La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos se negó este martes a atender el caso del ciudadano alemán Khaled el-Masri, quien fue secuestrado, detenido y torturado por la CIA, porque un juicio pondría al descubierto «secretos de Estado».
La decisión del principal tribunal estadounidense implica la derrota de importantes organizaciones de derechos humanos, para las cuales el caso de Masri es emblemático de sus críticas al programa de "entregas extraordinarias" de la CIA (Agencia Central de Inteligencia).
La Corte Suprema se negó a encargarse de la apelación de la demanda emprendida por el ciudadano alemán contra el director de la CIA en el momento de los secuestros, George Tenet, entre otros funcionarios.
"Ésta es una mala noticia no sólo para Khaled el-Masri, sino para todos los estadounidenses preocupados por el estado de derecho y la reputación de nuestro país en el mundo", dijo el abogado Ben Wizner, de la Unión por las Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU) y a cargo de la querella.
"Al negarle justicia a una víctima inocente de las políticas antiterroristas de este país, la Corte dio al gobierno inmunidad total para sus vergonzosas violaciones a los derechos humanos y a las normas del debido proceso", advirtió Wizner.
El gobierno de George W. Bush alegó secreto de Estado en su negativa a entregar a la justicia información sobre aspectos clave de su "guerra mundial contra el terror", incluso sobre el uso de la tortura. También se negó a aportar esos datos en otros casos judiciales.
Masri, padre de seis hijos, demandó a Tenet, director de la CIA entre 1997 y 2004, porque esa agencia lo condujo clandestinamente en 2003, a bordo de un avión, de Macedonia, donde estaba de vacaciones en Noche Buena, a Afganistán.
En el avión, los agentes lo drogaron, le pusieron un pañal, lo encadenaron, lo vendaron y le taparon los oídos.
Allí fue mantenido incomunicado en una cárcel clandestina conocida como "hoyo de sal" durante cinco meses, sin acceso a sus familiares ni a defensa legal. Masri, de ascendencia libanesa, relató que fue confinado y sometido a tortura en interrogatorios, e incluso drogado. Un alemán lo interrogó en tres oportunidades.
Antes de ser liberado, fue llevado en avión a un centro de detención clandestino en Albania. Masri fue liberado dos meses, después de que la CIA concluyera que se trató de un caso de identidad equivocada. Fue dejado al costado de una carretera en una remota zona montañosa albanesa.
"El gobierno se esconde detrás de la doctrina del secreto de Estado para esquivar su responsabilidad en abusos, y la justicia acepta esa justificación a pesar de la claridad de las evidencias. Eso socava el imperio de los derechos humanos", dijo Elisa Massimino, directora de la oficina en Washington de la organización Human Rights First.
Este es uno más de los casos que exponen ante el público el programa estadounidense de "entregas extraordinarias" ("extraordinary renditions"), al que activistas califican de tercerización de la tortura.
Esta práctica ha sido aplicada por la CIA en épocas anteriores, pues fue aprobada por el ex presidente Bill Clinton (1993-2001), pero su frecuencia aumentó exponencialmente luego de los ataques terroristas que el 11 de septiembre de 2001 segaron 3.000 vidas en Nueva York y Washington.
Docenas de prisioneros secuestrados en Italia, Suecia y otros países europeos, así como en Estados Unidos, fueron enviados en secreto desde entonces a países notorios por aplicar a los detenidos torturas prohibidas por la ley estadounidense.
La secretaria de Estado (canciller) Condoleezza Rice afirmó que las entregas son una herramienta vital en la lucha contra el terrorismo, pero aseguró que Estados Unidos no "envía a nadie a un país para ser torturado".
"El Congreso (legislativo) dejó que el programa de entregas extraordinarias y detenciones secretas fuera demasiado lejos. Es tiempo de controlar esta práctica", advirtió Massimino.
La CIA se negó a comentar la decisión de la Corte Suprema.
La canciller (jefa de gobierno) de Alemania, Angela Merkel, afirmó el año pasado que funcionarios estadounidenses habían admitido que Masri había sido capturado por error. En junio de 2006, el Consejo de Europa, que reúne a 47 países, concluyó que el relato del ciudadano alemán era sustancialmente cierto.
Documentos oficiales de los dos países demuestran que el ex embajador estadounidense en Alemania, Daniel Coats, admitió ya en 2004 ante el entonces ministerio alemán del Interior, Otto Schily, que la detención de Masri había sido un error.
El abogado de Masri informó a la jefatura del gobierno, al Ministerio de Relaciones Exteriores y al servicio de inteligencia alemán (Bundesnachrichtendienst) que había sido ilegalmente detenido, según esos documentos.
En enero, fiscales alemanes emitieron órdenes de arresto contra 13 personas, incluidos agentes de la CIA y pilotos contratados, que habrían participado en el secuestro de Masri y su viaje a Afganistán.
Los investigadores en Berlín creen que los acusados fueron parte del "equipo de entrega", que usó en su trayecto la isla española de Mayorca y una base logíctica dentro de Europa.
La querella contra Tenet fue presentada por Masri en diciembre de 2005, y también contra varias empresas privadas involucradas en su secuestro y sus empleados.
Pero en mayo de 2006 un juez federal rechazó la demanda a causa del denominado "privilegio del secreto de Estado", que permite al gobierno abstenerse de revelar información que pueda, según sus abogados, lesionar la seguridad nacional.
Pero "si las acusaciones de Masri son ciertas o esencialmente ciertas, toda persona con criterio de justicia debe estar de acuerdo en que sufrió daños como consecuencia de un error de nuestro país y que merece una compensación", advirtió el juez del caso, T. S. Ellis III.
En marzo pasado, un tribunal de apelaciones tuvo el mismo criterio que Ellis y dejó de lado el caso. El fallo, redactado por el juez Robert King, indica que la demanda "enfrenta la búsqueda de la verdad judicial con el deber ejecutivo de mantener la seguridad nacional".
