Veintiséis de septiembre de 2006. «Señor presidente, los que vamos a morir lo saludamos». El mensaje fue dirigido al mandatario colombiano Álvaro Uribe por un rehén en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), capturado en abril de 2002 junto a otros 11 diputados regionales.
Para septiembre de 2006, los diputados llevaban cuatro años y medio en un campamento amazónico de esa guerrilla izquierdista, con menguantes esperanzas de que el gobierno y las FARC iniciaran negociaciones para un intercambio de prisioneros.
Nueve meses más tarde, 11 de los 12 diputados fueron muertos, incluido el joven que había predicho ese desenlace.
Las circunstancias de esas muertes siguen envueltas en oscuridad y polémica. Pero algo está claro: incapaces de poner fin a más de cuatro décadas de guerra civil, los colombianos buscan cada vez más ayuda fuera de fronteras, y no de Estados Unidos, sino de Europa y América Latina, en una dinámica acelerada desde agosto por la mediación que asumió el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, para resolver la crisis de los rehenes.
Cada tanto el mundo se entera de los rehenes a través de vídeos despachados por las FARC para probar a sus familias que siguen vivos. Desde que Uribe rechazó la búsqueda de negociaciones cada cinta contiene perentorios llamados a no ser «rescatados» por la fuerza. Hace poco, uno de ellos, un policía, dijo que «un rescate militar equivale a una sentencia de muerte».
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La guerrilla campesina, en armas desde 1964, mantiene como rehenes a la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, a su compañera de fórmula, Clara Rojas, y al pequeño hijo de ésta nacido de una relación con un guerrillero durante su cautiverio, así como a otros ocho políticos.
Además, tiene prisioneros a 14 oficiales y suboficiales del ejército y a 20 miembros de la policía y a tres contratistas estadounidenses que operaban en el marco de la ayuda militar de ese país. A cambio de entregarlos, reclama la libertad de unos 400 guerrilleros presos, y de dos extraditados a Estados Unidos, alias «Sonia» y alias «Simón Trinidad».
Como la guerra interminable, la suerte de los rehenes está empantanada en rencores recíprocos. Las FARC mataron al padre del presidente Uribe en 1983. Y recientemente, los procesos de la Corte Suprema de Justicia a la «parapolítica», expusieron las alianzas secretas entre políticos que apoyaron al mandatario, incluidos algunos miembros de su familia, y paramilitares acusados de cometer atrocidades contra campesinos pobres, base social de la guerrilla.
Las FARC se niegan a dialogar con el gobierno si éste no establece una zona desmilitarizada para esas pláticas. Uribe se niega a retirar tropas de hasta «un milímetro» del territorio colombiano. Los esfuerzos de los gobiernos de España, Francia y Suiza, que trabajan reservadamente para forjar un acuerdo, han sido derrotados una y otra vez por la guerra.
Uribe niega que exista una guerra. Se trata apenas de «un desafío terrorista» de un grupo de «bandidos» contra «un Estado democrático».
Para combatir a esos delincuentes, su gobierno recibe unos 630 millones de dólares anuales en asistencia militar de Estados Unidos, contrata mercenarios y financia a expertos británicos, estadounidenses, franceses e israelíes para que entrenen a comandos de elite que se infiltran en el territorio de las FARC, identifican objetivos, llegan, matan, salen y determinan ataques aéreos contra cualquier cosa que se mueva.
La selva es una zona de guerra en la que los rehenes están atrapados como muñecos en un tiro al blanco.
En algún lugar de esa zona, los 11 diputados fueron asesinados.
Las FARC informaron de las muertes el 28 de junio por Internet, señalando que habían muerto bajo fuego cruzado el 18 de ese mes, en un ataque de «un grupo militar sin identificar» al campamento donde se encontraban.
Uribe habló entonces por televisión, acusando a las FARC de asesinarlos con premeditación y a sangre fría. Sostuvo que el ejército no pudo haber atacado el campamento pues no conocía la ubicación de los rehenes. Comunicados del Ministerio de Defensa aseguraron que no hubo operaciones en las inmediaciones del territorio de la guerrilla el 18 de junio.
Cuando la noticia llegó a Ginebra aquella tarde del 28 de junio, los delegados franceses, suizos y españoles estaban evaluando los resultados de una reunión de 24 horas celebrada con las FARC el 16 de ese mes. Fuentes en Bogotá reportaron que la visita de los mediadores a la selva, la séptima de este año, había logrado avances sustanciales. Las FARC habían aceptado una agenda y habían comenzado a dar pasos establecidos para crear un clima de confianza.
Al enterarse de la muerte de los rehenes, los delegados contactaron a las FARC en la selva para pedirles explicación, según reportan fuentes desde París. Pero las FARC nada sabían. Su dirigencia no había escuchado nada, no conseguían entender cómo se había violado la seguridad del campamento, no tenían noción de dónde, cuándo, cómo o por qué habían muerto los 11 diputados. «¡Es una catástrofe!» «¡Es una catástrofe!», repetían una y otra vez.
