El ministro de Planificación de Chile, Andrés Palma, afirmó el 11 de este mes que la empresa eléctrica Endesa debe indemnizar a la comunidad pehuenche por inundar un cementerio de esa etnia en la región central del país, al llenar sin autorización el embalse de la central Ralco. El llenado del embalse en el curso superior del río Bío-Bío, el 21 de abril, destruyó un monumento histórico, donde a mediados del siglo XX fueron enterrados 56 indígenas, identificados con nombre y apellido.
De acuerdo con los planes de mitigación de daños ambientales y patrimoniales, correspondía trasladar el cementerio, llamado Quepuca Ralco, antes de llenar el embalse. Según Endesa, esa tarea debió ser realizada por la Comisión Nacional de Desarrollo Indígena y el Consejo de Monumentos Nacionales.
La construcción de la central fue resistida desde su inicio, en 1994, por organizaciones ecologistas y la comunidad pehuenche, que a fines de 2003 completó acuerdos con la firma, que es propiedad de Endesa-España, para el traslado de las familias residentes en las tierras asignadas al embalse
