El Tribunal Constitucional de Perú deberá pronunciarse a fines de marzo sobre el litigio entre la alcaldía de la septentrional ciudad de Cajamarca y la empresa minera Yanacocha por una ordenanza municipal que prohibió la explotación de yacimientos de oro y cobre en el cerro Quillish. El conflicto se inició en octubre de 2000, cuando la alcaldía de Cajamarca, en la sierra norte, declaró al cerro Quillish zona reservada protegida, alegando que en él nacen las corrientes de agua subterránea que alimentan la ciudad, y que podrían verse gravemente afectadas por la explotación minera.
En audiencia pública ante el Tribunal, la empresa eludió pronunciarse sobre el fondo de la cuestión, pero impugnó la facultad de los concejos municipales para crear áreas protegidas, pues esa potestad corresponde al Poder Ejecutivo.