Comprendieron de inmediato las implicaciones y previeron que la tragedia podía destruir cualquier posibilidad futura de un intercambio de prisioneros.
Este año, el apoyo internacional al canje se amplió. Siete legisladores estadounidenses del opositor Partido Demócrata apoyaron una propuesta formulada en diciembre de 2005 por Suiza, Francia y España de crear una «zona de encuentro» donde pudieran realizarse las negociaciones para el canje, con medidas de seguridad suministradas por los tres países europeos y la Cruz Roja Internacional.
Más tarde, el 17 de mayo, el presidente Uribe urgió a sus generales a lanzar ataques en la selva y rescatar por la fuerza a Betancourt. Esto disparó la intervención del recién investido presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, para quien la liberación de esa ciudadana francesa y colombiana es «una cuestión de máxima prioridad».
Furioso con el discurso de Uribe, Sarkozy llamó a Bogotá. Uribe suspendió el operativo militar y también liberó al guerrillero Rodrigo Granda, el preso de las FARC de mayor jerarquía.
En agosto, no había aún información sobre cómo murieron los diputados. Persistían las sospechas de que el grupo militar «no identificado», que según las FARC había atacado el campamento, existiera y hubiera actuado con conocimiento del ejército colombiano.
Circulaban por Internet pistas de una operación militar que barrió un campamento guerrillero. (Ver recuadro «Pistas en Internet»).
Entonces, IPS publicó una reconstrucción plausible de los hechos, firmada por Constanza Vieira.
Según el relato de Vieira, varios de los guerrilleros que custodiaban a los rehenes desertaron en la víspera de su muerte. La sospecha de que el campamento hubiera sido infiltrado llevó a trasladar a los diputados en lancha al amanecer. Presuntamente, murieron en el río donde navegaban cuando la embarcación fue emboscada por comandos colombianos, respaldados por helicópteros artillados.
En agosto, presionado para que reiniciara contactos con las FARC, Uribe designó a la senadora opositora Piedad Córdoba, que había obtenido apoyo de Chávez, como facilitadora para el canje humanitario. Cuando los dos mandatarios se reunieron en las afueras de Bogotá, acordaron que el venezolano actuaría como «observador y garante» de un intercambio de prisioneros.
La dupla Chávez-Córdoba se movió con prontitud para superar el callejón sin salida. En respuesta a la oferta del mandatario de un territorio neutral para las conversaciones, las FARC aceptaron ir a Caracas e inclusive propusieron hablar en cualquier otro sitio neutral. De confirmarse este extremo, su exigencia de una zona desmilitarizada en Colombia sólo se aplicaría para el intercambio físico de los prisioneros, lo que constituye una importante concesión.
Mientras, se ampliaba el apoyo internacional a la iniciativa de Chávez, en especial desde el gobierno de George W. Bush, mediante claras señales de que esperaba propuestas concretas de las FARC para negociar la liberación de los tres contratistas estadounidenses.
Sarkozy está firmemente comprometido con el canje. También lo están España y Suiza. El Movimiento de Países No Alineados, Brasil, Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y el partido gobernante en Uruguay han ofrecido su respaldo. La senadora Córdoba se encuentra en Washington.
¿Por qué entonces la demora? ¿Qué frena el prometido encuentro entre Chávez y delegados de las FARC?
Esa reunión, fijada para el 8 de octubre y a la cual habían sido invitados también legisladores estadounidenses, funcionarios venezolanos y familiares de los rehenes, se pospuso cuando el ministro colombiano de Defensa, Juan Manuel Santos, se negó a asegurar que los delegados de las FARC no serían perseguidos y arrestados cuando intentaran cruzar la frontera con Venezuela.
¿Cuál es la posición de Uribe? ¿Quiere realmente el canje? Algunos observadores en Caracas dicen que el mandatario está preso de sectores de la derecha vernácula contrarios a la paz, que intentan bloquear un acuerdo.
Cualquiera sea la respuesta, está claro que la crisis de los rehenes se ha internacionalizado y que Uribe ha perdido el control de la iniciativa encabezada por Chávez.
La pelota está ahora en el campo de las FARC. Chávez les ha dado la oportunidad de librarse del mote de «terroristas». ¿La usarán con sabiduría? ¿Reconocen la urgencia de la situación? ¿Ven que su propio futuro está unido de modo irrevocable al de los rehenes?
Cuando se reúnan con Chávez, ¿llevarán pruebas de sobrevivencia de los rehenes que permanecen en su poder? ¿Tendrán un gesto recíproco al de la libertad de Rodrigo Granda, liberando a uno o dos de sus retenidos? ¿Expondrán propuestas concretas?
La responsabilidad por la vida de los rehenes está ahora en manos de las FARC.
