Treinta y nueve años después de la matanza de estudiantes mexicanos cometida en la Plaza de las Tres Culturas, organizaciones de derechos humanos y familiares de las víctimas albergan la esperanza de que sus autores sean sancionados.
Fabián Sánchez, director de la no gubernamental Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, dijo a IPS que "hay posibilidades (de hacer justicia), sólo es cuestión de que haya voluntad política. Este gobierno no se ha pronunciado al respecto, pero hay que dejar en claro que se requiere una determinación de responsabilidades" de la matanza.
El 2 de octubre de 1968, policías, soldados y paramilitares dispararon sobre manifestantes desarmados, dejando una cantidad de muertos aún no establecida en la Plaza de las Tres Culturas, en el barrio de Tlatelolco, cercano al centro capitalino.
La protesta multitudinaria fue el clímax de una tensa relación que se venía tejiendo desde julio de ese año entre el movimiento estudiantil, que pedía el fin de la represión política y cambios en la política y la educación, y el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
El asesinato colectivo de Tlatelolco marcó el inicio de la lucha guerrillera que se desataría en México en la década de los 70 y el recrudecimiento de la represión a opositores y disidentes, en la llamada "guerra sucia".
Este martes, la conmemoración de la matanza comenzó temprano con una misa en el escenario de los hechos, y prosiguió con mítines y tres marchas organizadas por agrupaciones estudiantiles, sindicales y de derechos humanos por las principales calles de la capital.
Este aniversario ha resucitado el debate sobre la forma en que México ha abordado la relación con su pasado violento, que la asemeja más a situaciones como las Guatemala y El Salvador, donde prevalece la impunidad, frente a otras, como Argentina y Chile, que han enjuiciado a violadores de derechos humanos.
"Lo que se ha dado es una impunidad terrible, con la falta de investigación, de determinación de responsabilidades, de reconocimiento de los hechos, de violaciones graves a derechos humanos ocurridas en el pasado, de reparación del daño y finalmente de garantías de no repetición", resaltó Sánchez.
A pesar de que el ex presidente Vicente Fox (2000-2006) creó a finales de 2001 la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femossp) para investigar la "guerra sucia", incluida la matanza de Tlatelolco, ningún acusado de autoría intelectual o material está en la cárcel.
La Femossp, cerrada oficialmente en diciembre antes de que Fox traspasara la banda presidencial a su sucesor Felipe Calderón, había solicitado en enero de 2005 la detención de 55 personas presuntamente responsables de la matanza, entre ellas el ex presidente Luís Echeverría (1970-1976), quien fungía como secretario (ministro) de Gobernación (Interior) en octubre de 1968.
Pero la fiscalía fracasó en su intento de procesar por genocidio a Echeverría, mientras otros acusados, Luis de la Barreda y Miguel Nazar Haro, ex titulares de la Dirección Federal de Seguridad, lograron evitar la cárcel.
Para la activista Rosario Ibarra, madre de un desaparecido, la Femossp fue "una burla, un engaño", según dijo a la revista dominical Enfoque, del diario capitalino Reforma. "Yo le llamaba la fiscalía de nombre largo y alcances nulos", agregó Ibarra, fundadora del Grupo Eureka dedicado a la búsqueda de desaparecidos durante la guerra sucia y madre de Jesús Piedra Ibarra.
En noviembre de 2006, el juez federal José Mattar ordenó procesar a Echeverría por cargos de genocidio, pero le dictó arresto domiciliario en atención a su avanzada edad. Sin embargo, otro magistrado federal, Jesús Luna, otorgó en julio al ex mandatario un amparo contra esa orden, al resolver que hubo genocidio pero sin culpables.
La fiscalía presentó de inmediato un recurso de revisión ante el Quinto Tribunal Colegiado. Además, varias organizaciones de derechos humanos buscan que la Suprema Corte de Justicia de la Nación coloque el caso bajo su jurisdicción.
Según Philip Agee, el ex agente de la estadounidense Agencia Central de Inteligencia que en 1974 expuso en un libro los trapos sucios de la CIA, Díaz Ordaz, Echeverría y Marcelino García Barragán, entonces secretario de Defensa, tomaban las decisiones referidas al movimiento estudiantil.
"Siempre se ha empujado la historia sobre Echeverría, y no hacia Barragán. Nunca entendí eso. Eso (la matanza de Tlatelolco) fue una operación mayormente militar. ( ) ¿Por qué no se ha investigado más sobre Barragán y sólo sobre Echeverría?", se preguntó Agee en entrevista con el semanario Emeequis.
En su reporte final titulado "Informe histórico a la sociedad mexicana 2006" la Femossp dictaminó que en México se perpetró un genocidio, orquestado por las administraciones de Díaz, Echeverría y José López Portilllo (1976-1982), todos del PRI, que gobernó sin interrupciones durante siete décadas hasta 2000.
"Al Estado no le bastó con perseguir, detener y encarcelar a los militantes opositores, sino que los sometió a castigos crueles e innecesarios", sostiene el informe de más de 600 páginas, entregado a la Procuraduría (fiscalía) y guardado en su archivo histórico.
A pesar de esas conclusiones, la Femossp sólo logró consignaciones en 2,5 por ciento del total de 532 casos de graves violaciones a derechos humanos investigados, como ejecuciones arbitrarias y desapariciones forzadas. Avanzaron 17 investigaciones que derivaron en siete órdenes de captura.
En opinión del investigador del Colegio de México, Sergio Aguayo, la Femossp concedió "una amnistía de facto" a los involucrados en la represión. "Vicente Fox nunca fue capaz de entregar verdad, justicia y reparaciones a las víctimas del pasado, ni hablarnos con la verdad sobre ese tema", sostuvo Aguayo a la revista Enfoque.
Las organizaciones de derechos humanos guardan un as en la manga: la figura del soldado Zacarías Osorio, desertor de las Fuerzas Armadas que en 1988 confesó haber participado en ejecuciones de presos en los años 70 y 80.
Osorio, exiliado en Canadá desde 1987 y cuyo testimonio probaría los alcances de la represión ilegal mexicana, habría participado de entre 15 y 20 "misiones de exterminio" que resultaron en el asesinato de 60 civiles.
Además, la lucha de las organizaciones de derechos humanos podría anotarse un éxito en noviembre, si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos determina que el caso de Rosendo Radilla pase a la esfera de la Corte Interamericana, lo que podría conducir a un proceso del sistema continental de justicia contra el Estado mexicano por violar los derechos de la víctima y sus familiares.
Radilla, desaparecido, habría sido detenido en un reten militar en el sureño estado de Guerrero el 25 de agosto de 1974.
En el plano interno, ocho organizaciones humanitarias analizan la posibilidad de crear una Comisión de la Verdad, a la manera de instancias similares que funcionaron en Guatemala, El Salvador, Perú y Argentina. (FIN/IPS/eg/dcl/la ip hd mx pn sl/07)
