Este viernes, el Estado peruano deberá explicar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por qué adoptó normas para reprimir las protestas sociales y qué ha hecho para detener atropellos contra pueblos indígenas.
Los peticionantes de la audiencia en Washington, sede de la CIDH, presentarán varios casos para demostrar lo que a su juicio es un retroceso en materia de derechos humanos durante el gobierno de Alan García.
Antes de que partieran, IPS conversó con los representantes del Estado y de las organizaciones no gubernamentales que solicitaron la audiencia a la CIDH.
"El régimen de García, en su afán de reprimir toda voz disonante con el modelo económico que impulsa, atenta contra la libertad de reunión, de asociación y de expresión", afirma el documento que presentará la no gubernamental Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh).
El abogado Wilfredo Ardito, de Aprodeh, considera que el Estado peruano debe responder por "el acelerado proceso de criminalización de la protesta social" y "el retroceso en la defensa de los derechos humanos", desde que García llegó al poder, hace 15 meses.
Una muestra, asegura la organización, es el Decreto Legislativo 982 promulgado por el Poder Ejecutivo, que declara inimputables a policías y militares que causen lesiones o muertes "en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas en forma reglamentaria".
La norma formó parte de un paquete de 11 decretos aprobados en julio, en el marco de las facultades otorgadas al Ejecutivo por el Congreso legislativo para enfrentar el crimen organizado. Sin embargo, la estatal Defensoría del Pueblo consideró que 37 por ciento de las modificaciones contenidas en esas normas excedían las atribuciones otorgadas.
"La norma genera una impunidad sin precedentes, como no ha sido dispuesta por ningún gobierno en los últimos tiempos", dice el documento de Aprodeh.
En respuesta, el secretario ejecutivo del gubernamental Consejo Nacional de Derechos Humanos, Luis Alberto Salgado, dijo a IPS que el decreto "de ninguna manera es patente de corso para violar derechos humanos" y que sólo constituye "una precisión para evitar la inhibición de la policía y las Fuerzas Armadas a la hora de luchar contra el crimen organizado".
Salgado asegura que esto no significa que las fuerzas del orden sean liberadas de cualquier investigación judicial, porque es la justicia la que deberá determinar la inocencia o culpabilidad.
Pero Ardito dijo a IPS que en el caso del policía César Salas, el Ministerio Público (fiscalía) quiso aplicar el decreto 982 para eximirlo de responsabilidad por la muerte del adolescente Jonathan Condori durante una protesta en Sicuani, Cusco, sur del país.
Condori murió por el impacto de una bomba lacrimógena en la cabeza, durante una movilización popular en agosto de 2006.
La norma también dispone la inhabilitación de funcionarios públicos por participar en huelgas, debido a que varias autoridades regionales se sumaron a manifestaciones por reclamos ciudadanos a lo largo de este año.
El gobierno insiste en que la Constitución prohíbe a los funcionarios promover huelgas, pero la Defensoría del Pueblo y las organizaciones de derechos humanos coinciden en señalar que la inhabilitación es una medida inconstitucional.
Aprodeh sostendrá ante la CIDH que así "se estaría penalizando el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y la participación en asuntos públicos que tiene cualquier ciudadano e, indirectamente, se estaría presentando a la huelga como un acto delictivo".
En el primer año del gobierno del Partido Aprista Peruano, 10 personas murieron en protestas callejeras, una cantidad alarmante si se considera que durante toda la administración anterior, de Alejandro Toledo (2001-2006), se registraron 15 casos.
El sacerdote Marco Arana, defensor de las comunidades campesinas en conflictos socioambientales con empresas mineras, también dará su testimonio ante la CIDH, como víctima de espionaje de una empresa de seguridad, presuntamente contratada por la aurífera Yanacocha.
La denuncia de Arana, conocido opositor de Yanacocha, fue archivado definitivamente por la fiscalía de Cajamarca, norte del país.
El sacerdote aprovechará su deposición para exponer varios casos de derechos de las comunidades vulnerados en conflictos con empresas de industrias extractivas.
También forman parte de la agenda denuncias de violaciones de derechos humanos de pueblos indígenas de la Amazonia.
La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) solicitó en julio a la CIDH medidas cautelares para proteger a los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial kugapakori nahua y nanti, afectados por el proyecto gasífero de Camisea.
La otra solicitud es en defensa de las etnias en aislamiento voluntario waorani pananunjuri y aushiris o aijiras, presuntamente amenazados por las actividades de las petroleras Barrett y Repsol.
En ambos casos, se piden medidas de protección para garantizar la vida, la integridad personal, la salud de los indígenas y el resguardo de su territorio y cultura y su derecho a vivir en un ambiente saludable.
El abogado de Aidesep, Bady Casafranca, afirmará a la CIDH que el Estado "privilegia la inversión privada antes que la defensa efectiva de los derechos de estos pueblos".
Casafranca asegura que, debido al contacto forzado con los trabajadores de las empresas, a fines de diciembre de 2006, varios indígenas nanti sufrieron diarreas que hicieron recordar una epidemia que en los años 80 acabó como la mitad del pueblo nahua, debido a operaciones petroleras de la empresa Shell.
Salgado, del Consejo Nacional de Derechos Humanos, respondió que se ha atendido la salud de esas poblaciones en coordinación con las autoridades locales y que expondrá la aprobación de normas que reconocen derechos de las comunidades nativas, como el reglamento de la Ley de Protección para Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial, publicado el 5 de este mes.
Además, el Estado peruano exige planes de contingencia a las compañías que explotan recursos naturales "para que puedan accionar oportunamente en el caso de que se produzca contacto con comunidades indígenas", aseguró Salgado.
Pero el representante de Aidesep sostuvo que las normas y acciones del Estado no son eficaces. "Es puro derecho, que no se cumple en la realidad", dijo.
A pesar de que los nahua kugapakori se encuentran en una reserva territorial, dos tercios de esa área, según Casafranca, son usurpados por el proyecto Camisea y además el Estado continúa ofertando parte de esas zonas para la explotación de más recursos.
Por ello, Aidesep solicita la suspensión de las actividades extractivas en la zona, a lo cual "el Estado no cederá" señaló Salgado, pues esos proyectos de inversión permitirán obtener recursos para aliviar la pobreza que vulnera derechos económicos y sociales, dijo.
Si la CIDH admite las medidas cautelares, el Estado deberá cumplir con esta exigencia así la decisión no sea vinculante, porque ante un acto de rebeldía, el siguiente paso podría ser una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sí emite sentencias de carácter obligatorio, dijo Casafranca.
Precisamente una denuncia contra Perú en la Corte es lo que pedirá este viernes la Federación Nativa de Río Madre de Dios (Fenamad), por considerar que el Estado ha incumplido con la implementación de una medida cautelar que la CIDH solicitó a favor de los pueblos maschco piro, yora y amahua por la intensificación de la extracción forestal ilegal en sus territorios, en el sudeste del país.
La medida cautelar fue consentida en 2005, pero, según el abogado Percy Assen, de Fenamad, "el gobierno sólo se ha dedicado a prometer más de lo mismo".
Salgado aseveró que se han implementado puestos de control para proteger a los indígenas y se ha instalado una mesa de trabajo para enfrentar el problema de la tala ilegal de madera, con participación de representantes de los pueblos afectados.
Pero Assen señala que esos puestos de control en la zona de los ríos Las Piedras y Tahuamano son financiados por la propia población ante la pasividad estatal y que se han aprobado normas sin considerar la opinión de los indígenas en el diálogo con el gobierno.
