El parlamento de Brasil no sale de la crisis iniciada en 1993, aunque ahora logró un respiro con la decisión del presidente del Senado, Renan Calheiros, de alejarse del cargo para que el oficialismo apruebe una enmienda constitucional vital para el presupuesto nacional.
Calheiros, sometido a cuatro procesos en la Comisión de Ética del Senado por acusaciones de corrupción y fraudes variadas, anunció por la emisora de televisión del Senado su alejamiento por 45 días. Se resistió durante 140 días, desde que una revista denunció una posible relación corrupta con una gran empresa constructora.
La opinión pública supo, el 25 de mayo, que el senador pagaba una pensión mensual de 12.000 reales (6.600 dólares) a la periodista Mónica Veloso, la amante con quien tuvo una hija. El problema es que el pago era hecho en moneda corriente por un funcionario de la firma constructora Mendes Junior y la suma equivale casi al sueldo de un senador.
En el intento de comprobar ingresos suficientes, como ganadero, para encargarse de la pensión, el presidente del Senado presentó documentos con indicios de irregularidades tributarias y otros fraudes.
Además fue acusado de adquirir un diario y emisoras de radio a través de testaferros y de usar su poder en beneficio de una empresa cervecera, generando nuevos procesos en la Comisión de Ética.
La imposibilidad de seguir en la presidencia del Senado era evidente desde el inicio del escándalo, pero el apoyo de los partidos oficialistas y del propio presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, le permitió mantenerse en la función.
Ese respaldo, obtenido como aliado clave del gobierno, le aseguró, el 12 de septiembre, la absolución por el plenario del Senado en un primer proceso, por sospecha de corrupción.
Pero Calheiros perdió el respaldo en las últimas semanas, después de que surgieron indicios de que él ordenó espiar a sus pares y adoptó represalias contra miembros de su propio partido, el Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) que le negaban apoyo.
El PMDB y el gobernante Partido de los Trabajadores (PT) pasaron a presionarlo para que abandonara la presidencia del Senado, aunque sea temporalmente, para que ese cuerpo volviera a la normalidad y se aprobara la enmienda constitucional que prorroga hasta 2011 la Contribución Provisional sobre Movimiento Financiero.
Esta contribución, llamada comúnmente el impuesto a los cheques, recauda 40.000 millones de reales (22.000 millones de dólares) al año.
La enmienda ya fue aprobada en la Cámara de Diputados, pero con un atraso que, sumado a los trastornos del escándalo, hace difícil su ratificación en el Senado hasta fin de año.
Sin esa norma, el gobierno perderá abultados ingresos el próximo año y se verá forzado a un fuerte ajuste fiscal. Sin la prórroga aprobada, la contribución caduca y volver a imponerla demandaría muchos meses, además de posibles cuestionamientos judiciales.
La evaluación corriente es que la crisis seguirá, si Calheiros no renuncia a la presidencia del Senado. Además, los procesos éticos podrán llevarlo a la inhabilitación.
En cualquier hipótesis, se acumulan daños a la credibilidad del Senado, como han señalado analistas como la cientista política Vitoria Benevides, ex presidente de la Comisión de Ética Pública del gobierno, y el director de la organización no gubernamental Transparencia Brasil, Claudio Weber Abramo.
La indignación contra el Senado alcanzó el clímax ante la absolución de Calheiros por sus pares, una actitud considerada una reafirmación de la connivencia de los senadores, siguiendo una tradición de impunidad.
Hasta ahora sólo un senador fue inhabilitado por corrupción, mientras que hace seis años otro presidente de ese cuerpo, Jader Barbalho, fue forzado a la renuncia tras confirmarse que estaba involucrado en desviaciones de recursos públicos.
En el mismo 2001, otros dos senadores renunciaron al mandato para no sufrir una inhabilitación política, que representa la pérdida automática del derecho de volver a presentarse a elecciones en busca de un escaño parlamentario por el plazo de ocho años, como mínimo. Ambos fueron acusados de violar secretos de votación en el Senado.
La crisis parlamentaria permanente en Brasil alterna escándalos en las dos cámaras, sin faltar algunos que involucran tanto a diputados como a senadores.
El comienzo de ese proceso de creciente descrédito del Poder Legislativo data de 1993, cuando se descubrió que muchos de sus miembros usaban recursos del presupuesto gubernamental para favorecer determinadas empresas y cobrarles comisiones a cambio.
Una comisión parlamentaria investigó los llamados "enanos del presupuesto", porque casi todos eran de baja estatura, y acusó a 18 diputados. Finalmente sólo seis fueron condenados. Los demás renunciaron, para evitar la inhabilitación política, o fueron absueltos.
Desde entonces se sucedieron escándalos variados y medidas que no lograron contener la corrupción y otros delitos. La situación se agravó en los últimos años, con el llamado "mensualón" (la paga mensual de favores) y el caso de la "sanguijuelas".
La primera estalló en 2005 por denuncias de un sistema de soborno de parlamentarios por el PT, que llevó a la inhabilitación de sólo tres diputados y la renuncia o absolución de otros 15 acusados. Sin embargo, implicó una actitud más dura de la justicia, que procesó a 40 políticos y empresarios.
Las "sanguijuelas" se les llamó a 72 diputados y senadores acusados de recibir propinas en la compra, con dinero público, de ambulancias destinadas a servicios municipales de salud.
Antes de ese último escándalo, tuvo que renunciar el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Severino Cavalcanti, tras comprobarse que extorsionaba a un empresario para que éste pudiera mantener un restaurante en el Congreso Nacional.
"La desmoralización del Congreso", en tantos casos de corrupción y fraudes, "deja el presidente Lula con un poder desmedido", evaluó para IPS Angelina Dutra de Oliveira, basada en su experiencia de 84 años de vida, en que acompañó la evolución de Brasil tanto por la prensa como por un activismo sindical y político que le costó la cárcel tras el golpe militar de 1964 y el exilio de 1970 a 1979.
"Con la popularidad que tiene Lula, por demagogia o carisma, todo depende de su voluntad", señaló, temiendo por una opción no democrática del presidente, a quien se opone por considerarlo "un demagogo".
