¿Quién da un dólar porque los primeros liberados en la negociación del canje con la guerrilla colombiana sean los tres contratistas estadounidenses del Pentágono, a cambio de los dos insurgentes presos en Estados Unidos?
En todo caso, no el presidente colombiano Álvaro Uribe, que extraditó a los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Pero es precisamente sobre estos cinco que su gobierno no tiene poder de decisión.
Thomas Howes, Marc Gonsalves y Keith Stansell fueron atrapados por las rebeldes FARC en febrero de 2003 cuando, según esa guerrilla izquierdista, cumplían labores de inteligencia en el marco del contrainsurgente Plan Colombia, financiado y asesorado por Estados Unidos.
En diciembre de 2004, Uribe extraditó a Estados Unidos a Ricardo Palmera, de nombre de combate "Simón Trinidad", y en marzo de 2005 a Nayibe Rojas, "Sonia".
Los demás por cuya libertad se negocia son la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, de nacionalidad francesa y colombiana, secuestrada en febrero de 2002, otros ocho políticos y 13 militares y 18 policías capturados en combates, algunos desde hace casi 10 años.
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Del otro lado están medio millar de guerrilleros presos en cárceles colombianas, muchos condenados a décadas de reclusión.
La liberación de éstos sí depende de Uribe, que ha establecido dos condiciones "inamovibles": se niega a desmilitarizar una porción del territorio para negociar el canje, y exige que los insurgentes liberados no retornen a la guerra.
Las FARC descartan por ahora la segunda condición. En cuanto a la primera, según supo IPS, no la han vuelto a mencionar en sus misivas al presidente venezolano Hugo Chávez, quien desde agosto actúa como mediador, con la anuencia de Uribe.
Que las FARC no estén mencionando su sempiterna exigencia de despeje militar puede decir mucho, o no decir nada.
Lo cierto es que en la etapa final del acuerdo humanitario, cuando tenga que materializarse el canje, los rehenes tendrán que ser traslados quizá no por uno, sino por varios corredores humanitarios libres de fuerza pública.
Chávez ingresó al escenario del canje por iniciativa de la senadora colombiana del Partido Liberal, Piedad Córdoba, aguerrida crítica de Uribe que llegó a pedir que el mandatario fuera aislado internacionalmente por sus supuestos vínculos con paramilitares de ultraderecha comandados por narcotraficantes.
Cuando Córdoba acudió apenas a informarle de que trabajaría por el acuerdo humanitario, Uribe tomó al vuelo a su peor contradictora y la nombró oficialmente facilitadora.
De paso, silenció sus críticas.
Desde entonces, mucho ha transcurrido vertiginosamente al revés.
Washington, que tiene por norma no negociar con "terroristas", como clasifica a las FARC, se manifestó dispuesto a "escuchar" una oferta "concreta" de la guerrilla para obtener la libertad de sus tres ciudadanos.
El agua y el aceite de la política en el Hemisferio Occidental se unieron para hablar del acuerdo humanitario en Colombia: el lunes 1 de octubre, el canciller venezolano Nicolás Maduro y el subsecretario de Estado estadounidense para asuntos americanos, Thomas Shannon, se entrevistaron en Nueva York.
La empresa para la que trabajaban los tres estadounidenses, Northrop Grumman, principal contratista del Departamento de Defensa, contrató como "lobbysta" del canje nada menos que al ex secretario de Estado Henry Kissinger (1973-1977).
Las FARC pidieron al mundo que les reconociera estatus beligerante y, en un manifiesto, llamaron internamente a iniciar contactos clandestinos en aras de un "acuerdo nacional por la paz", "sin darle importancia al gobierno", al que califican de "forajido, ilegítimo e ilegal".
"Sonia", quien ya cumple pena de prisión en total aislamiento en una cárcel para enfermas mentales de alta peligrosidad en Texas, sur de Estados Unidos, fue visitada cuatro horas el jueves por Córdoba.
La insurgente campesina dijo estar dispuesta a ser excluida de la negociación, si su caso es un obstáculo para que sus compañeros presos en Colombia sean excarcelados, opción que sus jefes de las FARC descartan.
