Cuando faltan 11 días para las elecciones locales y regionales que se celebrarán en Colombia el último domingo de octubre, la muerte, el clientelismo, el fraude, grupos armados y el voto por miedo recorren los municipios de este país.
Hay 86.449 candidatos inscriptos, de los cuales se elegirán 18.527. Pero 16 postulantes y 70 activistas ya han sido asesinados, casi todos de zonas rurales, por ejemplo, Alberto Martínez, candidato a la alcaldía de Rioblanco, población del departamento del Tolima, en el oeste del país, o Julio César Marentes, aspirante a la alcaldía de Villarrica, muerto en la misma zona y cinco días antes.
Son muchas las víctimas de atentados. Sólo en Buenaventura, puerto marítimo del suroriente del país, salieron ilesos Héctor Copete, aspirante a la alcaldía, y Laidy Tatiana Palacios y Maritza Santomé, candidatas al concejo.
Las intimidaciones también rondan las elecciones. Por llamadas en las que lo amenazan de muerte, el ex candidato presidencial y ex ministro Horacio Serpa, aspirante a gobernador del departamento de Santander, noroccidente del país, anunció que no volverá a la plaza pública.
No sólo los hechos muestran que las elecciones están amenazadas. También las investigaciones.
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Nunca en la historia de este país se había hecho un seguimiento tan pormenorizado de los riesgos que amenazan el proceso electoral como el que acaba de revelar el libro "Retos electorales, riesgos y recomendaciones", de la no gubernamental Misión de Observación Electoral (MOE), a cargo de analistas e investigadores de reconocidas universidades y centros de estudio.
El libro afirma que "en 576 de los 1.098 municipios del país —es decir, en un poco más de 50 por ciento—, no hay garantías para ejercer el derecho al voto". La investigación incluye mapas que identifican los grados de riesgo electoral y recomendaciones para prevenirlos.
El riesgo electoral se refiere a factores que afectan los comicios y que conducen a votaciones excepcionalmente favorables para una lista, cantidad fuera de lo común de votos nulos o en blanco, concurrencia a las urnas muy alta o muy baja, violencia política, amenazas o asesinatos de candidatos, confrontación armada, entre otros.
Según el estudio, la participación y los riesgos están tan focalizados que Colombia está dividida en dos: el norte, con una alta participación electoral, y el sur, donde ocurre lo contrario.
"576 municipios presentan niveles de riesgo preocupantes por variables de violencia", señala el informe. De ellos, "330 municipios se encuentran en riesgo por confrontación armada, 367 por presencia de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), 65 por presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN, segunda guerrilla en importancia), y 99 por presencia de nuevos grupos y bandas emergentes".
¿Las regiones más afectadas? Arauca, Meta, Vichada, Casanare y Guaviare, todos departamentos del sur del país.
Por anomalías e irregularidades en comicios pasados, como tarjetones no marcados, manipulación de votos y candidaturas únicas, la investigación asevera que 328 municipios están en riesgo. El mayor número de casos se presentan en la Costa Caribe: Atlántico, Sucre, Bolívar, Cesar y Magdalena.
Al combinar riesgos electorales y de violencia, el informe señala 429 municipios en peligro. "Lo más importante no es cuántos municipios están en riesgo sino que hay riesgo", señala Claudia López, analista política, autora de algunos capítulos del libro. "El objetivo es informar, alertar y focalizar los riesgos. Se confía en que estos no se ejecuten sino que se mitiguen", añadió.
Otra de las preocupaciones de los investigadores es que no podrán votar 12.000 de los 16.000 desplazados por la violencia entre mayo y agosto. En sus nuevos lugares de residencia no inscribieron las cédulas.
Asimismo, entre mayo de 2006 y agosto de 2007, en 50 municipios se presentaron denuncias por violaciones a la libertad de prensa, siendo Valle del Cauca, Arauca, Caquetá y Chocó los más afectados.
Además, entre el 1 de enero y el 17 de septiembre, se cometieron 71 amenazas, 13 homicidios y 6 secuestros de candidatos o servidores públicos, según la MOE. Antioquia, Meta y Valle presentan la mayor proporción: 51 por ciento.
Alejandra Barrios, directora ejecutiva de la MOE, dijo que desde el 12 de octubre la entidad cuenta con 23 coordinadores regionales en 22 departamentos que vigilan el proceso electoral. "Cubrimos 232 municipios, que equivalen a 14.709.422 posibles votantes. Cuidaremos el 55,89 por ciento de la votación", anotó.
Pero, ¿qué están haciendo el gobierno nacional y las instituciones pertinentes para mitigar los riesgos que plantea la MOE?
Para Jorge Enrique Calero, director de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, "en las zonas rurales el riesgo es más alto. Existe una fuerte agresión en el sur del país. La Defensoría ha recomendado al gobierno que implemente un plan de seguridad para proteger la vida de candidatos y funcionarios amenazados. También solicitamos suspender el uso de la tinta indeleble" para evitar ataques a los ciudadanos que ejerzan el derecho al voto.
Héctor Osorio Isaza, magistrado del Consejo Nacional Electoral, comentó que en 15 departamentos el organismo constituyó tribunales de garantía electoral que determinarán en qué y cómo se están gastando la plata los candidatos. Se están filmando y se están tomando fotografías. "También autorizamos que los testigos electorales puedan filmar los resultados", agregó.
Nicolás Farfán, asistente de la Registraduría Nacional del Estado Civil, sostuvo que "el 9 de agosto recibimos de la Procuraduría General de la Nación la lista de los candidatos en donde figuran 260 inhabilitados. A pesar de que la lista se le remitió a los partidos y movimientos, 48 candidatos inhabilitados figuran en el tarjetón. Y si son elegidos se les debe iniciar un proceso disciplinario". La entidad trasladará 590 registradores a diferentes municipios.
La policía anunció que con el "Plan Democracia", 135.000 efectivos garantizarán el desarrollo de campañas y votaciones, 62.000 uniformados serán desplegados en los 9.150 puestos de votación instalados en todo el país, 2.200 protegerán las sedes políticas y 336 cuidarán a candidatos en peligro o amenazados.
Finalmente, el ex defensor del Pueblo (ombudsman) Eduardo Cifuentes comentó que "se han cancelado más de 3.000 inscripciones de cédulas. Estamos a tiempo para prevenir el fraude electoral. Pero si se presenta, las acciones penales tendrán que concretarse. El poder legítimo le pertenece al pueblo".
Con estas advertencias, lo único claro es que el 28 de octubre, 533.438 jurados de votación estarán en 80.754 mesas, donde los ciudadanos tendrán que elegir a 32 gobernadores y 418 diputados de las Asambleas Departamentales, 1.098 alcaldes, 12.030 concejales municipales y 4.949 miembros de las Juntas Administradoras Locales.
Sólo falta saber quiénes triunfarán, entre 69.478 hombres y 16.971 mujeres que se postulan a estos codiciados pero riesgosos cargos de elección popular.
