El primer juicio por delitos contra la humanidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) comenzó este jueves en la capital argentina. Pero sobrevivientes de ese centro, por donde pasaron 5.000 prisioneros durante la dictadura (1976-1983), están disconformes por la insignificancia del proceso.
"Después de 30 años de los graves delitos que cometió la Armada se trae a juicio a una sola persona, que no pertenecía a la marina y que, además, está acusado por sólo cuatro casos de secuestro y torturas. ¡Es una vergüenza!", declaró indignado a IPS Carlos Lordkipanidse, quien sufrió el martirio en la hoy desactivada ESMA y querellante en el juicio.
El resto de las causas contra represores de este campo de concentración está frenado en el máximo tribunal penal, la Cámara de Casación, cuestionada por el gobierno centroizquierdista de Néstor Kirchner, que acusó a algunos de sus integrantes de trabar arbitrariamente los procesos por violaciones a los derechos humanos.
Tras una serie de intentos frustrados por frenar este juicio aislado de la gran causa de la ESMA, uno de los más terribles campos de concentración de la dictadura, el Tribunal Oral Federal Nº 5 de Buenos Aires comenzó a enjuiciar a Héctor Febres, un represor que integraba Prefectura Naval y al que se le imputan en esta ocasión delitos en apenas cuatro casos.
La justicia lo acusa, por el momento, del secuestro y torturas de Lordkipanidse, de Carlos García, Alfredo Margari y Josefa Prada, todos sobrevivientes. En cambio, desestimó la imputación por el homicidio del sindicalista Raimundo Villaflor, que según testigos murió por las torturas en la ESMA cuatro días después de ser secuestrado por fuerzas represivas.
[related_articles]
En otra instancia, Febres, quien ya está detenido por la apropiación de menores nacidos en cautiverio también en dictadura, será acusado de la desaparición del periodista y escritor Rodolfo Walsh y de participar en el secuestro y asesinato de las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet, entre otros casos de los más graves.
Febres es el único represor de la ESMA cuyo caso es elevado a juicio desde que la Corte Suprema de Justicia declaró en 2005 inconstitucionales las leyes de "punto final" y "obediencia debida", que a partir de la segunda mitad de los años 80 alejó a los uniformados de los tribunales que investigaban crímenes de la dictadura, que dejó 30.000 desaparecidos según organizaciones humanitarias.
Pero los requeridos por la fiscalía son cerca de 300, la mayoría integrantes de la marina de guerra.
Actualmente la Armada devolvió el predio de la ESMA a las autoridades civiles del Estado y el gobierno de Kirchner lo destinó a instalar el llamado Museo de la Memoria, que será administrado por organizaciones defensoras de los derechos humanos.
El ex militar que ahora afrontar el tribunal oral "era el responsable del sótano donde estaban las salas de interrogatorio y la llamada huevera, donde llevaban a las embarazadas", recordó Lordkipanidse, quien fue secuestrado el 18 de noviembre de 1978 y estuvo detenido en la ESMA dos años y medio, hasta que fue dejado en libertad vigilada hasta 1983, cuando huyó a Suecia.
Una hora antes de su secuestro fue capturada su esposa y su hijo de 20 días de vida. El ex detenido recuerda que a Febres le decían "Gordo Selva". Era común entre los represores de la ESMA ponerse apodos de animales, como Puma, Cuervo, Piraña, apuntó. "A Febres le decían Selva, porque era todos los animales juntos", describió.
En diálogo con IPS, Liliana Mazea, abogada de Lordkipanidse, explicó que los representantes de la querella reclamaron a la Corte Suprema de Justicia que suspenda este juicio y lo unifique con otros que se realizarían en meses venideros a miembros más relevantes de la marina de guerra, como Alfredo Astiz o Jorge Acosta. La fiscalía, con instrucciones de la Procuraduría General de la Nación, también se opuso al juicio que genera una exagerada exposición de víctimas y testigos por casos menores respecto de los graves delitos cometidos en ese centro de detención. Y lo mismo ocurrió con la defensa del acusado, aunque por distintas razones.
El abogado del represor, Victor Valle, reclamó sin éxito que su defendido sea juzgado junto con otros miembros de la ESMA con el objetivo de disminuir la carga de responsabilidad que pesará sobre su cliente, el primer acusado de este capítulo en el que se reabrieron las causas por violaciones a los derechos humanos.
Pero en fallo dividido, la Corte avaló en la noche del miércoles la realización del juicio, un hecho que provocó frustración entre testigos, sobrevivientes y abogados de organizaciones humanitarias como Justicia Ya, que reúne a letrados de diversas entidades y que viene pidiendo la unificación de los procesos penales.
"No se quiere mostrar que en Argentina hubo un plan criminal de genocidio", consideró la abogada, que integra el colectivo. "El gobierno y la justicia deben adoptar medidas para hacer juicios por centros de detención o circuitos represivos, y no permitir esta atomización que diluye la magnitud del crimen", indicó.
Asimismo, la letrada sostiene que la multiplicidad de procesos "revictimiza" a los sobrevivientes y familiares de detenidos-desaparecidos que deben ir a declarar contra el mismo imputado en múltiples juicios que se abren, y luego contra otros acusados vistos en el mismo centro clandestino de detención.
"Parece que apuestan a que testigos y acusados vayan muriendo", advirtió Mazea.
Desde la declaración de inconstitucional de las llamadas leyes del perdón, se condenó al ex policía federal Julio Simón, al ex comisario de la policía de la oriental provincia de Buenos Aires Miguel Etchecolatz y al sacerdote católico Christian von Wernich, aunque todavía no por todos los delitos que se le imputan a cada uno.
El testigo Enrique Fukman, sobreviviente de la ESMA, es uno de los convocados a declarar en este y otros juicios. Recuerda perfectamente a Febres por su brutalidad. "Como no pertenecía a la marina, hacía méritos para ganarse la confianza de la Armada y por eso era brutal", remarcó.
La causa ESMA comenzó en 1979, cuando los primeros sobrevivientes declararon ante el Parlamento Europeo. Después presentaron testimonio ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, creada por el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989), y ante las justicias de Italia y de España, enumeró Fukman.
Ahora el desfile será ante las múltiples instancias de la justicia argentina. Sólo por estos casos contra Febres fueron convocados unos 60 testigos.
"Lo que me molesta profundamente es que voy a tener que ir muchas veces a declarar por este tipo (Febres) y por otros más de la ESMA", dijo Lordkipanidse. "Yo vi en la ESMA a Astíz, a Acosta, a (Emilio) Massera (remarcó aludiendo al entonces jefe de la Armada), ¿por qué no están hoy aquí?", se preguntó.
