Abogados contratados por organizaciones no gubernamentales empezarán en diciembre a vigilar con lupa la actuación de las autoridades ambientales de México para frenar cualquier irregularidad. «La vigilancia se hará, si es necesario, en los mismos pasillos de las oficinas de gobierno; será un seguimiento cercano y sin concesiones», dijo a Tierramérica Alberto Székely, del despacho de abogados privados Defensoría Ambiental.
El Observatorio Ciudadano de Vigilancia Ambiental es una iniciativa de más de 50 organizaciones independientes, entre ellas Greenpeace y el Fondo Internacional para la Protección de los Animales y su Hábitat.
Székeley explicó que los patrocinadores del Observatorio, que operará con un presupuesto anual de 25 mil dólares, esperan contar con el pleno apoyo de la Secretaría (ministerio) de Medio Ambiente. «Haremos una estricta vigilancia, independiente y profesional», advirtió.
