Tras cinco días de protestas frente al vertedero argentino de Punta Lara, al sur de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, el gobierno se comprometió el 23 de este mes a cumplir en diciembre el mandato judicial de cerrar el establecimiento. Durante esos días se suspendió la recolección de residuos de 1,5 millones de personas, lo que, en vísperas de las elecciones generales del domingo 28, forzó a las autoridades a asumir un compromiso político, dijo a Tierramérica Alejandro Meitin, de la organización Ala Plástica.
El basurero recibe mil 200 toneladas diarias de residuos de seis municipios, y la justicia ordenó cerrarlo. Pero los vecinos dicen que los fallos judiciales se ignoran y las autoridades, sin alternativa para la basura, aplazan las decisiones.