El mismo día se anuló un proceso por narcotráfico contra "Trinidad", porque el jurado estadounidense no llegó a consenso, aunque mayoritariamente (siete contra cinco) absolvió al guerrillero. El juicio tendrá que ser repetido.
Tras una acusación de cuatro meses, la fiscalía estadounidense no aportó pruebas concretas sino testimonios "exagerados, como historias inventadas" de desertores de las FARC, según varios miembros del jurado.
Un jurado cuestionó, por "politizado", el Programa de Reinserción del gobierno colombiano, que cobija a la mayoría de los testigos que declararon contra el guerrillero.
"Trinidad" está a la espera de que el 20 de noviembre un juez le fije pena en otro proceso en el que ya fue hallado culpable por "concierto para cometer secuestro", es decir por pertenecer a las FARC, que capturaron a los tres estadounidenses.
Mientras, una fuente cercana a la senadora Córdoba dijo a IPS que quizá este canje —de "Sonia" y "Trinidad" por los estadounidenses—, considerado en Colombia como el más difícil, bien podría no ser el último, sino el primero y desatar el resto de las liberaciones.
Quizá Uribe piense lo mismo. En plena visita a Colombia del secretario de Defensa estadounidense, Robert Gates, el mandatario encontró el miércoles un argumento para rechazar la inclusión de "Trinidad" y "Sonia" en la negociación: un nuevo "inamovible".
Uribe conjeturó que si los dos insurgentes fueran liberados como parte del acuerdo humanitario que Chávez gestiona, se desataría una ola de secuestros de estadounidenses en Colombia para pedir la libertad de otros extraditados, que suman cerca de medio millar de acusados de narcotráfico desde que asumió el poder en 2002.
"Eso acabaría con las esperanzas que tenemos en el turismo, el empleo y en la inversión internacional", dijo el presidente colombiano.
Los narcotraficantes extraditados por su gobierno a Estados Unidos pertenecen a mafias rivales de los carteles de Medellín y de la Costa, cuyos jefes se sometieron a una polémica desmovilización parcial, junto con sus ejércitos paramilitares que actúan con la fuerza pública y apoyan a Uribe, incluso electoralmente.
Gates dijo que está de acuerdo con la tesis del "círculo vicioso", pero que, dado que "el primer objetivo es el regreso seguro de los rehenes", el asunto requiere "probablemente más paciencia" que un rescate militar.
Sobre la mediación de Chávez, comentó que "cualquier oportunidad que surja, que cree un entorno" para llevar a las FARC a liberar a los rehenes, "debe ser examinada muy atentamente".
El gobierno colombiano se negó a dar salvoconductos a los emisarios de "Manuel Marulanda", comandante de las FARC, que iban a reunirse con Chávez en Venezuela el lunes 8 de octubre para preparar un encuentro posterior entre el mandatario y el líder guerrillero.
"¿Cuándo se ha visto que el gobierno tenga que darles permisos a esos 'angelitos de Dios'?", dijo Uribe sobre los que suele calificar de "terroristas", "bandidos" y "mentirosos".
"Los de las FARC se inventan la manera de llegar hasta allá", agregó con lógica impecable.
Previamente, su ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, líder de los sectores colombianos antichavistas hasta su investidura en ese cargo, advirtió que no cesarían los operativos militares contra las FARC y que si sus emisarios salían del país, lo harían bajo su propio riesgo.
Ese "riesgo" no es menor.
La cúpula de las FARC, y por lo tanto los emisarios de "Marulanda", tienen órdenes internacionales de captura.
Esto permitiría que la Interpol, en pleno encuentro de Chávez con los guerrilleros, exigiera al gobierno venezolano su arresto, un potencial grave enredo para el presidente mediador.
Pero, como dice Uribe, la guerrilla puede "inventar la manera" de llegar a Chávez. Mientras, el venezolano y la senadora buscarán, en la cumbre del 12 entre los mandatarios de Colombia y Venezuela, que no se sigan multiplicando los "inamovibles" del colombiano.
