La reforma a la Constitución de Venezuela, pedida por el presidente Hugo Chávez y trabajada a toda máquina por la Asamblea Nacional este mes, dio inesperadamente un paso atrás en materia de derechos humanos.
"Cometimos ese error en la Constitución de 1999. Ahora la Asamblea Nacional lo está corrigiendo, está dotando al Estado de la posibilidad de decretar un verdadero estado de excepción", dijo el ministro de Información, Willian Lara.
En un estado de excepción "la información la dará el gobierno", indicó por su parte la presidenta de la Asamblea legislativa, Cilia Flores, y uno de los vicepresidentes del cuerpo, Roberto Hernández, estimó que sin la garantía al debido proceso "otro habría sido el curso de los acontecimientos" durante el efímero golpe de Estado de abril de 2002 contra Chávez.
El cambio en este artículo, el 337 de los 350 que contiene la Carta Magna, sorprendió no sólo por su contenido sino porque es parte de un paquete de 25 que la Asamblea modificó súbitamente este mes, después de que Chávez presentase, el 15 de agosto, su propuesta de cambiar 33 artículos.
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Chávez propuso dar rango constitucional a los consejos comunales, establecer como base del país a las ciudades, divididas en comunas y comunidades, fijar la jornada de trabajo en seis horas diarias y organizar un sistema de seguridad social universal, así como recibir poderes para diluir los actuales estados y municipios en otras entidades, bajo su autoridad directa, cuando lo considere conveniente.
También pidió aumentar su mandato de seis a siete años, permitir la reelección presidencial indefinida, suprimir la autonomía del Banco Central, reconocer la propiedad social al lado de la pública y la privada, y crear milicias populares junto a las Fuerzas Armadas convencionales, que además se definirán como "un cuerpo esencialmente popular, patriótico y antiimperialista".
La Asamblea realiza otros cambios, de común acuerdo con el mandatario, como reiterar la igualdad de todos ante la ley, sin discriminaciones fundadas en condiciones étnicas u orientaciones sexuales; fijar la edad mínima para votar en 16 años, sin alterar la de mayoría de edad que permanece en 18, y abrirle espacio al esquema integracionista conocido como Alternativa Bolivariana para las Américas, ALBA.
La oposición política criticó enérgicamente la propuesta inicial de reforma, y con mayor énfasis el agregado hecho por la Asamblea, y dentro del oficialismo media docena de diputados, del Partido por la Democracia Social (Podemos), han negado su respaldo a los artículos que se van desgranando en los debates.
Los 167 diputados de la Asamblea pertenecen a listas de seguidores de Chávez, pues la oposición boicoteó la elección parlamentaria de 2005.
Pero también la jerarquía católica y organizaciones de derechos humanos se han opuesto a la reforma. "Su metodología está viciada y es moralmente inaceptable", declaró el influyente arzobispo de la sudoccidental ciudad de Mérida, Baltasar Porras.
La mayoría de los políticos y columnistas de opinión argumentan que la cantidad y envergadura de cambios es tal que no constituye una reforma sino una nueva Constitución, por lo que debería convocarse a una asamblea constituyente que la hiciese.
"Se está construyendo un marco regresivo en materia de derechos humanos junto con una tendencia a militarizar el país", dijo a IPS Marino Alvarado, coordinador de la organización humanitaria Provea mientras se preparaba una reunión del Foro por la Vida, de 20 organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, que fijarán una posición común este fin de semana.
"Las restricciones que se establecen al debido proceso violan disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos relativas a los estados de excepción y, junto con las limitaciones a la libertad de información, dan una pauta regresiva en materia de derecho humanitario", sostuvo Alvarado.
El Foro por la Vida también ha expresado preocupación porque los consejos comunales no serán electos por las comunidades sino que se constituirán mediante un régimen de asambleas, y se opone a que el presidente modifique el mapa político-administrativo del país para designar allí autoridades que no serán electas.
En el exterior, las organizaciones Human Rights Watch, con sede en Nueva York, y Reporteros Sin Fronteras, con sede en París, han expresado preocupación por la reforma y criticado con énfasis los cambios propuestos al artículo 337.
La reforma será sometida a referendo popular, seguramente el 2 de diciembre, con apenas 30 días de campaña formal por el "Sí" o el "No". Las encuestas han mostrado una tendencia que favorece su aprobación, pues aunque el electorado se divide casi a partes iguales entre quienes la apoyan y la resisten, la oposición está dividida en dos grandes parcelas: quienes desean votar No y los que prefieren abstenerse.
