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD).
La presencia de dineros provenientes del narcotráfico y del paramilitarismo define, además, en muchas regiones de Colombia, "el triunfo de determinados candidatos y partidos. La legislación es permisiva, la impunidad campea y la justicia es lenta", sostiene el observador Santana.
Según la MOE, integrada por un respetado abanico de investigadores y analistas, "en 576 de los 1.098 municipios del país, más de 50 por ciento, no hay garantías para ejercer el derecho al voto".
De ellos, "330 se encuentran en riesgo por confrontación armada, 367 por presencia de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), 65 por la del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda mayor guerrilla de izquierda y, 99 por la de nuevos grupos y bandas emergentes" afirma la MOE en un estudio.
Arauca, Meta, Vichada, Casanare y Guaviare, departamentos del sur de Colombia, serían las regiones más amenazadas.
"En el sur del país la intimidación corre por cuenta de las FARC, sobre todo en los departamentos de Caquetá, Putumayo, Huila y Nariño, en donde se ejerce violencia e intimidación en contra de concejales y alcaldes", afirma Santana.
Con ese accionar, la guerrilla ha logrado "un aumento impresionante de la abstención electoral, que supera ampliamente el 70 por ciento en esos departamentos", afirma Santana.
VERSIONES OFICIALES
La viceministra del Interior y de Justicia, María Isabel Nieto, admitió a periodistas que se han detectado nuevos grupos de narcotraficantes, integrados por antiguos miembros de grupos paramilitares, pero aclaró que "no es la misma organización de paramilitares" que negoció su desmovilización con el gobierno de Álvaro Uribe.
Sin embargo, investigadores de Fescol y de otras organizaciones no gubernamentales, están convencidos de que algunos grupos paramilitares no sólo no se desmantelaron sino que sobre sus bases se levantaron nuevas organizaciones emergentes.
La presión de los paramilitares se ha evidenciado en procesos electorales anteriores. Comprometió, por ejemplo, cerca de 12 departamentos y 250 municipios en los comicios regionales cuatro años atrás y 10 por ciento de los votos (más de 1,1 millones) emitidos en las elecciones legislativas de 2002, según la Corporación Nuevo Arco Iris y la investigadora Claudia López.
"Sobre esas y otras fallas ni el gobierno ni los partidos políticos han actuado", y por eso Santana afirma que lo que se quiere con las denuncias que se hacen es resaltar que los comicios "se realizarán sin que se superen las prácticas y los métodos que se han empleado en las tres últimas elecciones".
El registrador nacional del estado civil Juan Carlos Galindo ha tomado medidas al respecto, pero Santana considera que son "ampliamente insuficientes porque la registraduría no cuenta ni con los mecanismos legales ni con los mecanismos coactivos que disuadan a los responsables del fraude, de la intimidación o del terror".
Por lo tanto, "las elecciones se realizarán en medio de las presiones paramilitares en el norte y oriente del país y las amenazas contra los candidatos en la región sur por parte de la guerrilla", concluye.
La policía reconocía hasta el 16 de octubre sólo el asesinato de 23 candidatos y se declaraba optimista frente a los 94 ultimados hace cuatro años. Pero desde la sociedad civil se manejan otras estadísticas.
Entre los muertos se contabilizaban 27 candidatos a cargos oficiales, 13 miembros de los concejos municipales, cinco voluntarios y un gerente de campaña, según esos registros.
Organismos defensores de los derechos humanos y de seguimiento electoral consultados por IPS estimaron que la diferencia de muertes que despierta el optimismo de la policía no es sana ni tranquilizadora para ninguna democracia.
Esas y otras organizaciones ya prendieron las alarmas y casi todas alertan que los comicios regionales corren riesgo de arrojar resultados espurios, carentes de legitimidad en muchas regiones.
El ministro del Interior, Carlos Holguín, dijo que el gobierno extremará todas las medidas de seguridad para estas elecciones, pero advirtió que sería "imposible garantizarle a cada candidato su seguridad".
